No habrá informe del Consejo Fiscal —el órgano asesor del fiscal general del Estado— sobre la ley de amnistía. Así se lo ha comunicado este jueves a través de una carta el máximo representante del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán. Este último le había enviado previamente dos misivas reclamándole la realización de un dictamen sobre la iniciativa de olvido penal del procés que se está tramitando en las Cortes.
En la carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, García Ortiz argumenta que el Consejo Fiscal —a quien corresponde aprobar informes sobre textos legislativos— carece de competencias para hacerlo en este caso. Así, recuerda que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía prevé la intervención de ese órgano para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. Pero, sin embargo, no tiene amparo legal para hacerlo en el caso de proposiciones de ley que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía, y que se encuentran en tramitación.
García Ortiz trata de justificar la “inviabilidad de la solicitud” planteada por el Senado haciendo alusión al “distinto tratamiento” que, según la doctrina constitucional, merecen los proyectos de ley y las proposiciones de ley en relación con las funciones de los órganos consultivos.
En concreto, hace alusión a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 que afirmó que el apoyo a la función legislativa de las instituciones de naturaleza asesora o consultiva “se centra en una fase muy inicial” de la iniciativa y “cesa” una vez que el proyecto de ley se aprueba definitivamente por el Consejo de Ministros y se remite a las Cortes Generales. En la actualidad, la ley de amnistía ya ha sido aprobada por la Comisión de Justicia y está previsto que se debata en el pleno el próximo 30 de enero.
La decisión de García Ortiz desinfla la estrategia del Partido Popular, que ha tratado de utilizar su mayoría en el Senado para zancadillear la tramitación de la ley. Para ello recurrió a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en crisis y bloqueado hace un lustro y al Consejo Fiscal con una peticiones de informe que no todos los expertos creen que tenga amparo legal.
En el partido de Alberto Nuñez Feijóo argumentan que los socialistas utilizaron precisamente la vía de la proposición de ley como “subterfugio” para “evitar la literalidad” del artículo que requiere de forma “expresa e inequívoca” los informes de los órganos consultivos. Tanto en el CGPJ como en el Consejo Fiscal existe una correlación de fuerzas de amplia mayoría conservadora, lo que augura que esos informes serían críticos con la amnistía para los implicados en el procés.