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El Congreso tumba la reforma del Poder Judicial que el PP improvisó tras el wasap de Cosidó y la renuncia de Marchena

Populares y Ciudadanos se quedan solos en su defensa de la enmienda para que los vocales del CGPJ sean designados por los jueces y no por el Parlamento

Casado incluyó la propuesta tras saltar por los aires el acuerdo que había alcanzado con el PSOE para hacer a Marchena presidente del Poder Judicial

El magistrado decidió rechazar el puesto al conocer el mensaje que Cosidó envió a todos los senadores del PP presumiendo de "controlar" la sala del procés

Ignacio Cosidó, Pablo Casado y Teodoro García Egea antes de la reunión del Partido Popular en el Senado.

Ignacio Cosidó, Pablo Casado y Teodoro García Egea. Eduardo Parra / Europa Press

El "bloque de centro derecha", ese nuevo concepto al que el líder del PP, Pablo Casado, se refiere para aludir a la suma de su partido y Ciudadanos –a raíz de las elecciones andaluzas también incluye a Vox– ha vuelto a constatar su situación de minoría en el Congreso de los Diputados este miércoles, donde el resto de grupos han tumbado su plan para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fue la segunda derrota del día tras fracasar ambos en su intento de echar abajo la senda del déficit aprobada por los partidos que auparon a Sánchez a la presidencia del Gobierno el pasado julio, semanas después de conocerse la sentencia de Gürtel. 

La unión de la izquierda y las formaciones nacionalistas impidió también la aprobación en Pleno de la enmienda presentada por los populares y el partido de Albert Rivera para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean escogidos por los propios jueces y magistrados frente a la fórmula actual que designa a los miembros del máximo órgano de los jueces a través del Parlamento, donde reside la soberanía popular.

La enmienda fue registrada por el PP in extremis hace justo un mes, el 20 de noviembre, último día del plazo para poder presentarla, después de que el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial saltara por los aires a raíz de un mensaje de WhatsApp que el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores a través de un chat de grupo. 

En el mensaje, Cosidó presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– y nombrar al juez conservador Manuel Marchena presidente del mismo. La elección del presidente es una potestad que únicamente corresponde a los vocales, pero que socialistas y populares dieron por hecha incluso antes de elegir oficialmente a esos vocales. El portavoz popular en el Senado aseguró en el mensaje que con el pacto el PP veía garantizado el control del Tribunal Supremo "desde atrás". Se trataba, según las palabras literales del mencionado wasap, de "una jugada estupenda".

Una lista de 12 candidatos

Un día después de conocerse el mensaje de Cosidó, el magistrado Marchena decidió renunciar a formar parte del nuevo CGPJ. En un comunicado en el que defendió su "independencia", el magistrado del Tribunal Supremo aseguró que "jamás" había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como "un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal". Y resaltó que su desempeño como juez es "la mejor muestra" de que "jamás" ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas. 

Una vez conocida la decisión de Marchena y tras constatar que la presidencia del CGPJ podía no estar garantizada para el bando conservador, el PP decidió romper el acuerdo. Pablo Casado compareció ante su grupo en el Congreso e improvisó una reforma de la Ley del Poder Judicial comprometiéndose "a volver al sistema de elección judicial que consagra la Constitución Española", es decir, que sean los propios jueces los que propongan una lista de 12 candidatos que deberían ser refrendados luego por el Congreso y el Senado. Ese fue el objetivo de la enmienda que hoy ha sido tumbada en la Cámara Baja.

Durante el debate de este miércoles todos los grupos de la izquierda y los nacionalistas han afeado a PP y Ciudadanos el carácter "oportunista" y "partidista" de la enmienda. El diputado socialista Juan Carlos Campo recordaba que "ocurrieron cosas poco edificantes para un sistema democrático que llevaron al PP a proponer sus medidas", pero consideraba que el órgano de gobierno de los jueces "se merece más respeto, y la justicia y los ciudadanos también". Instaba, así, a plantearse "qué modelo de Consejo" quieren los partidos.

Eduardo Santos, portavoz de Unidos Podemos, también expresaba su rechazo a las enmiendas que a su juicio motivaron el "desastre de la negociación" de la renovación del CGPJ. El diputado ha recriminado a los populares que hayan roto el acuerdo que ambos partidos tenían también con el PSOE "y sin respetar ningún tipo de diálogo". "Lo que no se puede es hurtar el debate cargándose el diálogo con una medida populista dirigida al gremio", apuntaba.

164 votos a favor y 176 en contra

Las críticas también llegaban de las formaciones independentistas. Carolina Telechea, de ERC, calificaba de "parche" las enmiendas que proponían PP y Ciudadanos porque "sólo atienden a intereses partidistas" e instaba a reflexionar sobre el modelo de judicatura. Desde el PDeCAT, Lourdes Ciuró criticaba que no reconoce el texto que salió en la primera ronda del Congreso, y Mikel Legarda, del PNV, reprochaba a PP y Ciudadanos querer "llevar a empujones" a los demás a aprobar sus enmiendas por sus errores ya que, en su opinión, "el problema no es el sistema de elección" de los vocales, sino "la lógica de las cuotas ciegas entre partidos".

Bajo la premisa de una supuesta lucha por la "despolitización" de la justicia, los representantes populares y de Ciudadanos han defendido su iniciativa sin éxito. El pleno ha rechazado la enmienda para cambiar el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ con 164 votos a favor y 176 en contra. Desde el 4 de diciembre, el órgano de gobierno de los jueces está en funciones tras haber agotado su mandato sin planes de renovación a la vista y con los puentes entre PSOE y PP rotos.

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