Una mujer se suicida tras recibir una carta de desalojo de su vivienda social
A las 19:15, más de un centenar de personas han guardado un minuto de silencio, roto por un aplauso emocionado, en memoria de Amparo frente a la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). La mujer, de 45 años, se quitó la vida la madrudaga del lunes al martes en el barrio madrileño de Carabanchel, tras recibir la comunicación de que debía dejar su casa de alquiler social en octubre. Vivía junto su marido, con el que tenía seis hijos. Tres de ellos, menores, vivían en la casa. También dos nietos que estaban a su cargo.
Recibió en su domilicio la carta el lunes. En ella se le informaba que el 19 de octubre se vencía el contrato de alquiler y que la EMVS había decidido “no prorrogar la vigencia del arrendamiento”. Y advertía que “si llegara la fecha indicada”, la empresa acudiría “ante los tribunales para asegurar la restitucion de la vivienda”. La fecha límite: 21 de octubre.
Amparo llegó a comentar su desesperación a gente de su entorno. Miguel Ángel Salazar, un vecino en una situación similar, trató de convencer a Amparo para que acudiera a la PAH, “pero ella ya lo daba todo por perdido”. El Ayuntamiento asegura que el marido de Amparo, José Carmona Amador, acudió el mismo lunes a una oficina de la EMVS, donde aseguró que presentaría alegaciones a la decisión de la empresa municipal. Estos son trámites administrativos que debe resolver la propia EMVS, por lo que resulta difícil que prosperen, pero que dan tiempo a las familias y pueden acabar en la vía judicial.
Según Feli Velázquez, activista de la PAH, “la humillación que sufren las personas en la EMVS es dramática”. Denuncia que “no ofrece soluciones” a la situación de aquellos y aquellas que están en riesgo de perder su hogar y que la respuesta que se da es siempre la misma: “Aunque pagues vas a ir a la calle”.
Desde el Ayuntamiento, en cambio, aseguran que el procedimiento es “negociar nuevas condiciones u ofrecer otro piso de protección más barato”. Habitualmente se encuentran en otras zonas, por lo que las familias se resisten a cambiar de piso.
Una situación precaria
La familia, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno municipal, llevaba en la vivienda desde 1989, cuando pertenecía al Consorcio de la Población Marginada. Pagaba un alquiler de 69 euros. La PAH ha difundido un listado de impagados a nombre del marido de Amparo, José Carmona Amador, que suma 971 euros. Su familia asegura que tenían el dinero para saldar la deuda. El Ayuntamiento cifra la deuda en 2.284 euros de alquileres atrasados y 1.360 de gastos de comunidad. Y niega que hubiera una reclamación judicial por este dinero. De acuerdo con su vecino, los ingresos familiares, con cinco menores en la casa, eran escasos. Carmona trabaja como vendedor ambulante de fruta tres días a la semana.
Al grito de 'No son suicidios, son asesinatos', las voces de vecinos, personas afectadas y miembros de la PAH han rechazado la forma de proceder de la empresa pública de vivienda, hasta hace unos años garante del bienestar de las personas con menos recursos.
La PAH en Madrid lleva denunciando meses que las empresas municipal y autonómica de viviendas de Madrid están desahuciando familias y que en el caso del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en marcha un proceso de privatización de la vivienda social. Cuatro furgones de la Policía Nacional han cortado la calle Palos de la Frontera, donde se ubica la sede de la EMVS. Las pancartas, en lo alto de la escalera que da entrada a la empresa publica, las sostenían activistas de la PAH que gritaban con rabia. “Desgraciadamente no es el primer suicidio, y tampoco será el último”, lamentaba Pilar con los ojos empañados.
Algunos asistentes, conmocionados, preferían no hablar. Otros denunciaban a viva voz la gravedad de lo ocurrido. Mientras sostenía el documento que la EMVS entregó a Amparo el pasado mes de agosto, una activista de la PAH repetía una y otra vez: “Esto es una vergüenza”.
Al final, otras personas en situaciones similares han contado sus casos. Jaime, con cuatro hijos, no puede pagar el alquiler que ha establecido la empresa a la que la EMVS vendió el edificio del Ensanche de Vallecas. Será desahuciado el 25 de septiembre. Pero ese será el siguiente capítulo.
