Dieciocho ejemplos de la falta de compromiso de España en la lucha contra la corrupción

España no cumple con ninguna de las once recomendaciones que el Consejo de Europa le ha trasladado para luchar contra la corrupción en el Parlamento, la judicatura y la Fiscalía. Esta semana ha transcendido un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO, en sus siglas en inglés) en el que queda patente que las autoridades españolas tan solo han implementado siete de las once sugerencias de Europa y que, además, las ha puesto en práctica de forma parcial.

Para el GRECO, el nivel del cumplimiento de las autoridades españolas es “globalmente insatisfactorio”. A continuación, dieciocho ejemplos que ilustran la falta de compromiso de España en la lucha contra la corrupción.

Reuniones opacas con lobbies

El GRECO ha pedido a España que regule con mayor profundidad la relación entre diputados y lobbies, un aspecto que tocó tangencialmente el año pasado: se modificó el reglamento del Congreso para crear un registro de “carácter obligatorio” en el que deben inscribirse los representantes de los grupos de interés. Para Europa, esta iniciativa, impulsada por el PP, es insuficiente. Permite, por ejemplo, que una farmacéutica pague a un grupo de parlamentarios de PP, Ciudadanos y PNV una visita a su fábrica en Dublín.

De hecho, el mismo PP continuó reuniéndose con grupos de interés después de la aprobación de la reforma del reglamento, incluso con un conocido lobby de la homeopatía, un reunión de la cual no quiso dar detalles porque tenía un carácter “interno”. No es una práctica extraña: el Parlamento vetó en julio a los medios de comunicación en la planta donde se reunieron representantes de algunos grupos con empresarios del lobby CEDE, uno de los principales grupos de interés.

Patrimonio sin declarar 

Europa considera que el Parlamento ha hecho un esfuerzo por aumentar la transparencia de su página web en cuanto a las actividades que hacen los diputados. Pero pide más, especialmente en lo relativo a las declaraciones de bienes, e incluso plantea que se incluya la información de los cónyuges y del resto de familiares que dependan económicamente de los parlamentarios. También solicita que estos declararen los nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, así como el valor de mercado de sus propiedades y vehículos.

Las declaraciones de bienes son un tema espinoso, no exento de polémicas por las dificultades de las cámaras para verificar que la información otorgada por los diputados es cierta. Francisco Granados, exsenador del PP, fue capaz de ocultar una cuenta en Suiza en la que llegó a acumular 1,5 millones de euros. Una compañera de partido, la diputada Carmen Álvarez-Arenas, multiplicó sus negocios en República Dominicana sin declararlos al Congreso. La exparlamentaria dimitió después de que eldiario.es revelara sus negocios.

Viajes, regalos y comisiones

La autoridad europea también critica que el Parlamento no haya modernizado su reglamento para incluir propuestas anticorrupción del GRECO, a pesar de que ha habido algunas iniciativas y de que varios grupos incluyen en sus programas estas medidas. En concreto, Europa pide desarrollar y adoptar un código de conducta para las dos cámaras, incluyendo aspectos como los conflictos de interés, los regalos, las actividades complementarias y los intereses financieros.

El Congreso y el Senado tienen en sus sedes agencias de viajes para que los parlamentarios gestionen sus desplazamientos, que pagan las Cámaras –tres millones y medio de euros entre enero y septiembre de 2017. Los parlamentarios justifican los desplazamientos ante las direcciones de sus grupos y algunos hacen públicos estos viajes, como el PSOE. Aunque la Cámara no exige esta información y ella solo pública los gastos globales de los 350 diputados. 

Uno de los casos más sonados de despilfarro de dinero público en viajes privados fue el del senador del PP José Antonio Monago, que realizó una treintena de vuelos a Canarias para visitar a una amiga suya. 

Otro aspecto que regularía el código de conducta es qué obsequios pueden recibir los parlamentarios, como los viajes patrocinados. Las vacaciones en Punta Cana del exdiputado José Manuel Soria, invitado por un hotelero con licencia ilegal en Canarias, es uno de los mejores ejemplos de conflicto de interés: por aquel entonces, Soria era ministro de Industria, Energía y Turismo. Estuvo en la República Dominicana junto al también exministro José Ignacio Wert. Soria, que perdió una demanda con eldiario.es, dijo que pagó 70€ por noche en una suite presidencial que cuesta más de 1.300€.

Otro ejemplo de conflicto de interés es el caso del exembajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que actuaban como comisionistas a cambio de trabajos de intermediación para empresas en el exterior (como Argelia o Panamá). El también exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte cobró de las consultoras de Gómez de la Serna y De Arístegui como trabajos personales a través de su sociedad y, a parte, recibió abonos en un año por valor de 3,5 millones de euros siendo diputado.

Jueces afines al PP... que juzgan al PP

Para Europa, la prevención de la corrupción en el ámbito judicial tiene una valoración semejante a la del Parlamento. El GRECO ve positivo que España quiera cambiar la designación y funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean los jueces, y no los partidos, quienes escogen a los magistrados. Europa cree que “las autoridades políticas no deben participar en la selección” porque así se “aumenta la confianza del público en el sistema judicial”. 

