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ENTREVISTA Vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial

José María Macías: “La dimisión de Lesmes va a provocar más daño que solución al Poder Judicial”

Elena Herrera

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José María Macías (Barcelona, 1964) es el hombre fuerte de la derecha en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Magistrado en excedencia y socio del bufete Cuatrecasas, se muestra muy crítico con la decisión del presidente, Carlos Lesmes, de dejar su cargo si no hay un acuerdo inminente para la renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. Asegura que la renuncia de Lesmes “va a provocar más daño que solución al Poder Judicial” y descarta su propia dimisión. “No es momento de flaquear. Y menos cuando la situación se va a agravar más como consecuencia de la salida del presidente”, afirma. 

El sector conservador rechaza que haya "urgencia" para renovar el Constitucional pese a incumplir el plazo legal y no propone candidatos

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Macías es uno de los ocho miembros del núcleo duro del bloque conservador que sigue bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional que debería haberse hecho antes del 13 de septiembre. Sin embargo, niega estar incumpliendo la ley.  Se muestra duro con el Gobierno, al que acusa de “meter presión” a los vocales para hacer estas designaciones y al que culpa de la “parálisis” del Supremo, donde se acumulan las vacantes sin cubrir por la situación de interinidad del CGPJ. De hecho, califica de “aberración jurídica” la reforma que impide al órgano hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado. 

El CGPJ camina hacia los cuatro años en funciones. ¿Afecta esta situación de parálisis a la imagen de la Justicia?

Afecta muy negativamente. Y no es bueno para nadie. Incluido para los ciudadanos, pues no es bueno que tengan instituciones deslegitimadas por este tipo de circunstancias. No es por buscar un argumento de defensa, pero la responsabilidad de esta situación es puramente política, no es del Consejo.

¿A quién considera culpable?

Mi función y mi percepción no es distribuir culpas en un asunto que no me corresponde. Es la incapacidad política de todos. Hay argumentos que creo, como que estamos fuera de los estándares europeos [por el actual sistema de elección de vocales] y que eso no es nada bueno. Por otro lado, entiendo que tenemos una previsión constitucional interpretable para ser adaptada, pero que también exige un esfuerzo por parte de todos. No solo de los que exigen el cumplimiento de los estándares europeos si no de todos. Fuera de eso, sin embargo, está el tema de la parálisis en la posibilidad de hacer nombramientos. De eso solo hay un culpable único y exclusivo, el Gobierno. 

Se refiere a la ley que limitó las atribuciones del CGPJ cuando está funciones. ¿No había que resolver la laguna jurídica que suponía la falta de regulación sobre qué funciones puede hacer la institución con el mandato caducado?

No. Se hizo un paralelismo absurdo entre un Gobierno en funciones y el CGPJ en funciones que es una aberración jurídica. Eso sólo se le ocurre a alguien que no sabe de lo que habla o que quiere paralizar el CGPJ con una excusa. Cuando desaparece el vínculo entre la Cámara y el Gobierno, el Gobierno deja de estar legitimado y sólo puede actuar con carácter de mínimos para no socavar lo que vaya a hacer otro Gobierno que tenga esa legitimación. El CGPJ no responde a las Cámaras. Es más, si respondiera a las Cámaras estaría infringiendo el principio de división de poderes. 

Una de las ocasiones en las que parecía cercano el acuerdo, el PP rompió las negociaciones al vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones. ¿Qué le parece? ¿Supone eso deslegitimar a esa formación y expulsar de la democracia a los ciudadanos que la apoyaron?

No lo recuerdo así. 

Fue en febrero de 2021, tras renovar el consejo de RTVE. 

