El Gobierno reconoce que debe velar para que la activista detenida por Israel tenga todas las “garantías” judiciales

España ha tenido que intermediar para que la mujer española detenida en Israel desde el pasado 13 de abril, acusada de colaborar en la financiación de un grupo considerado terrorista por dicho país, Juana Ruiz, tenga unas condiciones de higiene y alimentación dignas, así como unas mínimas garantías en el procedimiento judicial abierto contra ella. Así lo reconoce el Ministerio de Asuntos Exteriores en una respuesta parlamentaria al grupo de ERC y EH Bildu en el Senado a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Ruiz, que vive en Cisjordania desde hace décadas, es coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud y fue detenida el pasado 13 de abril. Israel la acusa de utilizar la organización para financiar a otro grupo, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que consideran terrorista. Desde ese día, “el Consulado General en Jerusalén y la Embajada en Tel Aviv” se movilizaron para prestar una “exhaustiva asistencia” a la mujer. Entre ellas, “las visitas consulares a la cárcel en la que se encuentra la Sra. Ruiz, así como la asistencia a las vistas judiciales que se han celebrado hasta la fecha”, según la respuesta ofrecida por el Gobierno a los senadores y fechada este 9 de junio.

Asuntos Exteriores reconoce que su personal en Israel ha tenido que hacer “gestiones y para pedir la mejora de las condiciones de la detenida, en especial, la alimentación, la higiene y el cuidado y que todas las fases del proceso se celebren con plenas garantías”. El ministerio que dirige Arancha González Laya asegura que “en todas las ocasiones en que la detenida ha comparecido ante un juez israelí (8, hasta la fecha), se han personado el Cónsul general o la Cónsul General adjunta”.

Ruiz estuvo detenida durante semanas sin que se presentase ningún cargo contra ella, con interrogatorios habituales sin la debida asistencia letrada. Algo que el Gobierno asegura haber revertido: “Se han hecho en este sentido múltiples gestiones para asegurar una adecuada asistencia letrada” ya que, apunta la respuesta.

De hecho, estaba previsto que el juicio se celebrase en este mismo mes de junio, pero la presión española, según el Gobierno, ha permitido retrasar la fecha para que la abogada de la activista tuviera tiempo de preparar la defensa. De hecho, la letrada,  Gaby Lasky, aseguró que solo había visitado una vez a su clienta.