El Gobierno prohíbe desnudar e inspeccionar los genitales de los jóvenes migrantes para determinar su edad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley que regula de forma completa un nuevo procedimiento de evaluación de la edad de naturaleza judicial, un proceso que afecta especialmente a los jóvenes inmigrantes en los casos en los que la persona carece de documentación o no se sea posible establecer la edad por otros medios. Según ha explicado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en rueda de prensa, el nuevo texto prohibirá, por ejemplo, “que se hagan desnudos integrales ni inspecciones ginecológicas” con el fin de determinar la edad.

Para la ministra se trata de un “salto hacia adelante para garantizar los derechos y la dignidad” de los jóvenes a los que se les realice el citado procedimiento y que, en los casos de los menores inmigrantes tiene una importancia determinante ya que, si son considerados menores de 18 años, el Estado tiene la obligación de darles una protección especial. Llop ha insistido en que “se van a acabar todas las pruebas invasivas para determinar si una persona es mayor de edad”.

Una vez se apruebe el anteproyecto en el Congreso, todo el proceso, ha explicado Llop, se realizará “escuchando a los menores” y en base a los “principios de dignidad del menor”. “La norma es mucho más garantista que el procedimiento empleado hasta ahora, y tiene una mayor seguridad jurídica”, ha remarcado. Así, el proceso deja de tener carácter administrativo y será de índole judicial, con “el respeto a los derechos” de los jóvenes“ y ”con garantías legales“.

Resolución en un plazo máximo de 25 días

El nuevo procedimiento de evaluación se realizará de una manera “ponderada y holística”. “El menor siempre va a ser escuchado”, ha asegurado la ministra, que también ha querido señalar que la persona a la que se someta a este procedimiento “siempre” estará “asistida por una defensa jurídica gratuita”. “En el plazo máximo de 25 días el procedimiento deberá ser resuelto por una sentencia que accederá al registro civil y tendrá efectos plenos”, ha afirmado. 

Llop ha recordado que las críticas a la normativa vigente en esta materia han llegado de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos y entre los sectores de la sociedad civil comprometidos con los derechos de los menores extranjeros no acompañados, como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia Europea de Derechos y también el Defensor del Pueblo. Por eso ha justificado la necesidad del anteproyecto de ley que ahora iniciará su tramitación parlamentaria.