Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado esta mañana en la sede central que la empresa Abengoa tiene en Sevilla. Lo han hecho para realizar un registro a instancias de un juzgado de la Audiencia Nacional, que investiga posibles irregularidades en la situación concursal de la empresa, según informan fuentes próximas al operativo.
Esas mismas fuentes indican que en la operación aún no se han producido detenidos, y que por ahora solo se está registrando la sede de la compañía para recabar documentación. Según ha avanzando la Ser, un veintena de agentes están llevando a cabo ese registro y la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. La operación está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, según fuentes jurídicas.
Según han informado a Efe fuentes sindicales, el registro se ha iniciado nada más comenzar la jornada laboral, cuando los agentes han accedido a distintos departamentos de la sede, donde trabajan unas mil personas, en Campus Palmas Altas de Sevilla.
En enero de 2020, el juez Ismael Moreno admitió una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa a los inversores, en la causa que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de 2014 a 2016. El juez apreciaba en su auto indicios de grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial, que se ocultó a las miles de personas que decidieron invertir en ella.
La querella, que hasta ese momento sólo se dirigía contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, afectaba además a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde y al socio auditor de Deloitte Manuel Arranz, en todos los casos por estafa a los inversores y falsedad contable. Gracia y Velarde fueron absueltas, junto a Benjumea y Sánchez Ortega, en la causa que investigaba las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.
La querella inicial que dio origen a este procedimiento, presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, se admitió en febrero de 2017, para investigar si las “óptimas” cifras que reflejaban los estados financieros de la empresa y la “idílica” situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores antes de solicitar el preconcurso de acreedores era real.
La Fiscalía, por su parte, detectó una posible alteración contable de las cuentas de Abengoa y de sus filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía; en concreto, mencionaba la “sistemática ocultación” de sustanciales pérdidas de sus activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas.Todo ello provocaba una “notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad”, según la Fiscalía.