Félix Pantoja: “Que exista trabajo digno y con derechos es fundamental para reducir la siniestralidad laboral”

Félix Pantoja (Madrid, 1950) apura sus últimos días al frente de la fiscalía especializada en siniestralidad laboral, donde ha coordinado durante los dos últimos años la actuación del Ministerio Público en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este será su último destino tras más de cuatro décadas dedicado al mundo del derecho. Se jubila el próximo 23 de diciembre. Pantoja recibe a elDiario.es en su despacho, ya parcialmente despejado de libros y papeles. De una de las paredes todavía cuelga una reproducción de la icónica fotografía en la que varios obreros que estaban construyendo uno de los rascacielos del Rockefeller Center de Nueva York en los años treinta del siglo pasado aparecen almorzando sobre una viga sin ningún tipo de sujeción. 

La seguridad en el trabajo y la búsqueda de vías para paliar la situación de las personas que han sufrido accidentes laborales han centrado los esfuerzos de su última etapa profesional. Solo el año pasado murieron 705 personas en accidentes laborales. En el primer semestre de 2022 los fallecidos fueron 394, sesenta más que en el mismo periodo del año anterior. Su proyecto más reciente es la actualización de un convenio entre jueces, fiscales y tres ministerios que establece “mecanismos de cooperación” para obtener investigaciones más rápidas tras estos sucesos. Un protocolo que espera que no se quede en “papel mojado” y que contribuya a agilizar estos procedimientos. En la actualidad, las víctimas tienen que esperar una media de cinco años para obtener una sentencia en primera instancia, lo que considera “una barbaridad”. 

Cada día dos personas van al trabajo en España y pierden la vida por el camino o durante su jornada. ¿Qué está fallando?

Fallan varias cosas. Por un lado, el aspecto sociológico, la falta de conciencia social. Parece que los accidentes de trabajo son inevitables y no se toma conciencia de que son acontecimientos que causan mucho dolor y un grave problema social, pero también económico para las familias e incluso para las empresas. Y, por otro lado, lo fundamental para que estos accidentes no sean inevitables es que haya formación y seguridad. Pero cuando el trabajo es precario, cuando no existe estabilidad, la formación no se da o no se da adecuadamente. Que exista trabajo digno y con derechos es fundamental.

Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, las víctimas tienen que esperar una media de cinco años para obtener una sentencia en primera instancia. ¿Es aceptable?

No. Eso es una barbaridad. Y es algo que pretendemos mejorar con el protocolo firmado por la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo, que espero que no se quede en papel mojado. Uno de sus objetivos es protocolizar la intervención de todos los agentes que intervienen en esta materia. Ver qué tiene que hacer cada uno y cómo tienen que coordinarse. Aunque parezca increíble, a veces hay problemas de coordinación e incluso celos profesionales que en ocasiones dificultan la prueba. La acusación tiene que saber exactamente qué ha pasado para saber a quién imputar esa imprudencia. Ha habido casos de accidentes en la construcción en los que era absolutamente determinante conocer si era un problema de cálculo de estructura mal hecho, de cimentación, de materiales, de imprudencia al manejar las máquinas… Pero si no puedes determinar con detalle lo que ha sido, no puedes decir quién ha sido el responsable de que eso ocurriera. 

Por ejemplo, ahora estamos viendo con mucha frecuencia accidentes de tráfico que son realmente accidentes de trabajo de autónomos o trabajadores del sector de la mensajería. Hay un grave problema porque desde la base logística hasta la entrega de la mercancía se establecen unos plazos muy cortos y el trabajador tiene que correr. Pues lo que pretendemos es que la Guardia Civil no solamente haga el atestado mirando al accidente de seguridad vial, sino mirando que ahí puede haber un accidente de trabajo porque ocurre con ocasión y en el centro de trabajo, que es el vehículo. 

Los sindicatos CCOO y UGT han considerado “inaceptable” que no se haya contado con la participación de los agentes sociales en la elaboración de ese convenio. 

