El fantasma de la caja B vuelve a amenazar al PP con la reapertura del caso de los discos duros
La financiación irregular del Partido Popular, el caso de corrupción que afecta de lleno a la dirección nacional de la formación, vuelve a la actualidad por vía judicial. Cuando el asunto de la caja B parecía tomarse un respiro hasta el señalamiento de fecha para el juicio, la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir el caso de la presunta obstaculización de la investigación de la caja B que dirigió Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.
A las 10:00 horas de este miércoles, Luis Bárcenas encarnará de nuevo la amenaza para los intereses de Mariano Rajoy. A esa hora ha sido citado por la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, para que de su versión sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que él utilizó siendo tesorero del PP.
Si Bárcenas mantiene sus acusaciones, defenderá que el partido destruyó información que le pertenecía y que además era relevante para explicar la financiación irregular de los últimos veinte años del partido que intenta gobernar España.
En la misma mañana prestarán declaración, también como testigos, el abogado del Partido Popular, Alberto Durán; la que fuera secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez; y el cuñado del tesorero y exjefe de seguridad de la sede nacional del PP, Antonio de la Fuente.
El jueves declarará la gerente del partido en la actualidad y en el momento de los hechos, Carmen Navarro, en calidad de investigada, la figura que ha sustituido a la de imputado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el auto de citación, el PP aparece como querellado.
Admitida a trámite como está la querella presentada en su momento por Izquierda Unida y otras organizaciones -a la que se adhirió UPyD y Observatori Desc-, la situación de querellado del PP equivale igualmente a la de imputado, el primero de los partidos en esa situación en la historia española, tras la reforma que permite pedir responsabilidades penales a una formación política.
De nuevo, la acusación popular ha resultado determinante para que se intenten esclarecer los posibles delitos, en este caso encubrimiento y daños informáticos. La Fiscalía se sumó al Partido Popular en contra de los recursos de las citadas organizaciones cuando la anterior jueza del 32, Esperanza Collazos, decidió archivar la querella sin ni siquiera investigar.
Pero el pasado 15 de enero, la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid estimó los citados recursos, al tiempo que zarandeaba la actuación de la jueza Collazos, a la que acusaba de haber cerrado el caso “sin practicar diligencia de investigación alguna sobre los hechos”.
Los hechos se remontan a febrero de 2013. El día 13 de ese mes, Bárcenas requirió por burofax a la gerente del PP, Carmen Navarro, la devolución de varias de sus pertenencias, entre ellas dos ordenadores que había usado como tesorero del partido. Ante la negativa del PP a satisfacer su demanda, Bárcenas se presentó en una comisaría de Madrid para denunciar al partido por robo.
En ese momento, la Fiscalía había abierto ya diligencias tras la publicación de los denominados papeles de Bárcenas en El País, pero el caso no había llegado a la Audiencia Nacional. Bárcenas todavía mantenía en público que no había ninguna caja B en el PP.
Finalmente, Ruz abrió diligencias, al tiempo que Javier Gómez Bermúdez admitía a trámite la querella de IU por los papeles de Bárcenas. La Sala de lo Penal decidió que el caso debía ser instruido por el mismo juez que investigaba el caso Gürtel y el 15 de julio se produjo el hecho más relevante de toda la instrucción: Bárcenas detallaba durante horas ante el juez Pablo Ruz el sistema de financiación irregular del PP en las últimas dos décadas. El extesorero entregó un 'pen drive' al instructor de la causa y le dijo a Ruz que esa información está también en los ordenadores que el PP no le entrega.
Seis días después del ingreso en prisión
El juez pidió al PP los ordenadores y este se los entregó, pero con una nota del abogado del partido, Alberto Durán, quien mañana declara como testigo. El letrado aseguraba que el disco duro del ordenador Apple fue sustituido en octubre de 2012 y que ese nuevo fue destruido para que otra persona lo utilizara. Respecto al segundo ordenador, un Toshiba, se limitaba a afirmar que es imposible sacar información de él en un 'pen drive' porque no cuenta con puerto USB. Nada dice del disco duro.
El análisis de los expertos determinó que el Apple fue formateado el 3 de julio de 2013, seis días después de que Bárcenas ingresara en prisión, y que no había indicio alguno de que hubiera sido después utilizado por alguien.
“Se han producido actos de destrucción de distintos elementos probatorios, en especial los archivos contenidos, por lo menos, en un ordenador utilizado por Luis Bárcenas, así como las agendas de los extesoreros del partido, incluso otros de ocultación de pruebas, que podrían tener una incidencia determinante en el conocimiento de una estructura de financiación ilícita y opaca a un partido político por parte de empresarios contratantes de la Administración pública”, recoge la querella de IU.
Y añade: “No cabe duda del conocimiento que tenían los responsables del Partido Popular, y desde luego su actual gerente y tesorera, de la investigación que se estaba desarrollando en la Audiencia Nacional”. A la tesorera, además, la señala como responsable de custodiar las agendas destruidas de las secretarias y donde debían haber sido anotadas las visitas de los empresarios donantes del PP a la sede de Génova.
