La Fiscalía General defiende la "imparcialidad" de la decisión de retirar al exfiscal del caso Villarejo

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una imagen de archivo.

La Fiscalía General del Estado defiende la “imparcialidad” de Dolores Delgado al retirar de la Fiscalía Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales impulsores del caso Villarejo. Así consta en una comunicación oficial difundida tras el Consejo Fiscal de este miércoles, que ha abordado las circunstancias en la que la fiscal general rechazó en octubre de 2020 dar una plaza en propiedad en ese departamento a Stampa, que dejó de estar adscrito al caso Villarejo y que ahora ejerce ejerce en la Fiscalía de Madrid. En esta reunión, la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz Gaite; el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García; y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han dado explicaciones sobre este asunto.

Delgado lleva al próximo Consejo Fiscal las circunstancias del cese del exfiscal del caso Villarejo

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Delgado no propuso a Stampa siguiendo el criterio del Consejo Fiscal, donde no fue respaldado ni por los cinco miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), a la que está asociado, ni por los cuatro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En ese momento, el fiscal había sido señalado por Vox de connivencia con Pablo Iglesias y Podemos, el partido que ejerce la acusación popular en la causa sobre los oscuros negocios del comisario y otros miembros de la cúpula policial. La investigación por estos hechos quedó finalmente archivada.

Este asunto ha vuelto a la actualidad más de un año después tras trascender que Stampa, que no recurrió los nombramientos en los tribunales, ha presentado una reclamación patrimonial por un menoscabo de su carrera y su imagen de la que responsabiliza directamente a Delgado. Reclama al Ministerio de Justicia más de 200.000 euros de indemnización. Según el fiscal, Delgado debería haberse abstenido del proceso de adjudicación de plazas ya que tenía un “interés personal y directo” en la causa, en la que constaban “indicios” de “la participación de su pareja sentimental”, Baltasar Garzón, que ejerce la defensa de varios investigados. 

La Fiscalía General del Estado defiende, sin embargo, que “en este caso concreto, pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad” de Delgado. De hecho, según ha informado en el curso de esa reunión la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz Gaite, “no existe cobertura legal” para que un fiscal general se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional. 

La semana pasada, Delgado intentó aplacar la polémica incluyendo un “punto específico” en el orden del día de la reunión de este miércoles para “recabar detallada información” sobre este asunto, que había generado “gravísimas y difamatorias” imputaciones en medios de comunicación en relación con el Consejo Fiscal y otros órganos del Ministerio Fiscal. La fiscal general convocó al actual fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha participado con una intervención “muy dura” en la que ha puesto en valor la necesidad de optar por fiscales “reservados” y “ajenos a cualquier protagonismo en la prensa”, según las fuentes consultadas por elDiario.es. 

Luzón también ha afirmado que Stampa sabía, por su participación en la causa, que existe tanto un informe de Anticorrupción como un auto de la Audiencia Nacional que afirman que no existe relación entre Villarejo y destacados fiscales como la propia Delgado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, o el fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza a pesar de las afirmaciones en ese sentido del comisario, afirman las citadas fuentes. 

En el Consejo Fiscal ha comparecido también el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro Ortiz, señalado en varias informaciones publicadas en los últimos días que apuntan a que sugirió alargar la investigación sobre Stampa cuando la Fiscalía de Madrid quiso archivarla. Según la nota difundida por la Fiscalía General del Estado, Ortiz ha calificado de “falsas” esas informaciones y ha desgranado los, a su juicio, “posibles defectos” de los que adolecían esas pesquisas. Así, ha asegurado que el fiscal encargado de la investigación, Carlos Ruiz de Alegría, propuso el archivo en hasta dos ocasiones sin haber realizado diligencias previamente acordadas. 

También ha asegurado que este fiscal incluso llegó a poner en conocimiento de Stampa “documentos internos de la institución y de naturaleza reservada” emitidos por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Fueron estos hechos los que, ha relatado Ortiz, le llevaron a “advertir” al fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, de las posibles irregularidades detectadas. El pasado febrero, la Fiscalía de Madrid acordó archivar esas diligencias al rechazar que Stampa filtrase información y no ver delito en su actuación. Un mes después la Inspección Fiscal también descartó una falta disciplinaria en su actuación

"Materia reservada"

La reunión no ha convencido a los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales, que en un comunicado han criticado que la fiscal general del Estado haya rechazado, por ser “materia reservada”, una batería de preguntas relacionadas con sus "dudas" respecto a este asunto. Entre ellas, si el despacho de su pareja el exjuez Garzón defiende a investigados en el caso Villarejo al que estaba adscrito Stampa o los expedientes disciplinarios incoados contra el fiscal, en los que considera que Delgado debería haberse abstenido.

La Asociación de Fiscales, que no respaldó el nombramiento de Stampa y tampoco el de su compañero Miguel Serrano, que sí sigue adscrito al caso Villarejo, defiende que esta materia "no se puede considerar reservada por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado ha solicitado su exhibición". Según este colectivo hay una “preocupación generalizada” en toda la carrera por unos acontecimientos que “están dañando su imagen y a la propia institución" por la "falta de credibilidad ante la opinión pública" de Delgado.

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