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El PP continúa reuniéndose con 'lobbies' de forma discreta mientras impulsa una ley para su regulación

Diputados del PP reunidos con miembros de la Asamblea Nacional de Homeopatía

Carmen Moraga

El PP quiere regular los lobbies para que sus actividades y su relación con los diputados sean “transparentes”. Con este fin, a mediados de marzo presentó una proposición de ley para reformar el Reglamento del Congreso, que fue aprobada por el Pleno y que ahora está en trámite de enmiendas. Pero mientras tanto, no predica con el ejemplo. En los últimos meses varios, diputados del PP han mantenido reuniones con algunos de estos grupos de interés sin anunciarlas previamente ni dar apenas detalles sobre su contenido.

La reunión más reciente fue el 12 de julio con una delegación de la Confederación de Directivos y Ejecutivos (CEDE), uno de los lobbies empresariales más importantes de España en los que sus miembros ofrecen sus soluciones a los diputados en asuntos como las pensiones, la fiscalidad o la educación. El almuerzo se celebró en uno de los Comedores de Gala del Congreso y a él asistieron diputados de varios grupos y la propia presidenta de la Cámara, Ana Pastor, del PP.

Sin embargo, tal y como informó eldiario.es, la Cámara se negó a dar detalles de este encuentro alegando que era un acto “privado”, así que no se sabe quién lo promovió, su coste, los asistentes o las conclusiones del mismo.

Es más, durante su desarrollo, los ujieres del Congreso 'invitaban' a los periodistas curiosos a alejarse de la planta donde se celebraba la comida, que se repite anualmente, sin difusión y de forma opaca, desde hace casi dos décadas. En concreto, desde 1998, aunque no aparece ni en la agenda de CEDE ni en la del Parlamento.

No es la primera vez que hay opacidad en este tipo de reuniones. El pasado 26 de abril, saltó a la luz que los diputados del área de Sanidad del PP estaban manteniendo un encuentro con representantes de la Asamblea Nacional de Homeopatía, un conocido grupo de presión de esta pseudociencia, justo en plena polémica sobre su eficacia.

A media mañana el grupo parlamentario popular se limitó a subir una foto a Twitter anunciado que su portavoz de Sanidad, Teresa Angulo, y otros tres diputados del área, Bienvenido de Arriba, MªCarmen Hernández e Isabel Cabezas, se encontraban reunidos con varios miembros de esta Asamblea.

Tras un primer intento para recabar información sobre dicha reunión, fuentes del grupo popular aseguraron que era una “reunión interna” y que no había planeada “cobertura informativa”. Más tarde, al ver el interés de algunos medios, accedieron a ofrecer algún detalle sobre el encuentro.

El PP “abandera” el debate de la regulación de los lobbies

A pesar de toda esta opacidad, los conservadores presumen de que gracias a ellos va a salir adelante la primera iniciativa para regular estos grupos de interés. Todos los anteriores intentos, y han sido múltiples en el Congreso, han naufragado.

El debate de la proposición de ley del PP para la reforma del Reglamento del Congreso en donde se sienten las bases de funcionamiento para estos lobbies  tuvo lugar el 29 de junio.

La diputada del PP, María Jesús Bonilla, que fue la encargada de defender la posición de su grupo, justificó la iniciativa basándose en la “necesidad de aumentar la transparencia y la ética en nuestro parlamentarismo”. “Los españoles tienen derecho a esperar que este proceso de regulación de los lobbies sea transparente y a que tenga lugar dentro del estricto cumplimiento de la ley, basados en unos principios éticos claros y de obligado respeto”, manifestó Bonilla.

La propuesta popular, que se encuentra ahora en fase de enmiendas parciales, explica que se considera ‘grupo de interés’ “a aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros”.

En ella se plantea “la creación de un Registro Público de carácter obligatorio en el que deban inscribirse los representantes de los grupos de interés”; “el establecimiento de un Código de Conducta al que deben someterse con plena publicidad y transparencia sus actividades en la Cámara”; y se propone que se establezca “un órgano encargado de la supervisión del Registro, que se encomienda a la Presidencia del Congreso de los Diputados con apoyo de la Secretaría General”.

Unidos Podemos consideró que el texto del PP adolecía de muchas lagunas, entre otras, que no se hacía extensivo al poder Ejecutivo –al ser una modificación del reglamento del Congreso, no afecta al Gobierno–. Los de Pablo Iglesias presentaron una enmienda a la totalidad al texto del PP que defendió la diputada del grupo confederal, Gloria Elizo.

Entre otras cosas, Elizo explicó que ellos habían añadido “medidas de inclusión democrática y transparencia, como la audiencia ciudadana”, también “la publicidad de las agendas de trabajo de los diputados y diputadas” de estos encuentros,  o “la creación de un informe de huella legislativa que muestre con claridad las transformaciones que ha ido sufriendo una normativa durante todo el proceso legislativo”.

También señaló que su grupo había “ampliado la información que los grupos de interés deberían aportar a ese registro”, como “el presupuesto con el que cuenta para realizar sus funciones o la cantidad de personas que trabajan para alcanzar determinados fines”.

Sobre el Código de Conducta, los de Iglesias defendieron que tenga “carácter vinculante”, en contraposición con lo que plantea la propuesta del  PP, que no existe una obligatoriedad en su cumplimiento ni controla a quien no lo cumple.

A Unidos Podemos tampoco le gusta que la  regulación y control de la actividad de los grupos de interés corran a cargo de la Presidencia del Congreso con el apoyo del secretario general. “Nosotros proponemos crear la figura de un comisionado del registro común; proponemos esta figura como órgano independiente de cualquier línea política para que garantice la participación de una forma ordenada y transparente en la Cámara”, mantuvo Elizo durante el debate.

Sin embargo, la diputada del PP lo dejó muy claro: “Compartimos que es esencial que regulemos la vinculación de la sociedad civil, vía grupos de interés, con los parlamentarios pero estamos hablando hoy de los parlamentarios, no del resto de las administraciones públicas”.

“Señorías, nos lo piden los ciudadanos. Tenemos un gran país y yo creo hoy que le debemos este esfuerzo de consenso para hacer más y mejor democracia en este Parlamento; se lo debemos a los españoles y se lo debemos a España”, finalizó Bonilla.

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