El Gobierno no ha podido notificar a toda la familia Franco la exhumación pero mantiene los plazos para final de año
Ha terminado el verano y los restos de Francisco Franco siguen enterrados en el Valle de los Caídos, a pesar de la intención de Pedro Sánchez de exhumar al dictador antes de irse de vacaciones. El presidente admitió que los procedimientos eran más complicados de lo que había pensado en un inicio y, finalmente, el Gobierno calculó que la exhumación se produciría a finales de año. Ahora el Ejecutivo ha iniciado, con el envío de las notificaciones del expediente informativo a la familia, el procedimiento que fijó el decreto ley con el que se dotó de un blindaje legal para sacar el cadáver de la basílica y asegura que las complicaciones para hacérselas llegar no va a afectar a la fecha prevista, que la portavoz situó en torno a las navidades.
El Gobierno localizó en la primera semana de septiembre los domicilios de los siete nietos del dictador a los que tenía que notificar el expediente de exhumación y procedió a su envío en los días posteriores. También los monjes benedictinos eran receptores de la notificación en calidad de “interesados”. Todos, a excepción de uno de los nietos, han recibido el escrito en su dirección postal.
“Hay uno al que no se localiza”, admiten fuentes del Gobierno, que reconocen que esa circunstancia “dilata mínimamente” el procedimiento, pero aseguran que el plazo de exhumación fijado por la vicepresidenta, Carmen Calvo, para finales de año se mantendrá: “Da tiempo. Está todo contemplado”. “Se está solucionando”, agregan esas fuentes, que esperan que la notificación formal se produzca “próximamente”. “El Gobierno está haciendo todo lo posible para que así sea”, dicen desde en Moncloa, donde apuntan a la vía administrativa.
La imposibilidad de entregar la notificación es importante para el proceso ya que hasta que no estén todos informados formalmente no puede seguir adelante. La siguiente fase comienza, una vez avisados, con un plazo de quince días para la presentación de alegaciones por parte de los interesados.
“En relación a los tiempos –explicó el pasado 31 de agosto la portavoz, Isabel Celaá –se abre un periodo de 15 días para alegaciones, que empezarán a contar cuando realmente sean notificadas las partes, obviamente como siempre ocurre en estos casos”.
En Moncloa admiten que la imposibilidad de comunicarle el expediente a uno de los nietos se “ha retrasado”, pero subrayan que no afectará a la tramitación global del expediente. Insisten en Moncloa en el que el “obstáculo” se resolverá en los próximos días y que se pondrá en marcha el siguiente trámite a través del Consejo de Ministras: remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a través del Ministerio de Justicia, el correspondiente proyecto para llevar a cabo la exhumación. Además, el departamento que dirige Dolores Delgado tendrá que solicitar a partir de entonces a la Comunidad de Madrid un informe no vinculante en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.
Concluidas esas dos cuestiones, los familiares y los monjes benedictinos podrían alegar de nuevo en un plazo de diez días así como comunicar al Gobierno si se hace cargo de los restos. Al finalizar esos pasos, el Consejo de Ministras aprobaría un acuerdo definitivo para exhumar al dictador y llevarlo a otro lugar que, en caso de que los familiares no señalaran, elegiría el Gobierno.
¿Franco en la Almudena? “Habrá que ver las razones”
A pesar de que uno de los descendientes de Franco –algunas fuentes apuntan a que se trata de Merry, que vive en Estados Unidos– está impidiendo que el proceso siga adelante al no haber sido posible entregarle la notificación, el que está ejerciendo de portavoz, Francis Franco, ya ha registrado en el Ministerio de Justicia sus alegaciones al procedimiento.
Los nietos plantean que el dictador sea enterrado en la Almudena si es exhumado, según adelantó La Razón. El Gobierno tendrá que analizar esa propuesta, que supondría llevar el cadáver desde el Valle de los Caídos a la catedral de Madrid, en pleno centro de la capital. ¿El Gobierno puede oponerse a la propuesta que hace la familia Franco sobre su nueva ubicación? “Habrá que estudiar las razones que esgrime”, señalan fuentes de Moncloa.
Los descendientes del dictador mantienen su oposición a la exhumación del cadáver con argumentos como la “inconstitucionalidad” de la modificación de la ley de memoria histórica a través de un decreto ley por “la inexistencia de una situación de 'extraordinaria y urgente necesidad'” y asimismo alega que el Gobierno vulnera “el derecho fundamental a la intimidad personal”, informó EFE.
La familia ya advirtió de que daría la batalla contra la decisión de Sánchez de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Unos días después de que el Consejo de Ministras aprobara el real decreto ley con el que daba vía libre a la exhumación, la familia envió un burofax a Moncloa en el que amenazaban con emprender acciones legales contra Sánchez, a quien le atribuyen los delitos de prevaricación y profanación de tumbas.