Me refiero a que atendiendo a la cronología ha habido dos momentos de pacto. Uno con el pacto prácticamente cerrado, en verano, y hay una fuerza política que decide plantear un conflicto en relación con la Jefatura del Estado y poner muy incómodo a la parte mayoritaria del Gobierno al que pertenecía y todavía más incómodo al PP. Y eso fue motivo de ruptura. La segunda, después de mucho transitar, se consigue cerrar un pacto. No fue una oposición del PP a que Podemos nombrara a un candidato. La oposición fue a una persona [José Ricardo de Prada] que iba a entrar por un turno que no le correspondía teniendo en cuenta que era juez, que estaba en activo y que no se había sometido al escrutinio de sus pares. Eso sonaba a un fraude de ley para que alguien, saltándose los requisitos del turno, fuera validado por la otra fuerza política. Yo tampoco lo habría hecho. 

Usted es juez y entró por el turno de juristas. 

No tiene nada que ver con esa situación. Yo estoy en excedencia voluntaria y no ejerzo desde el año 2005. Llevo mucho más tiempo como abogado —prácticamente 18 años—, que como juez, que estuve 15. Este señor estaba en servicio activo. Si hubiese estado desvinculado de la carrera judicial, nada que oponer. 

¿Cree que ese fue realmente el problema y no su trayectoria y el hecho de que fuera propuesto por Unidas Podemos? 

Sí. Estoy convencido de que si se hubiera propuesto a otras personas de talante político cercano a Podemos o IU no hubiera habido conflicto. Siempre que no fueran jueces en activo, claro. 

Uno de sus compañeros, Álvaro Cuesta, dijo en una entrevista que se sentía una suerte de ‘okupa’ en el CGPJ. ¿Lo comparte? 

Por Álvaro tengo el mayor de los cariños, él lo sabe. Pero no siempre tiene expresiones afortunadas y esta fue una muy desafortunada por lo que tenía de poco coherente. Un okupa nunca se califica a sí mismo de okupa. Si cree que está haciendo algo que no debe lo primero que tiene que hacer es poner fin a esa situación y él no lo ha hecho. No es un tema de okupación, es un tema de responsabilidad. El presidente, con cuya decisión no estoy en absoluto de acuerdo, ha dicho que los vocales tienen una responsabilidad y que esa responsabilidad si se incumple de manera colectiva —no lo dijo así, pero era a lo que quería aludir— podía incluso suponer la comisión de un delito. Fue del que se acusó en su día a los controladores aéreos, de un delito del artículo 409 del Código Penal de abandono colectivo del servicio.

¿Tiene sentido que dimita Lesmes y no lo hagan los vocales que lo eligieron presidente en 2013?

Tenía sentido antes de la LO 4/2021 [la norma que impide al CGPJ hacer nombramientos en funciones] porque cuando eso sucedía se nombraba a otro presidente. Ahora la situación es jurídicamente más compleja. Por eso, entre otras razones, no veo nada acertada la dimisión. Entre los muchos defectos técnicos de esa ley está la imprevisión de qué sucede cuando impides que la sexta autoridad del Estado pueda ser repuesta. Si el presidente del CGPJ decide no seguir, provoca mucho más daño que solución. 

¿Usted no se plantea dimitir?

No. Y mire que estoy harto, mi familia también está agotada. Últimamente vamos también al plano personal de los insultos, de acusaciones como “golpista” que me han llegado a poner en un periódico de gran tirada. El día que cometí el error de aceptar incorporarme al Consejo lo cometí con todas sus consecuencias. Y no es el momento ahora de flaquear. Y menos cuando la situación se va a agravar más como consecuencia de la salida del presidente. 

Es la tercera vez que el PP, cuando está en la oposición, pone trabas a la renovación del CGPJ y logra mantener en ese órgano la mayoría conservadora que no logró en las urnas. ¿No cree que es una anomalía democrática?

La anomalía es del sistema. Si hay algo que quieren los estándares europeos para asegurar la independencia judicial es que haya lejanía del juez y de su gobierno respecto de otros poderes del Estado. La idea es que no se puedan producir interferencias estableciendo un vínculo directo entre la clase política y el Poder Judicial. El CGPJ no tiene que responder a las mayorías del Parlamento. 