Sin embargo, lamenta que España no haya cambiado la legislación de este órgano judicial para prevenir las influencias externas y “remediar las deficiencias identificadas”.  También pide cambios en el criterio de selección de los jueces del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, para garantizar que “estos nombramientos no arrojan dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso”. 

Lo cierto es que la confianza en el sistema se ha visto mermada en los últimos años por la “suerte” que ha tenido el PP con aquellos encargados de investigar sus casos de corrupción. Enrique López y Concepción Espejel fueron apartados de los juicios de la Gürtel por su cercanía al PP, pero el primero ha acabado en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y Espejel –“querida Concha”, como le llama le ministra María Dolores de Cospedal– es ahora la presidenta de la Sala de lo Penal. 

Después de ascender, Espejel promovió un cambio en las normas de formación de los tribunales, dejando fuera del juicio de la caja B a Julio de Diego, uno de los jueces que votó a favor de que Mariano Rajoy declarara como testigo en el primer gran juicio de Gürtel. Uno de los jueces que han aterrizado en ese tribunal como consecuencia de los cambios de última hora es Juan Pablo González, a quien las acusaciones populares han recusado por considerar que el PP ha dado un “impulso decisivo” a su trayectoria profesional. El nuevo tribunal que juzgará la caja B de los populares tendrá como ponente a González, esto es, será el encargado de redactar esta sentencia y las de otras piezas del caso Gürtel.

El GRECO también pide un código de conducta para los jueces, que regule aspectos como los conflictos de intereses. Para Europa, esta medida está “parcialmente adoptada”, si bien es cierto que en 2016 se aprobó dicho código y que está prevista la creación de una Comisión de Ética Judicial. Aun así, el GRECO pide más esfuerzos para regular los aspectos éticos de jueces y magistrados. La historia de Carlos Dívar –el presidente del Supremo, de la Audiencia y del CGPJ que tuvo que abandonar su puesto por cargar lujosos fines de semana al erario público– aún sigue en la memoria de muchos españoles.

“Esto la Fiscalía te lo afina”

En cuanto a la Fiscalía, Europa recuerda a España que debe mejorar en la autonomía de esta institución, en la transparencia en sus comunicaciones con el Gobierno y en dotarle de una mayor autonomía financiera. España ha defendido que “no es posible que el Gobierno dicte órdenes o recomendaciones sobre un caso particular al fiscal general” y que el Ejecutivo “puede simplemente solicitar el inicio de un procedimiento, pero nunca intervenir en una investigación en curso”.

Estas afirmaciones son, cuando menos, cuestionables, teniendo en cuenta las polémicas en las que la Fiscalía se ha visto envuelta en los últimos años. Unas polémicas avivadas en pleno procés independentista, cuando la Fiscalía tituló el archivo del comunicado de las querellas contra Carles Puigdemont y Carme Forcadell con un “Más dura será la caída”.

Aunque más famosa fue la frase de “Esto la Fiscalía te lo afina”. La pronunció el exministro del Interior y exdiputado del PP, Jorge Fernández Díaz, cuando charlaba con el antiguo director de la Oficina Antifraude de Catalunya. Su intención era utilizar la Fiscalía para acelerar la publicación de un supuesto caso de prevaricación en el que estaría involucrado CiU. Fernández Díaz trató de fabricar escándalos contra partidos y cargos independentistas junto a Daniel de Alfonso en las vísperas del proceso participativo del 9-N y acabó siendo reprobado.

Reprobaciones y sociedades en Panamá

El mismo destino tuvieron el exfiscal general José Manuel Maza, el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix y el ministro de Justicia Rafael Catalá. Todos reprobados por el Congreso el mismo día. Las dudas que se generaron en torno al papel de los dos fiscales y del ministro en la lucha contra la corrupción de los casos que afectan al PP fue fundamental. El detonante fue el caso Lezo, que dejó en la picota al exfiscal jefe Anticorrupción y al exfiscal general por nombrarlo.

Por un lado, se censuró la decisión de Maza de designar a Moix al frente de Anticorrupción a pesar de su polémica trayectoria y de que conocía las escuchas en las que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aboga por colocarlo en ese puesto para solucionar sus problemas judiciales. Por otro lado, los movimientos de Moix como fiscal podrían haber trabado la operación Lezo.

Moix acabó dimitiendo por tener una sociedad radicada en Panamá, un aspecto que estaría regulado en un código de conductas para fiscales, que Europa también reclama a España. El exfiscal Anticorrupción no disolvió la sociedad para ahorrarse casi 90.000 euros en impuestos y consiguió ocultar al órgano que regula las incompatibilidades en la fiscalía su participación en la sociedad panameña.

Por su parte, la oposición pidió la dimisión del ministro Rafael Catalá desde que se hizo público un mensaje de apoyo a González en el que decía: “Ojalá se cierren pronto los líos”. El mensaje se conoció ya que Ignacio González tenía el teléfono pinchado por las actuaciones de la Guardia Civil dentro del caso Lezo. 

Gracias a las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil también salieron a la luz las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana hablando sobre colocar a jueces y fiscales afines para resolver sus problemas con la justicia. Estas charlas son uno de los mejores ejemplos de las carencias de España en cuanto a separación de poderes y lucha contra la corrupción.