El Gobierno trata de aplacar la revuelta de los alcaldes que ha unido en su contra a sus socios parlamentarios y al PP

El Gobierno está intentando aplacar la revuelta de alcaldes que provocó la semana pasada la propuesta de Hacienda para que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Estado a cambio de ayudas frente a la pandemia, que fue aprobada en una ajustadísima votación por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La iniciativa generó una división inédita en el organismo que aglutina a todos los consistorios españoles. Solo contó con el apoyo de los 12 representantes del PSOE en la Junta de Gobierno. PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya (que suman otros 12 representantes) votaron en contra, y Unidas Podemos se abstuvo. El empate lo deshizo con su voto de calidad el propio presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, del PSOE.

Desde la votación del pasado día 3 se ha puesto en marcha toda una campaña por parte de alcaldes de distinto signo político –de prácticamente todos los partidos, excepto el PSOE– en contra de la fórmula escogida por el Gobierno para tratar de sortear la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 con los votos de PP, la antigua CiU y UPyD, que impide a los ayuntamientos, de forma general, gastar su superávit.

Hacienda buscó una solución para, sin cambiar la ley, dotar a las entidades locales de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021. Los ayuntamientos que se acojan a la iniciativa prestarán así al Estado todo su superávit y remanentes de tesorería, unos 14.000 millones en total. A cambio, el Gobierno les devolverá una parte de forma directa este año y el que viene, lo cual asciende a esos 5.000 millones. Además, en un plazo de diez años que empezará a contar en 2022 se devolverá el préstamo íntegro que han realizado los ayuntamientos, con sus intereses correspondientes. 

Este martes el Gobierno daba un paso más para tratar de frenar el clima de rechazo generalizado a la medida acordada con la FEMP. A primera hora, Hacienda remitía a los medios un comunicado en el que explicaba que en las condiciones de los préstamos publicadas por el Boletín Oficial del Estado (BOE) se contempla que el Ejecutivo asumirá el pago de los intereses que las entidades locales abonan a las entidades financieras por tener depositados sus remanentes. De esta forma, los ayuntamientos que presten estos ahorros al Ministerio de Hacienda se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0%, pudiendo llegar a ahorrar hasta 70 millones de euros anuales.

El frente municipal contra el Ejecutivo

Este último gesto del Ejecutivo no ha generado de momento ningún cambio de postura en los ayuntamientos que están en contra de la medida y que se han movilizado frente al Gobierno en los últimos días, a través de distintas iniciativas. El viernes, alcaldes de hasta nueve formaciones políticas distintas se unieron para aprobar una declaración conjunta de rechazo al decreto ley. Fueron los regidores de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Ciudadanos), Lleida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT) y Santa Cruz de Tenerife (CC), Zaragoza (PP) y Valencia (Compromís).

El rechazo ha unido a las tres derechas de PP, Vox y Ciudadanos con formaciones antagónicas que facilitaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ERC, PNV, Bildu, Compromís, Nueva Canarias o BNG. También están en contra Junts, PRC, Coalición Canaria, la CUP o Navarra Suma.

La correlación de fuerzas es importante, ya que la medida acordada con la FEMP fue aprobada por el Consejo de Ministros de la semana pasada en forma de real decreto-ley y, por tanto, deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en septiembre, una vez arranque el nuevo curso político y se recupere el periodo ordinario de sesiones plenarias. Para esa votación el PSOE necesita, por tanto, del apoyo de otros grupos políticos, pero los partidos que ya han anunciado su voto en contra suman en torno a 190 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta de 176 del Congreso de los Diputados.

Ni siquiera está confirmado el respaldo de los socios de coalición del PSOE en el Gobierno porque a Unidas Podemos tampoco le ha gustado la iniciativa, si bien en la Junta de Gobierno de la FEMP decidió, en el último momento, pasar del 'no' a la abstención, generando la situación de empate que tuvo que arreglar el voto de calidad de Abel Caballero.

Colau denuncia el “antimunicipalismo” y el “centralismo” de Hacienda

De hecho, la última en desmarcarse de la medida ha sido precisamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la principal regidora de una de las patas del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, los 'comúns' catalanes. Según señalaba este martes Colau en los micrófonos de Catalunya Ràdio, el consistorio que dirige tiene previsto invertir sus ahorros en la propia ciudad, que ha valorado entre los 165 y 230 millones de euros, dependiendo si se cuenta con la tesorería de las empresas municipales.

“Haremos déficit”, avanzaba la regidora barcelonesa, que explicaba que, según sus cálculos, la disminución de ingresos por el coronavirus puede llegar a los 300 millones de euros en la ciudad. “Necesitamos más financiación pero nos enfrentamos a la incomprensión de este Estado centralista”, denunciaba Colau, tras asegurar que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero “se equivoca” al mantener una actitud “antimunicipalista y cerrada al diálogo”.

El lunes, la dirección del Partido Popular que preside Pablo Casado dio una instrucción clara a todos los ayuntamientos en los que gobierna para que no cedieran sus remanentes al Estado a cambio de ayudas frente a la pandemia. Según insisten los populares, sus consistorios no sucumbirán al “chantaje” de Sánchez, por lo que no ingresarán a las arcas de la Administración General del Estado “los ahorros de sus vecinos para financiar la hoja de ruta socialista del Ejecutivo de coalición”.

Este martes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, anunciaba además que su partido ha iniciado contactos con otras formaciones “en defensa del municipalismo y del ahorro de los vecinos”, y emplazaba a los alcaldes del PSOE a sumarse al PP y “a decir en público lo que ya dicen en privado contra la confiscación de los 15.000 millones a los ayuntamientos”.

Abel Caballero (FEMP): “Lo que impide gastar los remanentes es una ley del PP”

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ve una “operación política” en el rechazo del PP al acuerdo con Hacienda. “Lo que impide que los remanentes no se puedan gastar inmediatamente es una ley del PP”, recordaba el regidor vigués en una entrevista en la Cadena Ser, haciendo alusión a la Ley de Estabilidad de 2012 impulsada por el Gobierno de Rajoy, y que solo apoyaron PP, CiU y UPyD.

“El Estado pone encima de la mesa de los ayuntamientos 5.000 millones a fondo perdido a gastar en 15 meses y los ayuntamientos elegirán si quieren utilizar sus remanentes o no, no es algo coercitivo”, zanjaba.