El Gobierno asume que tendrá que “volver a empezar” la negociación para la quinta prórroga del estado de alarma

El Gobierno da por hecho que tendrá que haber más prórrogas del estado de alarma tras emplearse a fondo para sacar adelante la última en el Congreso. La idea del Ejecutivo es que esa medida excepcional recogida en la Constitución es la única que ampara el proceso de desescalada, que contempla una restricción de la movilidad interprovincial al menos hasta la “nueva normalidad”, que no llegará antes de finales de junio. A partir de ahí, la intención del Gobierno es llevar a cabo una reforma legislativa que permita mantener limitaciones, pero sin que sea necesaria la alarma. Por ahora, Pedro Sánchez cuenta con un margen de quince días, pero en Moncloa asumen que la negociación con los diferentes partidos tendrá que “volver a empezar” para conseguir el aval del Parlamento para la siguiente quincena, y así sucesivamente.

“Todo es complicado”, admiten en la Moncloa sobre la negociación, cuyo contador se puso a cero tras la votación del miércoles, que salió adelante gracias a un acuerdo de última hora con Ciudadanos y PNV pero con el 'no' de ERC. Con las posiciones alejadas y un aluvión de críticas semanal por parte de las comunidades autónomas, de la oposición y también de los aliados parlamentarios, el Ejecutivo tendrá que esmerarse para llevar a cabo su plan de conservar el estado de alarma activo hasta finales de junio. Y eso, para las comunidades con mejores datos epidemiológicos. El pasado viernes se detectó un leve repunte tanto en fallecimientos como en el contagio de la COVID-19. Además, en el caso de muchos territorios el proceso será más lento dado que se mantendrán en fase 0 a partir de este 11 de mayo, con lo que los planes se retrasan al menos una semana.

Pedro Sánchez perdió el miércoles la abstención de ERC, que acusó al Gobierno de no haber querido negociar. Y el apoyo del PNV estuvo en duda. Durante los días previos se temió no tanto perder la votación, en la que se requiere de mayoría simple, sino perder a los aliados de la investidura y dar una imagen de soledad del Ejecutivo en su momento más delicado. De nada sirvieron las llamadas del presidente y de la vicepresidenta Carmen Calvo al número dos de la Generalitat, Pere Aragonès, el domingo y el lunes previos a la votación. “Sabe muy bien que este Gobierno y este grupo han querido negociar y sentarse a hablar”, le dijo Adriana Lastra a Gabriel Rufián al final del debate.

En la Moncloa sostienen que en la posición de ERC ha pesado más la batalla preelectoral con JxCat que el desacuerdo con la prórroga del estado de alarma. De hecho, la Generalitat de Catalunya no ha pedido pasar ya a la fase 1 de la desescalada, como sí lo han hecho casi todos los gobiernos autonómicos. El president, Quim Torra, ha sido uno de los principales defensores del confinamiento como medida para detener la pandemia.

La clave para el Gobierno será ahora reconducir la relación con los republicanos catalanes, cuyo apoyo necesita para que perdure la legislatura. Más allá de la crisis sanitaria, en el horizonte del Ejecutivo está gobernar también la recuperación, con medidas sociales y económicas que, según lo esbozado por el momento, no encajan en el ideario neoliberal de Ciudadanos.

En las filas socialistas sí hay quien piensa que habría que tentar a Inés Arrimadas para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, ahora que ha marcado perfil propio distanciándose de PP y Vox. Preguntada por la posibilidad de que Ciudadanos se abra a negociar las cuentas públicas de 2021, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, agradeció esa “disposición” y aseguró que el Gobierno buscará “concitar los mayores apoyos parlamentarios posibles” para la reconstrucción social y económica del país. De hecho, su intención es hablar con todas las formaciones con representación en el Congreso: “Cualquier alianza que nos permita abrir nuestros apoyos parlamentarios será bien recibida”.

