El Consejo de Garantías catalán no avala la totalidad de la ley de acompañamiento de los Presupuestos

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) no ha avalado la totalidad de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2020 al considerar inconstitucional el cambio promovido para legitimar que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se puedan personar como acusación popular en causas judiciales, y recomienda también modificar el inciso de un artículo de la ley que regula el impuesto sobre Sucesions y Donaciones.

Así lo recoge el dictamen del CGE, solicitado por Cs, días después de que el órgano sí avalara la totalidad de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que está previsto que se aprueben en un pleno telemático el 24 de abril ---el Parlament preveía votarlos a principios de marzo, pero se aplazó por la crisis por el coronavirus, y después Cs los llevó al CGE--.

El dictamen ---que sí avala el resto de artículos-- señala que el cambio para legitimar al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat como acusación popular “no cumple con las exigencias requeridas para habilitar a la Generalitat como titular para el ejercicio de la acción popular en los procesos penales” tal y como establece la ley de acompañamiento, que señala que puede ejercerla en todas las materias sobre las que tenga competencias.

En concreto, la ley señala que la Generalitat puede ejercer como acusación popular en ámbitos como el medio ambiente; la sanidad vegetal y animal; la salud pública; la ordenación del territorio; el paisaje y el urbanismo; la protección del patrimonio histórico, y la seguridad y el orden público.

Según el Consejo de Garantías, con ello se intenta legitimar “de forma general y omnicomprensiva” la administración de la Generalitat.

El Govern y los comunes habían acordado incluir esta modificación legislativa en la ley de acompañamiento para legitimar a la Generalitat y al Ayuntamiento a personarse en causas judiciales como acusación popular, después de que ambas administraciones fueran expulsadas de dos procesos por la actuación policial del 1-O.

El CGE señala que su conclusión no excluye que tanto la Generalitat como los entes locales catalanes ---así como cualquier personas afectada por el delito-- puedan acceder a “un proceso penal a través de la acusación particular”, al margen de esta acusación popular, que concluye que no cumple con los requisitos de acuerdo a la doctrina constitucional.

SUCESIONES Y DONACIONES

En cuanto a la reducción en la base imponible del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y otras transmisiones lucrativas efectuadas por entidades sin finalidad de lucro, recomienda acotar el asunto y excluir de su ámbito de aplicación las asociaciones de interés particular, teniendo en cuenta que el proyecto de ley se encuentra en una fase de tramitación parlamentaria que admite enmendarlo.

El dictamen del CGE sí valida crear un recargo sobre las tarifas del impuesto sobre las estancias turísticas en la ciudad de Barcelona --algo que Cs había pedido estudiar--, así como la modificación de la organización de los servicios jurídicos de la Generalitat.

El texto sí ve constitucional los artículos del proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público así como los de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y también la nueva redacción del proyecto de ley de organización de los servicios jurídicos de la administración de la Generalitat.