Pero es lo que establece el actual sistema, que prevé la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ con una mayoría reforzada. 

No somos el Fiscal General del Estado que cesa con el Gobierno que le nombra. ¿Yo he pasado ya por cuántas elecciones?

El fiscal general es nombrado a propuesta del Ejecutivo, mientras que los vocales dependen del Poder Legislativo. Los nombra el Parlamento. 

Sí, pero el Gobierno se renueva cuando pierde la confianza del legislativo. De entrada, mi mandato es superior al de un Parlamento. Se asume que voy a estar más tiempo que el Parlamento que me nombra. Y si el Parlamento se disuelve y se recomponen las mayorías, el CGPJ no se disuelve. Es que esa correlación no está en nuestro sistema. Otra cosa es que en un argumentario en el que no se asume que el Poder Judicial tiene que ser independiente y su gobierno también, se considera que es una anomalía que no suceda lo que no tiene que suceder. Esa correlación demuestra que tenemos un problema. El argumento en sí demuestra que hemos desconocido lo que implica la independencia, el sistema original de la Constitución, que se avanzó a los estándares europeos. 

Pero el Constitucional avaló este sistema en 1986. 

Sí, pero con un matiz [apuntó el riesgo de traspasar al Poder Judicial la lucha partidista]. Si el Constitucional tuviera que dictar hoy esa sentencia, diría que la ley es inconstitucional. Europa está diciendo que es necesario establecer un sistema en el que no haya apariencia de vínculo entre el Poder Legislativo y Ejecutivo y el Judicial. En una sentencia reciente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que se viola el derecho al juicio equitativo por el hecho de que una Sala del Supremo de Polonia haya dictado una sentencia con jueces nombrados por un Consejo elegido como el nuestro. 

¿Cree que hay que cambiar la ley antes de renovar el CGPJ?

No. Yo renovaría el Consejo y cambiaría la ley. Entiendo que eso no supone violar el derecho de la Unión siempre y cuando quede claro que vamos en esa dirección. Todo tiene un tránsito. Que el próximo Consejo sea de transición me parece incluso más razonable. Pero tiene que haber un mínimo de seriedad en el planteamiento del tránsito. 

El PP incluyó esta medida en su programa de 2011 y llegó a incluirla en 2013 en un anteproyecto de ley que luego acabó en un cajón. 

Fue un grave error, un inmenso error de poca visión de Estado. Es beneficio para todos que de una vez por todas el Poder Judicial quede al margen. Si no, siempre se va a tener la tentación de meter las manos en él. Ahora estamos pagando las consecuencias. Que alguien que ha cometido un gran error haga propósito de enmienda y diga que lo quiere remediar, bienvenido sea siempre que lo cumpla. Si no, la decepción va a ser inmensa. 

¿La polarización política también se percibe en el CGPJ?

En algunos momentos, sí. Las cosas son lo que parecen. El TEDH dice que hay que guardar las apariencias porque la opinión pública forma su percepción de las cosas con las apariencias. Si usted parece que está politizado es que está politizado. Y todo lo que usted haga, incluido nombrar jueces, va a parecer politizado. 

¿Le preocupa?

Hasta cierto punto o para según qué. No me preocupa en mi quehacer personal porque sé que no respondo a ningún planteamiento político. A mí me propuso el PP, pero cuando llegué al Consejo el PP no sabía que me había propuesto. 

¿Por qué?

Mi situación era peculiar. Yo llegué cuando ya llevaba un año de recorrido. Mercè Pigem dimitió en octubre del año anterior. Yo era un segundo suplente, mi vinculación no tenía nada que ver con el PP. No había hablado en la vida, que yo sepa, con alguien que perteneciera al PP. Mi vinculación era con una asociación de jueces a pesar de que era abogado en activo. Fui director general en un Gobierno de la Generalitat, no soy catalanista ni nacionalista. Mi desvinculación con la política es tan rotunda como para ser inexistente. 

