El Gobierno no aclara si tiene los apoyos para sacar adelante el escudo social
El Gobierno no aclara si tiene los apoyos necesarios para sacar adelante el escudo social que naufragó la semana pasada en el Congreso por el rechazo de Junts a la prohibición de los desahucios. Ahora ha llegado a un acuerdo con el PNV, que puede seducir a los de Carles Puigdemont, dejar fuera de la medida a los propietarios de una o dos viviendas que las tengan alquiladas a personas vulnerables que no pueden pagar. Estos serán reubicados por los servicios sociales. Aunque en Moncloa confían en que los cambios susciten un mayor consenso para que el conjunto del escudo social –que también incluye el bono energético, ayudas por la dana o las entregas a cuenta a comunidades y entidades sociales, entre otras– salga adelante, la portavoz, Elma Saiz, no ha dado por hecho que tengan los apoyos para evitar una nueva derrota, y ha trasladado la presión al PP, aunque Podemos ha criticado la medida.
“La herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano que es el diálogo antes, durante y después para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias para que estas medidas vean la luz. Indudablemente también tendrán que contestar las diferentes fuerzas políticas cuál es el posicionamiento”, ha respondido Saiz a la pregunta de si en esta ocasión el Gobierno sí cuenta con el respaldo suficiente. Moncloa ha cedido y ha llevado el conjunto del escudo social troceado en dos decretos: uno con la subida de las pensiones y otro con el resto de medidas. Que fuera parte de un todo, incluyendo la moratoria anti-desahucios, era una exigencia de Sumar y el resto de fuerzas de izquierdas para forzar que salga adelante. La intención inicial de Moncloa era que la parte de desahucios fuera en un decreto exclusivo y el resto de medidas del escudo social, incluidas las pensiones, en otro.
El Gobierno ha rebajado, además, la ambición de las medidas contra los desahucios para seducir al PNV y a Junts, aunque en Moncloa aseguran que no se ha negociado con el grupo que lidera Míriam Nogueras. Los cambios que se han introducido pasan básicamente por que los pequeños propietarios (hasta dos viviendas) no tengan prohibido el desahucio de inquilinos vulnerables, y quedará en manos de los servicios sociales la reubicación de esas personas. La portavoz ha dejado la pelota en las comunidades autónomas, de las que dependen los servicios sociales: “Es responsabilidad de las comunidades en el papel de los servicios sociales para dar esas alternativas habitacionales. La medida es muy importante. Para hacerla efectiva requiere de la colaboración de muchos más”. “Las comunidades autónomas tienen mucho que decir para atender a las personas vulnerables”, ha agregado.
En lo que no ha entrado la portavoz es en el rechazo que a priori ha manifestado Podemos a la rebaja de la ambición respecto a la prohibición de los desahucios. “El Gobierno pacta con el PNV una medida que agiliza los desahucios, como si a quien hubiese que proteger en la crisis de vivienda es a los rentistas y no a las familias. Si gobiernas dando la razón a la derecha, luego no te extrañes cuando ganen”, ha reprochado Irene Montero. “El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ”sólo“ tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto”, han sido las palabras de Ione Belarra.
“Hemos hablado con todos los grupos menos con Junts. Se ha hecho lo que consideramos que tenía más consenso”, señalan fuentes gubernamentales que consideran que el escudo social tiene ahora más posibilidades de salir adelante por las cesiones en materia de vivienda a la derecha. “Llevamos una propuesta que creemos que convence. Aquellos que vayan a votar que no son los que tienen que dar explicaciones”, apuntan.
La portavoz ha descargado la presión en el PP. “Yo preguntaría, por ejemplo, al Partido Popular, ¿qué le parece mal? ¿Qué le parece mal de proteger a los más vulnerables, por ejemplo, para hacer frente a la factura de la luz o del agua?”, se ha preguntado la portavoz antes de reconocer que por ahora los apoyos no están amarrados y que dependerá de lo que hagan Junts y Podemos.
Tampoco ha respondido a la pregunta de por qué el Gobierno no llevó las medidas por separado en dos decretos, como le habían reclamado PP o Junts, que sí estaban a favor de la subida de las pensiones, pero no de otras medidas, especialmente la de los desahucios. “Cada año es una excusa distinta. Es que ya lo vimos el año pasado, cuando volvieron a hacer lo mismo votaron en contra de la relación de las pensiones. Es que bien cuando están en la oposición o bien cuando están en el Gobierno, no existe un compromiso con los pensionistas. Siempre les sumen la incertidumbre, cuando gobernaban congelando las pensiones subidas mínimas del 0,25, que es prácticamente congelarlas”, ha despejado Saiz.
“El Gobierno hace su trabajo, lo que no hace el gobierno es fabricar cuartadas para que nadie justifique lo injustificable y, a partir de ahí, buscamos consensos y trabajamos para lograr mayorías en torno a textos que benefician al conjunto de la sociedad”, ha rematado.