Discrepancias en la Audiencia Nacional sobre la última investigación a Podemos

El último intento por acreditar una supuesta financiación irregular de Podemos suscita relevantes objeciones en el seno de la Audiencia Nacional. La Fiscalía del tribunal especializado ha recurrido en dos ocasiones las diligencias ordenadas a la Policía por el juez Joaquín Gadea, sustituto temporal de Manuel García Castellón, al considerar que el magistrado ha puesto en marcha una investigación “prospectiva”, esto es, que no se limita a profundizar en los indicios con los que cuenta sino que lanza una suerte de red por si pudiera atrapar otros que no se ciñen al objeto del proceso, tal y como obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Gadea ordenó un informe a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a partir de la declaración del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, apodado El Pollo, quien pasa detenido sus últimos días en España a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico a gran escala. En su auto, el juez ordena una serie de diligencias que la Fiscalía considera que desbordan el objeto del procedimiento. En consecuencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ante el juez Gadea y este rechazó todas las objeciones del Ministerio Público excepto una. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha recurrido ahora a la segunda instancia, la Sala de lo Penal, según han informado a elDiario.es fuentes del caso.

En realidad, no se trata de una causa nueva sino de otra sobreseída provisionalmente en 2016 y ahora reabierta por Gadea tras las afirmaciones en sede judicial del Pollo Carvajal. Es aquí donde comienzan las objeciones jurídicas a la actuación del magistrado Joaquín Gadea, que impulsa la causa contra Podemos mientras García Castellón se encuentra convaleciente. El exjefe del servicio de Inteligencia venezolano presentó un informe sobre supuestas entregas de fondos a varios políticos, entre ellos Juan Carlos Monedero, con los que financiar la creación del partido político Podemos por parte del régimen chavista. Se trataría de supuestas entregas fechadas en el año 2008, siete años antes de que la modificación del Código Penal en 2015 incluyera el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, auténtico objeto de la causa reabierta.

Carvajal declaró ante el juez García Castellón que poseía documentación sobre las entregas a Monedero en el marco del proceso de su extradición a Estados Unidos, un procedimiento en el marco del cual no cabía abrir una investigación sobre los hechos que estaba denunciando. Alguien informó entonces al juez García Castellón de que el archivo de su propio juzgado guardaba una causa, abierta y archivada de inmediato en 2016, sobre la posible financiación irregular de Podemos.

Aquella causa retrotrae a las actividades parapoliciales en el Ministerio del Interior para hacer frente a la oposición –primero en Catalunya, después contra Podemos–puestas en marcha durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Unas maniobras que tuvieron uno de sus episodios más visibles en el denominado informe PISA (que se refiere a las siglas de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), cuyo contenido fue publicado por varios medios de comunicación justo cuando arrancaban los contactos de PSOE y Podemos para la posible formación de Gobierno. En ese informe PISA se basaba la denuncia que fue archivada por la Audiencia Nacional y que ahora ha reabierto el Juzgado Central de Instrucción número 6 para incorporar la información suministrada por Carvajal.

Manos Limpias incorporó el dosier PISA, sin firma de un funcionario ni sello de unidad alguna, a una querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en el Tribunal Supremo. El contenido del dosier, sobre la supuesta financiación de Podemos con fondos de Venezuela e Irán, fue despreciado por el Alto Tribunal. Tiempo después, un juzgado de Zaragoza se inhibió en favor de la Audiencia Nacional respecto a la denuncia de una desconocida hasta entonces Unión Cívica-Partido Político por la Paz, la Conciliación y el Progreso de España (UCESP) que, con recortes de publicaciones sobre el informe PISA, pretendía denunciar la financiación irregular de Podemos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó que se rechazara y el juez Alejandro Abascal, entonces en el Juzgado de Instrucción número 6, acordó el sobreseimiento provisional, en consonancia con lo ya resuelto por el Tribunal Supremo.

El pasado octubre, García Castellón decidió que las afirmaciones del ‘Pollo’ Carvajal afectaban a la posible financiación irregular de Podemos y pensó que ya tenía donde introducirlas: la causa por la denuncia de Unión Cívica en base a recortes del informe PISA. El magistrado dictó un auto en el que reabría la causa, la declaraba secreta y procedía a citar de nuevo en el plazo de una semana a Hugo Carvajal. Se da la circunstancia de que detrás del informe PISA se encuentran los miembros de la brigada política que están imputados por el propio García Castellón en la pieza Kitchen del caso Villarejo, según ha declarado uno de ellos en el juzgado.

Los periódicos El Mundo y El Confidencial han informado del contenido del auto dictado por el juez Gadea en el marco de la causa secreta. Según estos medios, el magistrado de refuerzo ha ordenado a la UDEF que rastree los movimientos bancarios en favor de Monedero, Carolina Bescansa y Jorge Lago, tres de los políticos implicados en la formación de Podemos. El vínculo para el traspaso de fondos serían las empresas Viu Comunicaciones y Viu Europa. Gadea, según estos medios, también solicitó a la Policía que rastree la presencia de Monedero en Venezuela en las fechas indicadas por el ex jefe de la Inteligencia militar de Hugo Chávez. Todas estas diligencias son las que la Fiscalía considera desproporcionadas por constituir una investigación prospectiva.

Los citados medios han publicado que Carvajal ha entregado a la Audiencia Nacional un documento sobre pagos de Venezuela al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), vinculado en el pasado a varios responsables de Podemos, por más de 4 millones de euros en concepto de labores de asesoría y apoyo técnico. El documento está fechado el 26 de mayo de 2008. Habría otro documento más reciente, siempre según los citados medios, fechado en 2016, para que Nicolás Maduro autorice el uso de medio millón de dólares para facilitar que la petrolera pública PDVSA participe en un congreso mundial del petróleo celebrado en Moscú y que para ello se contrate a Viu Comunicaciones, que habría actuado como empresa pantalla para financiar a Podemos, según el ‘Pollo’ Carvajal.

Según ha podido saber elDiario.es, la única objeción a su auto que Gadea aceptó tras el primer recurso de la Fiscalía fue la orden de dar traslado a Cooperación Internacional del Ministerio Público para trasladar información de terceros países, ante las informaciones facilitadas por el Pollo Carvajal que afectaban a estos. El fiscal Carballo alegaba que no se pueden realizar gestiones a nivel internacional de una causa secreta, extremo éste que el juez de refuerzo aceptó. Sin embargo, rechazó que su investigación fuera prospectiva y que excediera el objeto del procedimiento, lo que ha motivado el recurso presentado ante la Sala por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado jueves.

Investigación preliminar a Monedero en Anticorrupción

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha interesado por la causa reabierta en la Audiencia Nacional a raíz de la declaración de Hugo Carvajal. La Fiscalía especializada mantiene abiertas desde hace meses unas diligencias de investigación que afectan a un posible delito de blanqueo de capitales cometido presuntamente por Monedero, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Para acusar de blanqueo de capitales es necesario acreditar la actividad ilícita de la que procede ese dinero y eso es en lo que se centran actualmente las citadas diligencias de investigación.

Anticorrupción inicia este tipo de investigación preliminar previa a la presentación de la querella o al archivo de las diligencias si no permiten reunir los indicios suficientes para presentar una querella ante el juzgado. En los últimos días, los fiscales Anticorrupción Juan Pavía y Ana Cuenca han acudido al Juzgado Central de Instrucción número 6 para reunirse con Joaquín Gadea e intercambiar información.