Duterte niega estar detrás de la detención de la periodista Maria Ressa

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha negado estar detrás de la detención de la periodista María Ressa, directora del medio Rappler y una de las mayores críticas de su Administración, acusada de difamación cibernética.

“Realmente no sé nada. Estuve fuera todo el día”, señaló anoche el mandatario en un acto de campaña de las elecciones legislativas de mayo en la provincia de Bulacan, al norte de Manila, según recogen hoy medios locales.

El presidente dijo no estar al corriente de los detalles sobre el arresto de la periodista -nombrada persona del año en 2018 por la revista Time- y que debía informarse bien antes de opinar.

Ressa salió este jueves en libertad tras pagar una fianza de unos 1.900 dólares (1.700 euros) después de ser detenida el día anterior en la redacción de Rappler debido a un controvertido caso de difamación cibernética por un artículo publicado en ese medio en 2012 sobre el empresario Wilfredo Keng.

La veterana periodista, que también fue acusada en noviembre de evasión de impuestos, asegura que el Gobierno está detrás de todos los casos contra ella y ha denunciado abiertamente una “persecución política y judicial” por parte de Duterte.

“El mensaje es claro. Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma”, aseguró ayer tras quedar en libertad bajo fianza.

Rappler, medio digital nacido en 2010 y convertido hoy en uno de los más influyentes de Filipinas, ha destapado varios escándalos que atañen al Gobierno de Duterte y fue pionero en denunciar los abusos de su polémica guerra contra las drogas.

El mandatario no ha ocultado su animadversión hacia la prensa, y en particular hacia Rappler, al que ha acusado de estar financiado por la CIA, además de tratar de revocar su licencia y negar el acceso al palacio presidencial a sus periodistas.

El caso que enfrenta ahora Ressa tiene que ver con una demanda por difamación cibernética interpuesta por Wilfredo Keng en 2017, cinco años después de que Rappler publicara un reportaje en el que se le relacionaba con el tráfico de drogas y personas, y con Duterte ya en la presidencia del país.

La División de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación desestimó el caso en febrero de 2018 porque ya había pasado el plazo de un año para presentar una demanda por difamación, pero el Departamento de Justicia lo reabrió sobre la base de la “publicación continua”, ya que el reportaje seguía en la red.

Los cargos contra Ressa se sustentan sobre la Ley de Delitos Cibernéticos, que entró en vigor cuatro meses después de la publicación del artículo sin carácter retroactivo, por lo que los abogados de Rappler alegan irregularidades.