La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide que la Justicia investigue si Podemos falseó un contrato con una consultora

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

elDiario.es


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La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitará a la Justicia ordinaria que investigue la contabilidad de Podemos en las elecciones del 28 de abril de 2019 al haber encontrado indicios de la contratación supuestamente ficticia de la consultora Neurona, según ha adelantado la Cadena Ser

El fiscal jefe Miguel Ángel Torres Morato considera que “no está suficientemente acreditado” que los servicios facturados a Neurona fueran realizados realmente por la consultora y sopesa que el contrato, de 290.000 euros, pudo ser simulado. Los vídeos y diseños publicitarios aportados por la formación política para justificar que Neurona sí hizo trabajos para esa campaña no han sido concluyentes para el fiscal, que aprecia dos posibles delitos: fraude electoral y falsedad en documento mercantil. 

Además, el fiscal jefe detalla que, tras sus requerimientos de información, Podemos “envió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019” y una factura correspondiente a dicho contrato emitida el 5 de abril de 2019“. Torres Morato había solicitado a Podemos ”un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación“. 

Para el fiscal jefe, los 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A “no tienen consideración de gasto electoral” y, por tanto, no han sido admitidos como “susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”. Por otra parte, el representante del Ministerio Público llama la atención sobre el hecho de que Neurona Consulting se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, unos 15 días antes de facturar a Podemos o sobre que no coincida “su objeto social con las prestaciones contratadas”.

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador del Estado, al que corresponde el análisis de las contabilidades de los partidos políticos. Su competencia jurisdiccional se limita a la responsabilidad contable y carece de competencia para iniciar cualquier investigación de naturaleza penal. Por eso al apreciar delitos en este caso el asunto se ha trasladado a la Justicia ordinaria. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas depende funcionalmente del Fiscal General del Estado y su fiscal jefe —en la actualidad, Miguel Ángel Torres Morato— es nombrado por el Gobierno tras la propuesta del Fiscal General del Estado, previo informe del Consejo Fiscal.

Se trata, en todo caso, de una investigación que está en una fase muy incipiente, explican fuentes jurídicas. El procedimiento habitual es que el fiscal del Tribunal de Cuentas remita el caso a la Fiscalía competente —en este caso sería, en principio, la provincial de Madrid—, que lo estudiará y decidirá si hay indicios suficientes como para iniciar una investigación preprocesal. Esas pesquisas pueden acabar en archivo si el fiscal no ve indicios de delito o en la formulación de una querella que se presentaría ante el juzgado correspondiente en el caso de que sí los aprecie.

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