El CGPJ debería haber designado a dos magistrados del Tribunal Constitucional el pasado 13 de septiembre. Ese plazo legal se cumplió hace dos semanas y sigue sin haber nombramientos. ¿Qué les impide hacerlo? 

No es que le quiera corregir. Es la palabra incumplir la que me produce… 

La ley establece un plazo de tres meses que venció ese día. 

Sí, sí. Establece un plazo de tres meses a contar desde un mes y medio antes, lo que da idea de la brillantez técnica del que hizo. Yo creo que el nivel del Parlamento cada día es peor. 

Es una ley aprobada por una mayoría parlamentaria. 

Es una ley aprobada por una mayoría parlamentaria que encaja dentro de otra ley que establece más obligaciones que para mí son las principales, como cuidar de la independencia de los tribunales y su buen funcionamiento. Y tengo que estar a todo, absolutamente a todo. Esto de destacar un artículo de la ley y olvidarme del resto es un lujo que se puede permitir quien no tiene responsabilidad en el tema. Si la ley 4/2021 no nos hubiera impedido funcionar, los magistrados estarían nombrados desde el 12 de junio. Por cierto, la misma fecha que está incumpliendo el Gobierno que no tiene ningún problema para designar a los suyos y no hay manera de entender por qué no lo hace.

No es una situación de bloqueo por nuestra parte. El interés en nombrar es genuino, pero yo también quiero solucionar la situación del Tribunal Supremo, que es de donde van a salir estos magistrados y donde la sucesión de bajas que se están produciendo por jubilación impide un funcionamiento con normalidad. Yo quiero poder hacerlo todo porque mi obligación es hacerlo todo: nombrar los magistrados del Constitucional y solucionar la situación del Supremo. Y si de alguna manera puedo ayudar a que me echen ya de una vez en condiciones y me releve otro Consejo, pues bienvenido sea. Estamos en esas discusiones, no estamos bloqueando nada. Lo que pasa es que meter un plazo ahí provoca distorsiones. Es una ley y la vamos a cumplir, pero los problemas que causa esa ley también los tenemos que solucionar. Yo confío mucho en lo que haga Reynders [el comisario europeo de Justicia, que visita España esta semana]. Creo que hace falta alguien ajeno a la contaminación que vivimos para que lo solucione.

¿Siguen sin encontrar candidatos? Los vocales progresistas han propuesto nueve nombres entre los que hay dos conservadores. Y Lesmes dijo que “sobraban” magistrados que quieren ir al Constitucional, que eso no es un problema. 

Aquí hay que entrar con mucho cuidado porque hay que evitar hacer daño a las personas. Y el juicio que se tiene que hacer es muy complejo, no se limita al mérito y la capacidad. El propio Constitucional ha aludido a la “perspectiva política” que se ha de tener en cuenta a la hora de hacer los nombramientos. Así que entenderá que me interesa mucho saber quiénes son los candidatos del Gobierno.

¿Quiere decir eso que van a poner como condición saber antes a quién va a proponer el Gobierno?

No, no. Yo no pongo condiciones de ningún tipo. Lo que digo es que el nombramiento es complejo y no consiste en poner dos nombres cualquiera sobre la mesa. Y que dentro de la complejidad que esto conlleva tiene que cubrir muchos factores. Seguimos sin encontrar candidatos. Hemos hablado con juristas de reconocido prestigio y muchos como Pablo Llarena, Ignacio Sancho, Antonio del Moral o Manuel Marchena han dicho que no quieren. ¿Puede haber nombres que sí quieren? Sí, pero ahora entramos en la valoración. 

¿Considera que Lesmes está “maniobrando” para que se lleven a cabo estos nombramientos antes de su dimisión, como han dicho algunos vocales? 

