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El Gobierno pretende mantener el estado de alarma hasta el final de la desescalada a través de una única prórroga

Pedro Sánchez conversa con Inés Arrimadas.

Irene Castro

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El Gobierno tiene claro que el estado de alarma debe permanecer vigente hasta que España se encuentre en la fase de “nueva normalidad” en el control de la pandemia de la COVID-19 dado que es el único mecanismo jurídico, según sostiene, con el que puede mantener las restricciones a derechos fundamentales como la movilidad dentro de las fronteras y la reunión. Pedro Sánchez estudia aprobar una única prórroga que abarque todo ese proceso -que se prolongará como mínimo hasta finales de junio- sin necesidad de solicitar la autorización cada quince días al Congreso como ha hecho hasta ahora.

El Ejecutivo planea, por tanto, pedir al Parlamento una última prórroga por un periodo de un mes, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a eldiario.es fuentes gubernamentales. “Estamos en ello y hablándolo con todos”, afirman esas fuentes que señalan que la prórroga se prolongaría “hasta terminar la desescalada”.

No obstante, otras fuentes aseguran que “es pronto aún” para dar por hecho que la prórroga tendrá esas características dado que necesitan contar con el respaldo mayoritario de los grupos. En la última votación, el Gobierno logró sacar adelante la cuarta prórroga con 178 síes, pero discursos muy críticos de sus aliados parlamentarios. El PP ya ha anunciado que votará en contra, al igual que Vox.

La intención del Gobierno es atraer de nuevo a ERC, que hace una semana votó en contra tras haberse abstenido en las ocasiones anteriores, y mantener el respaldo de Ciudadanos y PNV con quienes pactó nuevas condiciones en la anterior prórroga. Ahora el Ejecutivo también planea cambios para los términos del estado de alarma “que aún están por decidir”, según fuentes gubernamentales. El último texto dio un mayor protagonismo a las comunidades en la gestión de la desescalada a través de lo que el Ejecutivo ha denominado “cogobernanza”, aunque algunas autonomías -entre ellas Andalucía y la Comunidad Valenciana- mantienen la queja por la decisión del Ministerio de Sanidad de rechazar la solicitud de evolución a fase 1.

En el Ejecutivo aseguran que los contactos han comenzado de nuevo con los grupos, una negociación que en Moncloa ya asumían que debía “volver a empezar” tras el aval del Congreso la semana pasada que daba una quincena de margen a Sánchez. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, es la encargada de pilotar las conversaciones con los grupos políticos. Fuentes del PP han confirmado que este lunes habló con Pablo Casado y que él le trasladó la “el plan de desescalada jurídica, alternativa al estado de alarma” que el jefe de la oposición ha hecho público este martes.

Otro de los contactos lo ha protagonizado el propio presidente con Inés Arrimadas, con quien pactó mantener interlocución semanal a cambio de su apoyo en esa votación -además de desvincular las medidas económicas y sociales de la duración del estado de alarma-. Sin embargo, desde Ciudadanos aseguran que en la conversación no se ha abordado la posibilidad de prorrogar el estado de alarma 30 días y, en todo caso, advierten de que no garantizan el apoyo a ninguna iniciativa “si cada una de ellas no va precedida de diálogo y negociación”. Arrimadas avisó a Sánchez el pasado miércoles de que tenía que buscar alternativas por si el Congreso no le daba el apoyo a mantener esa medida de excepcionalidad. En un comunicado difundido por la Secretaría de Estado de Comunicación, el Gobierno expresa la voluntad “de seguir trabajando para la consecución de acuerdos futuros que permitan vencer al virus”.

Tras constatar las dificultades para sacar adelante esa prórroga que para el Gobierno era “imprescindible” -al igual que el mantenimiento del estado de alarma hasta la fase de “nueva normalidad”-, Moncloa estudia un cambio de estrategia ampliando la duración de la siguiente. Hasta ahora, Pedro Sánchez había asegurado que lo haría cada quince días y defendía que así rendía cuentas quincenalmente en el Congreso, que debe avalar cada prórroga que plantee el Consejo de Ministros.

“Vamos cada quince días por una decisión política de pedir ese apoyo a todas las fuerzas políticas, de articular ese diálogo parlamentario con todas las fuerzas políticas y que en definitiva el Congreso de los Diputados respalde al Poder Ejecutivo en estas circunstancias tan inéditas”, expresó el presidente el pasado 2 de mayo, cuando anunció la cuarta prórroga.

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