No obstante, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, negó que tengan intención de cambiar de aliados tras el acuerdo alcanzado con Inés Arrimadas y tendió la mano a ERC tras el encontronazo en el Congreso, también para negociar los presupuestos. El propio Sánchez reclamó este sábado a ERC desvincular la ideología de la gestión de la emergencia sanitaria: “Tenemos que focalizar nuestras energías, nuestro objetivo en frenar al enemigo común que tenemos, con independencia de la ideología que tengamos”. Y, como había hecho Calvo, aseguró que la disposición al diálogo con la Generalitat sigue intacta. “Somos conscientes de que hay elementos que han quedado postergados lógicamente por esta emergencia sanitaria que tienen que ser abordados en favor de la convivencia a través del diálogo. Y eso lo vamos a hacer. De hecho ese es el compromiso del Gobierno de España”, respondió en la rueda de prensa en Moncloa.

En términos similares se expresó el viernes el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una entrevista en Radiocable. “Hay que dar las gracias por que haya una derecha en este país que ha demostrado tener sentido de Estado”, señaló en referencia a Ciudadanos. Para añadir que el partido de Arrimadas “está en las antípodas de Unidas Podemos y del programa de Gobierno acordado con el PSOE. Es evidente que no podrían gobernar con nosotros porque gobiernan con el PP y con Vox”.

De la misma forma que en las filas socialistas aseguran que habrá que “volver a empezar”, en el lado del Gobierno de Unidas Podemos sostienen que, en esta materia, hay que “tender la mano a todo el mundo”.

Con todo, en Unidas Podemos ven con cierto recelo la nueva relación con Ciudadanos. Aunque son conscientes de que el peso real de los de Arrimadas es pequeño, con 10 diputados, y que su apoyo al Gobierno es “algo contingente”, en la memoria de la coalición pesa todavía la fracasada negociación del pasado verano y la querencia de una parte importante del PSOE por Ciudadanos.

Encauzado con el PNV

El Gobierno sí logró reconducir la relación con el PNV, un apoyo de importancia más cualitativa que cuantitativa. Moncloa tuvo que aceptar un mayor protagonismo de las comunidades en la desescalada, pactando las condiciones en el primer análisis de paso a la siguiente fase en Euskadi, así como la celebración de las elecciones vascas en julio, tal y como pretende el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El PNV, de todas formas, también mira de reojo el acuerdo con Arrimadas. El líder del partido vasco, Andoni Ortuzar, ha advertido a Sánchez de que un viraje hacia Ciudadanos “embarrancaría” el posible entendimiento con las fuerzas que le dieron la investidura. “No concibo que pudiera haber una acción de Gobierno basada en acuerdos con Ciudadanos que luego cohabitara con acuerdos con nosotros, con ERC”, aseguró Ortuzar, quien reconoce que el partido de Inés Arrimadas es “un socio muy incómodo” para los aliados de la coalición.

Aunque el Gobierno sostiene que no hay un cambio en la política de alianzas de la legislatura, sí pretende mantener la negociación para las siguientes prórrogas con Ciudadanos, cuyos diez diputados le han salvado en esta ocasión de dar una imagen de debilidad parlamentaria.

Ese apoyo, no obstante, no está garantizado y las conversaciones se tendrán que retomar de nuevo. “En quince días el Gobierno tiene que hacer sus deberes, cumplir con las tres condiciones que le hemos pedido”, explicó el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa este viernes. Inés Arrimadas logró el compromiso de Sánchez de mantener el contacto semanalmente para recibir información y que las medidas económicas y sociales implementadas se desvinculen de la duración del estado de alarma.

Además, Bal se mostró dispuesto a votar de nuevo a favor, aunque advirtió de que mantendría “los mismos criterios” que esta vez. “A lo mejor estamos en un estado maravilloso en el que ha descendido el número de muertos y fallecidos y es el propio Gobierno el que no quiere” mantener el estado de alarma, explicó el portavoz de Ciudadanos que, como responsable jurídico de la formación, admitió que esa herramienta constitucional es la única que permite restringir la movilidad dentro del territorio español.