Lo sé. Pero ya les dijimos que todo tiene sus pasos y que es un protocolo de las instituciones públicas: la policía, que tiene que hacer el atestado; la Inspección del Trabajo, que tiene que hacer el acta de infracción; el Ministerio Fiscal, que tiene que estudiarse el asunto para llevar la acusación; el juez, que tiene que resolver. El protocolo lo firman las instituciones que lo han hecho. Incluso pensamos, ¿si invitamos a los sindicatos, a quién invitamos? ¿A CCOO y UGT? ¿Y por qué no a CGT, USO, CSIF, las Kellys, las cuidadoras de dependientes, las trabajadoras del hogar…? A alguien íbamos a dejar fuera injustamente. 

Lo que hicimos fue invitar a las asociaciones de víctimas, que son poca cosa ahora mismo, pero a quienes estamos ayudando a salir adelante, a que se conozcan, a que se les escuche y cuenten lo que es el dolor y el vacío que queda tras un accidente. En todo caso, la idea es convocar próximamente a los sindicatos que quieran para que nos digan exactamente qué aportarían y hacer una adenda a este protocolo. En enero va a haber una primera reunión de la comisión de seguimiento en la que se va a plantear esta cuestión.

La clave de toda investigación es delimitar los posibles responsables. ¿Es difícil llegar a esos responsables en el caso de los accidentes laborales?

Sí, muchas veces es muy difícil porque son cuestiones muy complejas. Por eso hemos pedido que en nuestra unidad [la Fiscalía de Área de Seguridad y Salud en el Trabajo] haya un experto, un ingeniero de caminos o un arquitecto que nos pueda orientar de qué manera se ha producido un accidente. En estos procedimientos nos enfrentamos a compañías de seguros y empresas muy importantes que cuentan con grandes bufetes y asesores que presentan unas pruebas de descargo muy importantes. Para desmontar esas pruebas hacen falta expertos técnicos, no solamente juristas. En todo caso, vivimos en un Estado de derecho y las garantías del proceso hay que cumplirlas. La obligación de quien acusa es probar de lo que está acusando. Esa es la gran dificultad y la gran virtud de los procesos. 

El retraso en la instrucción de los procedimientos de siniestralidad laboral supone, en muchos casos, la falta del resarcimiento económico durante ese periodo, que de media está en cinco años. ¿Le parece asumible?

No, no es asumible. Aunque consigamos agilizar los procedimientos nunca vamos a conseguir tener una respuesta inmediata porque los procesos son garantistas. Pero hemos propuesto una posible solución a los ministerios de Justicia y Trabajo que consiste en que una entidad pública –por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros– anticipe la indemnización y que se subrogara en la posición del perjudicado o víctima. En caso de que la sentencia fuera absolutoria, la entidad que se hubiera subrogado tendría que exigir esa cantidad a la persona que hubiera recibido el anticipo. Podría ocurrir que la persona se lo hubiera gastado o que la sentencia fuera inferior a lo anticipado, pero los actuarios de seguros pueden calcular el riesgo que se correría y tenerlo provisionado. 

¿Hay un problema de falta de formación en los operadores jurídicos? ¿Cree que es necesario que haya jueces especialistas en salud laboral? 

Sí. Sería muy importante porque los procedimientos de siniestralidad laboral son muy voluminosos y complejos y si recaen en jueces que ya llevan otros muchos asuntos no es que los dejen de lado, pero sí se ven con dificultad. Ayudaría mucho que hubiera jueces especialistas que asistan a las jornadas de especialización entre jueces, fiscales e inspectores de trabajo de esta materia, por ejemplo. Para ello no hace falta cambiar la ley, sino simplemente atribuir esas competencias a determinados juzgados que ya existen. 

Muchos procedimientos se archivan porque las víctimas renuncian a ejercitar acciones penales o civiles por haber sido indemnizadas. ¿Qué papel tiene que tener ahí la Fiscalía?

