Familia de Déborah llevará a los juzgado “errores imperdonables” de investigación

Vigo, 29 jul (EFE).- Los familiares de Déborah Fernández, la joven desaparecida en Vigo en 2002 cuando salió a hacer deporte y fue hallada diez días más tarde muerta en una cuneta, llevarán a los juzgados a los funcionarios que incurrieron en “errores imperdonables” en la investigación del caso.

Así lo han anunciado sus abogados, Ramón e Ignacio Amoedo, en una rueda de prensa en la que han presentado por videoconferencia a Óscar Tarruella, experto en homicidios y muertes violentas que se encargará de una investigación paralela a la policial, que han puesto en entredicho.

También han advertido de que aunque el delito de homicidio que se investiga en la causa llegue a prescribir, no cejarán en su empeño de que “se haga justicia” y de “conocer la verdad”, para que “la sociedad viguesa sepa quién es quién”.

Óscar Tarruella ha avanzado que en la investigación pericial-criminal que encabezará promoverá una serie de pruebas, entre ellas la exhumación y la toma de nuevas muestras del cadáver de Déborah, una radiografía completa del cuerpo y una revisión de su dentadura, así como la petición de una serie de pruebas hasta ahora denegadas.

Justo hoy han recibido la comunicación del juzgado de Tui que lleva el caso de que les será entregado un disco duro del ordenador de la chica que la familia le dio a la Policía en 2016.

Los abogados de la familia Fernández Cervera, que también han estado presentes en la rueda de prensa, han enumerado los múltiples errores, omisiones, dilaciones y denegaciones de testimonios y pruebas solicitadas que a su juicio se han producido a lo largo de estos 18 años.

Errores que, según denuncian, atañen a los interrogatorios, a las tomas de muestras biológicas, a las conclusiones de la autopsia, o a la tardanza en realizar pruebas específicas como el análisis del disco duro del ordenador de la chica o del tráfico de llamadas de su móvil, que, aseguran, desapareció en comisaría.

Solo han salvado de sus críticas al equipo policial que en 2010 pidió por primera vez una serie de pruebas, como el análisis del coche de la expareja de Déborah, en el que “no se halló ni un pelo, ni un resto biológico ni una fibra”, así como nuevos interrogatorios y muestras de ADN.

Ese mismo equipo solicitó un perfil psicológico de esta persona en un informe “contundente” que remitió a los juzgados de Tui, que archivó la causa el mismo día que lo recibió.

En esa sucesión de “errores” han aludido al hecho de que la expareja de Déborah -“o pareja -por entonces-, según a quién se pregunte”, han matizado-, no compareció en el juzgado pese a ser llamado como testigo porque viajó a Argentina por motivos laborales y ya no volvió a ser citado.

También han recalcado que un agente policial, al que piden interrogar, inspeccionó el coche de la expareja de la chica porque desprendía un olor nauseabundo en la zona del maletero, pero que dio por buena la versión del chico de que se había dejado dentro una caja de langostinos y no se revisó en profundidad.

A ese mismo agente, según han contado, atribuyó en su día el principal sospechoso, que nunca ha llegado a estar formalmente investigado, una revelación sobre detalles del estado del cadáver de Déborah cuando fue hallado en una cuneta en O Rosal.

Por lo demás, los abogados han censurado que en los interrogatorios iniciales la Policía insistiera en preguntar si jugaba a juegos de rol, si fumaba porros o si se relacionaba con hombres casados, y que aún hoy sigan cotejando pruebas de ADN con los restos de semen de un condón hallado junto al cadáver.

No tienen ninguna duda de que se trata de un homicidio, cuando no asesinato, en el caso de que se demostrara que hubo premeditación; como tampoco dudan de que la persona o personas que lo ocultaron diez días organizaron un “montaje” con una serie de pruebas falsas para despistar a los investigadores.

Tampoco entienden cómo los forenses, aparte de la muerte por sofocación, apunten también como posible hipótesis la muerte súbita, cuando Déborah no tenía antecedentes familiares ni patología alguna en el corazón, lo que rebaja las probabilidades a un 0,001%.

Preguntados por una supuesta intencionalidad inferida de su relato de los hechos, Ramón Amoedo ha destacado que si se tratara de “uno o dos errores” por parte de “una o dos personas, se podría pensar que nos tocaron los más tontos...”, pero no cree que sea el caso.

De todos modos, ha evitado hacer “elucubraciones” y ha dicho que ni se le pasa por la cabeza “pensar que alguien haya conseguido paralizar la actuación policial y judicial todo este tiempo”, que no tiene “ni idea” de lo que pasó, y que solo espera “que algún día se sepa”. EFE

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