Los contactos son habituales, yo no hablaría de maniobra. Pero es verdad que el presidente no se había implicado nunca en las conversaciones entre vocales de uno y otro grupo sobre nombramientos. 

¿Y ahora sí lo ha hecho?

Conmigo no lo ha hecho. Pero es posible que haya hablado con personas para sondear cómo van las cosas y que se haya implicado en esas negociaciones. Pero, insisto, yo a eso no lo llamaría maniobrar. Este tipo de contactos no son en absoluto anómalos. Y la palabra maniobrar da idea de algo oscuro o negativo. 

¿Puede permitirse la institución más importante del Poder Judicial ignorar el cumplimiento de una ley que le afecta? 

Es que parte de una premisa que yo no comparto, que es que es un incumplimiento. No es un incumplimiento. 

¿No les concierne ese plazo?

El plazo está ahí y nos concierne. Antes del día 13 nos reunimos, el día 8 empezamos a negociar. Estamos en curso de unas negociaciones no fructíferas hasta el momento. Yo no descarto que puedan serlo la semana próxima, pero hasta el momento no han sido fructíferas. 

En su último comunicado dijeron que la “urgencia” no era un criterio a tener en cuenta. 

Es que no lo es. 

Pero cuando ya se ha pasado un plazo legal, quizá sí debe haber algo de urgencia. 

Sí. Pero que esto me lo diga un Gobierno que no ha sido capaz en cuatro años de sacarme del sitio donde estoy por vía de una negociación... 

Un Gobierno y un partido de la oposición que se niega a pactar. 

Ese partido de la oposición no es el que hace leyes raras poniendo plazos que después son absolutamente distorsionantes. Nosotros no estamos incumpliendo en absoluto. Otra cosa es que no hayamos podido fructificar, de la misma manera que en sus negociaciones —y teniendo un plazo constitucional— el PSOE y el PP no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Y yo de ellos no diría que estén incumpliendo. No sería la palabra que emplearía.

¿Qué palabra usaría? 

Yo hablaría de incapacidad política para trabajar acuerdos, falta de visión de Estado, pero no hablaría de incumplimiento, que es una acción voluntaria en la que la Constitución queda al margen. Yo eso no se lo atribuyo ni al PSOE ni al PP. Sí los llamaré incapaces, pero no incumplidores. Lamento que dentro de su planteamiento de cómo meter presión a los vocales hayan optado por establecer un plazo jurídicamente absurdo y sin consecuencias jurídicas para poder decir que estamos incumpliendo y ofendernos diciendo que no nos tendrían que pagar y ese tipo de zarandajas que llevamos dos semanas escuchando. 

¿La respuesta a esa “presión” es dilatar los nombramientos?

No, ni mucho menos. No hay ninguna intención de dilatar, hay intención de hacer las cosas bien. Yo no soy el culpable de lo que le pase al Supremo, es el que ha hecho lo que ha hecho con la ley [impidiendo los nombramientos en funciones]. Pero eso sí, soy responsable de que funcione bien, entonces quiero conseguirlo todo. Ese es mi planteamiento.

Pero a la vez están contribuyendo a que otro tribunal muy relevante, el Constitucional, siga con el mandato caducado. 

Hay que optar por el mal menor. Si yo saco los magistrados del Tribunal Supremo no tengo manera de cubrir ese hueco. En el Constitucional van a seguir los mismos magistrados. Padece institucionalmente, pero no padece su funcionamiento. Son dos situaciones muy diferentes.

¿Cree que el CGPJ está colaborando con el deterioro institucional al saltarse las leyes que aprueba el Parlamento? 

Yo insisto en que no estoy incumpliendo una ley. Tenemos el objetivo de realizar el nombramiento y cuando fructifique lo haremos. Es cierto que, en un momento determinado, eso puede producir una percepción de deterioro institucional… Pero también produce esa misma percepción que a mí no me renueven o la situación del Supremo. Visto el desastre y estropicio que se ha organizado opto por el mal menor. 

