Investigan si Púnica amañó una recalificación de terrenos de El Corte Inglés

Madrid, 15 jul (EFE).- El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha comenzado a investigar, obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un presunto amaño en la recalificación de unos terrenos propiedad de El Corte Inglés en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Valdemoro (Madrid), aprobado en 2004, siendo alcalde el exconsejero del PP Francisco Granados.

En ese contexto ha llamado a declarar como investigados el próximo 24 de julio al representante de El Corte Inglés en estas operaciones, Faustino José Soriano Atienza, y a Javier Cid Sicluna, hermano del constructor Ramiro Cid Sicluna, ya imputado como presunto integrante de la trama de Granados en Valdemoro.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe y ha adelantado La Información, el juez se limita a acordar estas citaciones y rechaza imponer una serie de medidas cautelares a los investigados como el embargo de bienes que le reclamaron las fiscales del caso.

El magistrado de la Audiencia Nacional, al que el 27 de agosto le vence el plazo de instrucción de Púnica, ya desechó en su día, en contra del criterio de la Fiscalía, la posibilidad de abrir esta línea de investigación que reclamaron las acusaciones que ejercen el PSOE y ADADE.

Tras recurrir la negativa del juez, la Sala de lo Penal dio la razón a las acusaciones y obligó al instructor a practicar las diligencias de investigación que solicitaron, fundamentalmente la citación del representante de El Corte Inglés.

Ahora, antes de adoptar cualquier tipo de medida cautelar sobre los investigados, García Castellón considera que previamente hay que demostrar “la posible concertación” de Granados con el arrepentido de Púnica David Marjaliza, y los hermanos Cid Sicluna, “para la obtención de un beneficio con la actividad urbanística del municipio de Valdemoro”.

Lo mismo sucede, añade, con las “transacciones realizadas con la mercantil El Corte Inglés, del que el Sr. Soriano era su representante, en la materialización de los contratos expuestos, en tanto que Jefe de su asesoría jurídica”.

Y es que para el juez no se aprecia “en este momento una actividad indiciaria suficiente que permita vincular la actividad de los primeros, con la del sr. Soriano”.

Para el juez “es importante acreditar en qué medida se trataba de un plan criminal y hasta donde llegó la intervención de la mercantil El Corte Inglés como ente social, o bien si la responsabilidad se circunscribe a uno de sus empleados”.

Según las acusaciones con la formulación de un nuevo PGOU, que se aprobó en 2004, se formalizan dos contratos con El Corte Inglés.

El primero, estando aún Granados de alcalde, de venta del 87,66% de las fincas rústicas de El Corte Inglés en el Majuelo, que en el nuevo plan ya figuran como urbanizables y de uso residencial, y con compromiso de que el otro 12,34% se le entregará a El Corte Inglés como 16.650 m2 de suelo para vivienda libre.

El segundo es un contrato de permuta entre el Ayuntamiento de Valdemoro (ya con nuevo alcalde, José Miguel Moreno Torres, que era concejal de urbanismo en la etapa anterior) y El Corte Inglés.

Mediante esta permuta, a cambio de esos 16.650 m2 urbanizados y destinados a la construcción de vivienda libre, el Ayuntamiento, según la acusación, le daba al Corte Inglés 188.775 m2 de suelo industrial en el nuevo polígono I-5 La Peluquera, para instalar su sede logística, terreno más próximo a Madrid y con mejor acceso a las vías de comunicación

“Con posterioridad a estos acuerdos, se pone paulatinamente en marcha todo el proceso de desarrollo urbanístico mediante planes parciales o Juntas de Compensación, lo que verdaderamente hace efectivos los compromisos”, aseguraban.