Qué era y quién hizo el “pitufeo” para blanquear dinero en el PP de Valencia

Valencia, 15 nov (EFE).- ¿Qué es el “pitufeo”, del que la fiscalía acusa a medio centenar de concejales y colaboradores en la etapa de Rita Barberá? ¿Quién cometió ese tipo de blanqueo de capitales y para qué? ¿Y quiénes son los principales sospechosos de que todo aquello pudiera pasar y que se destapó gracias a una denuncia anónima?

Estas y otras preguntas quedan respondidas a lo largo de las 92 páginas del extenso escrito de acusación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción conocido este lunes y que se pueden resumir de esta manera:

EL “MODUS OPERANDI”

El fiscal se refiere a Barberá -alcaldesa de 1991 a 2015- como la responsable de haber “colocado” al frente de las finanzas del PP municipal a Mari Carmen García Fuster, la persona que manejó la cuenta, en la que también estuvo autorizado el entonces vicealcalde Alfonso Grau, que fue utilizada por los acusados “para burlar” dos leyes orgánicas, la de Financiación de Partidos Políticos y la de Régimen Electoral General.

“Dicha cuenta era empleada al antojo del grupo municipal popular y se encontraba al margen de la contabilidad del Partido Popular, y por consiguiente de cualquier fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas”, detalla Anticorrupción.

En ella se ingresaban “cantidades en metálico, unas de procedencia conocida, aunque ilegalmente ingresadas, y otras de procedencia ilícita que provenían de comisiones, gratificaciones o recompensas que aportaban personas o entidades”, apunta el fiscal, quien advierte de que el PP carecía de “un sistema efectivo de control que permitiese impedir el descontrol financiero y económico existente”.

En el periodo previo a las elecciones de 2015, “como habían venido haciendo al menos en 2007 y 2011, decidieron utilizar un mecanismo clásico en operativas de blanqueo de capitales” denominado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como “smurfing/strucking” (“pitufeo”).

Así, “emplearon a un número reducido de personas para que hiciesen aportaciones dinerarias fraccionadas (1.000 euros) para no levantar sospechas en los reguladores financieros y de esta forma poder introducir en el circuito financiero el dinero metálico proveniente de las comisiones”.

LOS DOS PRINCIPALES SOSPECHOSOS

La secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster, y el entonces “número dos” de Barberá, el vicealcalde Alfonso Grau, acumulan el mayor número de años de prisión que pide la Fiscalía.

Ambos eran responsables de la cuenta donde se ingresaba ese “pitufeo” sin que hubiera, según la Fiscalía, control alguno para evitar prácticas ilegales.

A QUÉ SE ENFRENTAN LOS ACUSADOS

El fiscal reclama penas que van desde los 4 a los 15 años de prisión por delitos de blanqueo, malversación y cohecho para medio centenar de ediles y colaboradores del PP de Valencia durante la etapa de Barberá, entre ellos Grau, y una multa de 146.000 euros para el PP en calidad de persona jurídica.

Se considera culpables de un delito de blanqueo a 49 personas, en su mayoría concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de Valencia, y también al PP como persona jurídica.

Por estos hechos se reclama a la gran mayoría de procesados una pena de 4 años de prisión y una multa de 100.000 euros, salvo para Grau y García Fuster, para quienes la pena se eleva hasta los 6 años (con idéntica multa).

Además, se considera a Grau y dos exresponsables de empresas municipales autores de haber desviado 1,8 millones de euros de fondos públicos a campañas del PP de Valencia, y por este motivo se les reclama una pena de 5 años de prisión y la devolución de esos fondos a las arcas públicas.

Tanto Grau como Fuster son considerados por el Ministerio Público responsables de sendos delitos de cohecho (continuado en el caso de la segunda), por el que se les pide una pena de cuatro años y uno, respectivamente.

EL ORIGEN DEL “PITUFEO”

El germen de esta pieza judicial tiene su origen en el caso Imelsa, que se destapó al descubrir irregularidades en la gestión de la empresa pública del mismo nombre, dependiente de la Diputación de Valencia, y se ha extendido hasta desarrollarse en una decena de piezas en las que se investigan corruptelas en el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat durante sucesivos gobiernos del PP.

La investigación, según detalla el fiscal, “ha permitido desentrañar una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones creadas en el seno de dicho Ayuntamiento”.

También “la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes del PP, gestionados en parte en efectivo y en parte a través de una cuenta que permanecía oculta a cualquier control financiero del PP o de la Intervención”.

Estas operativas permitieron, supuestamente, al PP de Valencia presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 abonando gastos electorales al margen de la contabilidad oficial, la que supervisaba el Tribunal de Cuentas.

El fiscal detalla toda la operativa que supuestamente siguieron los máximos responsables del PP municipal en los tres citados periodos electorales para la recaudación de donaciones ilícitas a empresarios contratistas del Ayuntamiento, o el desvío de fondos de empresas y fundaciones financiadas en su totalidad por las arcas públicas.

Todo ello, añade, “por la obtención de beneficios o contratos en el Ayuntamiento de Valencia, dada la mayoría absoluta que ostentaba el Partido Popular, que había generado un sistemático clientelismo”.

... Y UN SOBRE ANÓNIMO

En 2015, Grau abandonó sus cargos en el Ayuntamiento y el PP por sus “problemas judiciales” en el caso Nóos, y fue reemplazado por Alfonso Novo, hasta entonces concejal del equipo de gobierno de Barberá y llamado a ser uno de sus posibles sucesores.

Pero entonces la Fiscalía recibió un sobre anónimo en el que se denunció que “el nuevo recaudador, Alfonso Novo, está realizando dicha operativa delictiva”. La investigación abierta desde entonces ha desembocado en este proceso.

Jordi Ferrer