El Gobierno, sobre la investigación contra el rey Juan Carlos por el AVE a La Meca: “La Justicia es igual para todos”
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que “la Justicia es igual para todos” después de que se haya conocido que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación sobre si el rey emérito cobró comisiones por la obra del AVE a la Meca.
En una entrevista en La Sexta, Montero ha señalado que se deben “investigar a todas las personas” a las que los tribunales “consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades financieras”. En este sentido, Montero ha afirmado que el Gobierno “no va a interferir y colaborará con todo aquello que sea necesario para que los tribunales” puedan “desarrollar sus cuestiones en las mejores condiciones posibles”.
La ministra portavoz se ha expresado así después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que, según la empresaria Corinna Larsen, se habrían repartido entre otros el rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
El portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos- En Común Podem- Galicia en Común, Pablo Echenique, ha calificado de “gravísimo” que existan “sospechas tan serias de corrupción sobre la casa real”. “Más allá de las consecuencias penales que pueda investigar la Fiscalía, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional de nuestro país”, ha escrito Echenique.
Mientras, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido que si se demuestra el supuesto cobro de una comisión, el monarca debería devolverlo “todo”.
En una nota remitida este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey Juan Carlos dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
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