Usted votó en contra del nombramiento del actual fiscal general del Estado porque participó en un acto de una fundación del PSOE. ¿Por qué no puso reparos a los nombramientos de fiscales generales que hizo el gobierno de Rajoy que habían participado en cursos de la FAES?

Lo tuvimos en cuenta. Pero en el momento de valorarlo vimos que los actos tenían un contenido muy diferente. FAES es una fundación que nutre de ideas a un partido político, pero esos actos se habían desenvuelto en un plano estrictamente interno. No eran intervenciones públicas en las que los ciudadanos pudieran llegar a percibir una vinculación. 

¿No eran seminarios con público?

Hasta donde yo sé eran seminarios con participación de los que están en el seminario. No abiertos al público. Lo que no teníamos era una foto al lado de un candidato en el contexto de una precampaña, como en el caso del actual fiscal. Eso era lo que añadía el matiz. Los magistrados y fiscales pueden participar en actos en los que se debata jurídicamente, pero aquello era otra cosa.

Pero participó en una mesa redonda en la que se abordaron cuestiones técnicas y en la que había otros catedráticos de universidad y economistas. 

Sí. Y tiene todo el derecho a la libertad de expresión y a asumir las consecuencias de lo que implica ejercerla en unas determinadas condiciones. Ciertamente, él iba como experto en un acto que se enmarcaba en el contexto de precampaña, sentado al lado del candidato. Era un contexto no adecuado. 

El fiscal general tachó de “frívolos” los argumentos de los vocales conservadores del CGPJ —entre los que se encuentra— que rechazaron su nombramiento. ¿Qué le parece? 

Yo insisto en la libertad de expresión. El comentario fue intensamente meditado, formulado con toda responsabilidad. Frívolo quizá sea ir a según qué actos sin valorar las consecuencias. Desde luego, nosotros nos lo tomamos tan en serio como para no solo votar en contra, sino expresar nuestra opinión por escrito para que fuera conocida. Quizá tendría que buscar mejor en el diccionario el significado de la palabra frívolo, que desde luego no tiene nada que ver con eso.

¿Sigue pensando que el Gobierno quiere “desactivar” al Poder Judicial para “cambiar el régimen” como dijo en un acto en mayo de 2021?

Planteada en esos términos, esa expresión puede resultar un tanto apocalíptica y desde luego no lo es. El día que tomaron posesión los miembros del Gobierno de coalición me encontré con el [entonces] vicepresidente [Pablo Iglesias] literalmente insultando al Poder Judicial. El ataque continuo que se ha ido produciendo desde entonces no es casual y obedece a un programa. Lamentablemente, el tipo de democracias que promueven los movimientos ultras —ya sean de ultraderecha o de movimientos radicales de izquierda— no beneficia a nadie. Y hay que estar atentos. Hay a quien nuestra democracia liberal no le gusta.

José María Macías (Barcelona, 1964) es el hombre fuerte de la derecha en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Magistrado en excedencia y socio del bufete Cuatrecasas, se muestra muy crítico con la decisión del presidente, Carlos Lesmes, de dejar su cargo si no hay un acuerdo inminente para la renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. Asegura que la renuncia de Lesmes “va a provocar más daño que solución al Poder Judicial” y descarta su propia dimisión. “No es momento de flaquear. Y menos cuando la situación se va a agravar más como consecuencia de la salida del presidente”, afirma. 

El sector conservador rechaza que haya "urgencia" para renovar el Constitucional pese a incumplir el plazo legal y no propone candidatos

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Macías es uno de los ocho miembros del núcleo duro del bloque conservador que sigue bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional que debería haberse hecho antes del 13 de septiembre. Sin embargo, niega estar incumpliendo la ley.  Se muestra duro con el Gobierno, al que acusa de “meter presión” a los vocales para hacer estas designaciones y al que culpa de la “parálisis” del Supremo, donde se acumulan las vacantes sin cubrir por la situación de interinidad del CGPJ. De hecho, califica de “aberración jurídica” la reforma que impide al órgano hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado. 