Es un papel relevante, pero complicado. La víctima puede renunciar a las acciones civiles, pero el fiscal no tiene por qué renunciar a las acciones penales. Pero muchas veces nos encontramos en la tesitura de que tienes que medir, valorar hasta dónde llegas. Si mantienes la acusación y luego hay una absolución puedes perjudicar a la víctima que ha llegado a un acuerdo. Existen muchas presiones –entre comillas digo lo de las presiones– para que las víctimas lleguen a acuerdos. Por eso es importante que los fiscales hablen con las víctimas para que no haya una presión que les haga renunciar a parte de lo que tienen derecho. 

¿No genera eso cierta impunidad? Es decir, que los responsables de esos accidentes se libren de los procedimientos pagando una indemnización. 

Por eso el criterio que nosotros mantenemos es que el fiscal, aunque la parte renuncie, mantiene la acusación, aunque luego hay que ver en cada caso si hay prueba suficiente. El derecho penal cumple una función de prevención general y es un aviso. Si retiráramos las acusaciones y solamente nos fijáramos en la indemnización ese principio caería y queremos que se mantenga. 

¿Cree que es importante que los sindicatos puedan personarse como acusación popular en los delitos contra los trabajadores y los procedimientos por acoso laboral y fraudes a la Seguridad Social?

Hubo un intento en el proyecto de ley de eficiencia procesal de limitar la actuación de los sindicatos, pero yo creo que sí deben estar. Por ejemplo, en el caso del amianto del Metro de Madrid, la colaboración entre el abogado de CCOO y el fiscal ha sido muy importante para sacar adelante un resultado estupendo. Cada uno tiene su responsabilidad, cada parte es cada parte. Pero cuando hay confluencia de intereses, pues evidentemente se puede colaborar. 

¿Qué dificultades plantea la investigación de las enfermedades profesionales? Recientemente, el Tribunal Supremo se ha quejado de que la normativa recoge pocas profesiones “muy feminizadas”.

Hay un catálogo de enfermedades profesionales, pero hay que darle una vuelta a eso. Hay que contemplar la perspectiva de género. Por ejemplo, muchas veces los planes de prevención de riesgos laborales están pensados en el hombre y no en la mujer. Un chaleco está preparado para la morfología del varón, no para la de la mujer. Esas cosas son, efectivamente, las que hay que desterrar. 

¿Están relacionadas precariedad y siniestralidad laboral? 

Totalmente. Los accidentes de trabajo son inevitables si no hay formación ni prevención y en un trabajo precario difícilmente se va a dar prevención y formación. ¿Si contratas a un trabajador para una semana vas a formarle? A lo mejor no tiene un trabajo muy técnico, no va a estar con una máquina muy compleja, pero a lo mejor va a estar con una radial cortando ladrillos. Y le tienes que decir cómo tiene que utilizar la radial y cómo tiene que ponerse las gafas, etc. La precariedad va íntimamente ligada. Ahora, la reforma del Estatuto de los Trabajadores da líneas de contratación que van en sentido de que la precariedad disminuya. Yo no sé si eso se va a notar en las estadísticas. 

¿Es importante que las empresas se impliquen directamente en la prevención y que no externalicen a terceros esa tarea?

En las grandes empresas, desde luego. En las pequeñas es un problema de dimensión empresarial. La prevención no es un gasto, es una inversión. No solamente una inversión en disminuir el dolor que producen los accidentes, sino también los gastos que generan. Por ejemplo, si te paralizan una obra porque ha habido un accidente, eso genera un coste. En todo caso, lo importante es que los planes de prevención se cumplan. Desde el punto de vista jurídico, el mundo del trabajo se reduce a dos cosas: seguridad jurídica y dignidad del trabajo. Si se cumplieran esos dos parámetros disminuirían muchas cosas, desde la conflictividad laboral hasta la siniestralidad.