La renovación del CGPJ y el cambio de la Constitución: las reformas que dependen de un PP dispuesto a torpedearlo todo

El escenario político que se dibuja para la XIV Legislatura que acaba de iniciarse, con unas derechas dispuestas a todo con tal de boicotear al nuevo Gobierno progresista, aventura un nuevo bloqueo de las grandes reformas constitucionales prometidas por la izquierda en los últimos años. La renovación de órganos del Estado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –pendiente desde diciembre de 2018– o el Tribunal Constitucional (TC) son algunas de las tareas que necesitan el concurso de las derechas.

A pesar del acuerdo de Gobierno de coalición alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, al ajustado margen de tan solo dos votos (167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones) con el que el pasado martes fue investido Pedro Sánchez se suma la reiterada negativa del Partido Popular a participar en cualquier reforma.

Esos votos de la formación conservadora resultan en cambio imprescindibles para poder renovar el Poder Judicial o modificar la Carta Magna incluso aunque la izquierda sumara a la mayoría simple de la investidura los 13 diputados de ERC, los 5 de EH Bildu o la improbable adhesión de Junts per Catalunya (8 escaños) y Ciudadanos (10). La suma alcanzaría 203 escaños –209 si se adhieren todas las fuerzas regionalistas– y se quedaría lejos de las mayorías cualificadas que exige la Constitución para poder poner en marcha esas reformas.

El principal texto del ordenamiento jurídico español establece que se necesita una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados –210 votos– para aprobar los proyectos de reforma constitucional y para los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional; de dos tercios –234 votos– para la aprobación del principio de una revisión total de la Constitución y del nuevo texto constitucional y para la aprobación por el Congreso del proyecto de reforma constitucional cuando haya fallado el procedimiento principal y el Senado haya aprobado previamente el texto por mayoría absoluta.

La imposible alternativa con Vox

La unión de las izquierdas y de las fuerzas nacionalistas, independentistas o regionalistas necesitaría por tanto sumar al PP (88 escaños) o a Vox (52) para alcanzar esas mayorías absolutas. El acuerdo con la extrema derecha se da por imposible por parte de PSOE y Unidas Podemos, que han querido trazar un cordón sanitario ante los de Santiago Abascal. Y el PP ya ha dicho, por su parte, que no tiene intención de entrar a negociar con un Ejecutivo que, según el propio Pablo Casado, está formado por “comunistas, independentistas y batasunos”.

Fuentes de la dirección nacional de los populares consultadas por eldiario.es confirman que no hay ningún contacto con los socialistas para poder llevar a cabo esas reformas. “No hay nada al respecto”, insisten en Génova 13, que tampoco contempla iniciar ninguna negociación en los próximos meses.

El equipo de Casado también ha dicho que“con el Partido Popular en el Congreso no se va a reformar la Constitución”, una modificación imprescindible para, por ejemplo, convocar un referéndum de autodeterminación en Catalunya como el que reclaman las fuerzas nacionalistas o cambiar el modelo territorial hacia un Estado federal como el que pretende el PSOE.

Hace más de un año, a finales de 2018, Casado dio la orden a sus compañeros de filas de interrumpir cualquier tipo de diálogo con el PSOE para las reformas constitucionales y la renovación de los principales órganos del Estado, después de que saltara por los aires el acuerdo alcanzado in extremis en noviembre de ese año –al borde del plazo– entre el PP y los socialistas para renovar el CGPJ.

El 'whatsapp' de Cosidó

El detonante de la ruptura fue un mensaje de WhatsApp que el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores a través de un chat de grupo. En el mensaje, Cosidó presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– al nombrar al juez conservador Manuel Marchena presidente del mismo.

La elección del presidente es una potestad que únicamente corresponde a los vocales, pero que socialistas y populares dieron por hecha incluso antes de elegir oficialmente a esos vocales. El exportavoz popular en el Senado aseguró en el mensaje que con el pacto el PP veía garantizado el control del Tribunal Supremo “desde atrás”. Se trataba, según las palabras literales del mencionado wasap, de “una jugada estupenda”.

Un día después de conocerse el mensaje de Cosidó, el magistrado Marchena decidió renunciar a formar parte del nuevo CGPJ. En un comunicado en el que defendió su “independencia”, el magistrado del Tribunal Supremo aseguró que “jamás” había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como “un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Y resaltó que su desempeño como juez es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas.

Una vez conocida la decisión de Marchena y tras constatar que la presidencia del CGPJ podía no estar garantizada para el bando conservador, el PP decidió romper el acuerdo. Pablo Casado compareció ante su grupo en el Congreso e improvisó una reforma de la Ley del Poder Judicial comprometiéndose “a volver al sistema de elección judicial que consagra la Constitución Española”, es decir, que sean los propios jueces los que propongan una lista de 12 candidatos que deberían ser refrendados luego por el Congreso y el Senado.

Un diálogo interrumpido

Aunque contó con el apoyo de Ciudadanos, su plan para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial fue tumbado por el Congreso el 20 de diciembre de 2018. Desde entonces, el diálogo entre PSOE y PP para promulgrar las reformas en los organismos del Estado no se ha retomado a pesar de las cuatro reuniones mantenidas hasta ahora por Pablo Casado y Pedro Sánchez y los reiterados ofrecimientos del líder de los populares a los socialistas para suscribir distintos pactos de Estado.