El CGPJ camina hacia los cuatro años en funciones. ¿Afecta esta situación de parálisis a la imagen de la Justicia?

Afecta muy negativamente. Y no es bueno para nadie. Incluido para los ciudadanos, pues no es bueno que tengan instituciones deslegitimadas por este tipo de circunstancias. No es por buscar un argumento de defensa, pero la responsabilidad de esta situación es puramente política, no es del Consejo.

¿A quién considera culpable?

Mi función y mi percepción no es distribuir culpas en un asunto que no me corresponde. Es la incapacidad política de todos. Hay argumentos que creo, como que estamos fuera de los estándares europeos [por el actual sistema de elección de vocales] y que eso no es nada bueno. Por otro lado, entiendo que tenemos una previsión constitucional interpretable para ser adaptada, pero que también exige un esfuerzo por parte de todos. No solo de los que exigen el cumplimiento de los estándares europeos si no de todos. Fuera de eso, sin embargo, está el tema de la parálisis en la posibilidad de hacer nombramientos. De eso solo hay un culpable único y exclusivo, el Gobierno. 

Se refiere a la ley que limitó las atribuciones del CGPJ cuando está funciones. ¿No había que resolver la laguna jurídica que suponía la falta de regulación sobre qué funciones puede hacer la institución con el mandato caducado?

No. Se hizo un paralelismo absurdo entre un Gobierno en funciones y el CGPJ en funciones que es una aberración jurídica. Eso sólo se le ocurre a alguien que no sabe de lo que habla o que quiere paralizar el CGPJ con una excusa. Cuando desaparece el vínculo entre la Cámara y el Gobierno, el Gobierno deja de estar legitimado y sólo puede actuar con carácter de mínimos para no socavar lo que vaya a hacer otro Gobierno que tenga esa legitimación. El CGPJ no responde a las Cámaras. Es más, si respondiera a las Cámaras estaría infringiendo el principio de división de poderes. 

Una de las ocasiones en las que parecía cercano el acuerdo, el PP rompió las negociaciones al vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones. ¿Qué le parece? ¿Supone eso deslegitimar a esa formación y expulsar de la democracia a los ciudadanos que la apoyaron?

No lo recuerdo así. 

Fue en febrero de 2021, tras renovar el consejo de RTVE. 

Me refiero a que atendiendo a la cronología ha habido dos momentos de pacto. Uno con el pacto prácticamente cerrado, en verano, y hay una fuerza política que decide plantear un conflicto en relación con la Jefatura del Estado y poner muy incómodo a la parte mayoritaria del Gobierno al que pertenecía y todavía más incómodo al PP. Y eso fue motivo de ruptura. La segunda, después de mucho transitar, se consigue cerrar un pacto. No fue una oposición del PP a que Podemos nombrara a un candidato. La oposición fue a una persona [José Ricardo de Prada] que iba a entrar por un turno que no le correspondía teniendo en cuenta que era juez, que estaba en activo y que no se había sometido al escrutinio de sus pares. Eso sonaba a un fraude de ley para que alguien, saltándose los requisitos del turno, fuera validado por la otra fuerza política. Yo tampoco lo habría hecho. 

Usted es juez y entró por el turno de juristas. 

No tiene nada que ver con esa situación. Yo estoy en excedencia voluntaria y no ejerzo desde el año 2005. Llevo mucho más tiempo como abogado —prácticamente 18 años—, que como juez, que estuve 15. Este señor estaba en servicio activo. Si hubiese estado desvinculado de la carrera judicial, nada que oponer. 

¿Cree que ese fue realmente el problema y no su trayectoria y el hecho de que fuera propuesto por Unidas Podemos? 

Sí. Estoy convencido de que si se hubiera propuesto a otras personas de talante político cercano a Podemos o IU no hubiera habido conflicto. Siempre que no fueran jueces en activo, claro. 

