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Una asociación de Fiscales avisó al Fiscal General de que Moix aparecía en unas escuchas para aplazar su designación

La Unión Progresista de Fiscales hizo llegar al Fiscal General que Ignacio González había contado en unos pinchazos telefónicos que el nombramiento de Moix para Anticorrupción resolvería sus problemas judiciales

La asociación de fiscales alertó a la máxima autoridad de la carrera de que el levantamiento del secreto dejaría a Moix en una situación insostenible

Pese a las advertencias y las polémicas protagonizadas por el antiguo fiscal jefe de Madrid, José Manuel Maza acabó confiándole el mando de la unidad especializada 

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá (derecha), junto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EFE

Sucedió durante los días previos a la designación de las jefaturas de la Fiscalía, el pasado febrero. En la carrera estaba cantado que uno de los favoritos para ocupar el mando de la unidad especial de Anticorrupción era Manuel Moix, un fiscal controvertido que acumulaba en su hoja de servicios muchas decisiones polémicas durante su etapa al frente de la Fiscalía de Madrid. Suyas habían sido las decisiones de no llevar a juicio a la presidenta del PP madrileño por su incidente con unos agentes de movilidad a los que desobedeció y derribó la moto y también su insistencia en el archivo del caso de los espías en la Comunidad que también involucraba a altos cargos del PP regional y que finalmente llegará a juicio en los próximos meses.

Pero el runrún que había empezado a correr por la fiscalía aquellos días de febrero en torno a Moix era mucho más grave. Varios de los miembros del ministerio público aludían a una conversación grabada por agentes de la Guardia Civil con autorización judicial a dos dirigentes políticos inmersos en un caso de corrupción que se estaba investigando y por entonces figuraba secreto. Se trataba de la Operación Lezo, en la que ha acabado detenido el expresidente madrileño Ignacio González y los que intervenían en la conversación eran precisamente González y el exministro de los Gobiernos de José María Aznar y antiguo presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana. 

Según las fuentes consultadas, durante una de las conversaciones que mantuvieron esos dos amigos a finales de 2016 en un tono de camaradería, González se lamenta el trato que está recibiendo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que recrimina haber pedido su imputación en el caso de su ático en Estepona, que él mantiene haber comprado pero que según los investigadores responde se trata de una comisión como pago a la recalificación inmobiliaria que benefició a la antigua promotora Martinsa en el municipio de Arganda.

En esa charla distendida, sin saber que están siendo grabados, el expresidente madrileño se muestra esperanzado ante  un cambio de jefatura en Anticorrupción y da a entender que si finalmente el elegido es Manuel Moix, el exfiscal jefe de Madrid, su suerte puede en los juzgados cambiar. El contenido de esa grabación que figura en poder de la Guardia Civil era conocido el pasado febrero por varios miembros del ministerio público.

Y fue la Unión Progresista de Fiscales la que le hizo llegar por un cauce no oficial al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el rumor sobre la existencia de las escuchas de González sobre Moix, al tiempo que le alertaba de que esas grabaciones iban a acabar suponiendo un problema para la fiscalía cuando saliesen a la luz con el  levantamiento del secreto de sumario.

Los miembros de la Asociación de Fiscales, más conservadora y numerosa, sí decidieron apoyar el nombramiento de Moix en el consejo. A cambio lograron que su portavoz, Jesús Alonso fuese colocado como fiscal de la Audiencia Nacional.  

Maza, un magistrado al que el Consejo de Ministros había aupado a la cima del ministerio público el 22 de febrero decidió designar a Moix para Anticorrupción. La UPF, que no llegó a hacer públicas sus advertencias durante aquellos días, se limitó a responder con un frío comunicado en el que advertía que la llegada de Moix a Anticorrupción, así como otros de los nombramientos efectuados, " solo pueden explicarse desde un interés eminentemente políticos e ideológico".

Tal y como pronosticaba González en aquellas escuchas, la primera decisión de Moix ante una gran causa de corrupción fue intentar frenar el pasado martes algunos de los registros de la Guardia Civil en la Operación  Lezo, en la que fue arrestado el presidente madrileño junto a otras 11 personas. Se lo impidió una rebelión de la junta de fiscales de Anticorrupción que el lunes hicieron valer su autonomía para seguir adelante con el calendario de actuaciones fijado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que instruye el sumario.

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