Uno de sus compañeros, Álvaro Cuesta, dijo en una entrevista que se sentía una suerte de ‘okupa’ en el CGPJ. ¿Lo comparte? 

Por Álvaro tengo el mayor de los cariños, él lo sabe. Pero no siempre tiene expresiones afortunadas y esta fue una muy desafortunada por lo que tenía de poco coherente. Un okupa nunca se califica a sí mismo de okupa. Si cree que está haciendo algo que no debe lo primero que tiene que hacer es poner fin a esa situación y él no lo ha hecho. No es un tema de okupación, es un tema de responsabilidad. El presidente, con cuya decisión no estoy en absoluto de acuerdo, ha dicho que los vocales tienen una responsabilidad y que esa responsabilidad si se incumple de manera colectiva —no lo dijo así, pero era a lo que quería aludir— podía incluso suponer la comisión de un delito. Fue del que se acusó en su día a los controladores aéreos, de un delito del artículo 409 del Código Penal de abandono colectivo del servicio.

¿Tiene sentido que dimita Lesmes y no lo hagan los vocales que lo eligieron presidente en 2013?

Tenía sentido antes de la LO 4/2021 [la norma que impide al CGPJ hacer nombramientos en funciones] porque cuando eso sucedía se nombraba a otro presidente. Ahora la situación es jurídicamente más compleja. Por eso, entre otras razones, no veo nada acertada la dimisión. Entre los muchos defectos técnicos de esa ley está la imprevisión de qué sucede cuando impides que la sexta autoridad del Estado pueda ser repuesta. Si el presidente del CGPJ decide no seguir, provoca mucho más daño que solución. 

¿Usted no se plantea dimitir?

No. Y mire que estoy harto, mi familia también está agotada. Últimamente vamos también al plano personal de los insultos, de acusaciones como “golpista” que me han llegado a poner en un periódico de gran tirada. El día que cometí el error de aceptar incorporarme al Consejo lo cometí con todas sus consecuencias. Y no es el momento ahora de flaquear. Y menos cuando la situación se va a agravar más como consecuencia de la salida del presidente. 

Es la tercera vez que el PP, cuando está en la oposición, pone trabas a la renovación del CGPJ y logra mantener en ese órgano la mayoría conservadora que no logró en las urnas. ¿No cree que es una anomalía democrática?

La anomalía es del sistema. Si hay algo que quieren los estándares europeos para asegurar la independencia judicial es que haya lejanía del juez y de su gobierno respecto de otros poderes del Estado. La idea es que no se puedan producir interferencias estableciendo un vínculo directo entre la clase política y el Poder Judicial. El CGPJ no tiene que responder a las mayorías del Parlamento. 

Pero es lo que establece el actual sistema, que prevé la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ con una mayoría reforzada. 

No somos el Fiscal General del Estado que cesa con el Gobierno que le nombra. ¿Yo he pasado ya por cuántas elecciones?

El fiscal general es nombrado a propuesta del Ejecutivo, mientras que los vocales dependen del Poder Legislativo. Los nombra el Parlamento. 

Sí, pero el Gobierno se renueva cuando pierde la confianza del legislativo. De entrada, mi mandato es superior al de un Parlamento. Se asume que voy a estar más tiempo que el Parlamento que me nombra. Y si el Parlamento se disuelve y se recomponen las mayorías, el CGPJ no se disuelve. Es que esa correlación no está en nuestro sistema. Otra cosa es que en un argumentario en el que no se asume que el Poder Judicial tiene que ser independiente y su gobierno también, se considera que es una anomalía que no suceda lo que no tiene que suceder. Esa correlación demuestra que tenemos un problema. El argumento en sí demuestra que hemos desconocido lo que implica la independencia, el sistema original de la Constitución, que se avanzó a los estándares europeos. 

Pero el Constitucional avaló este sistema en 1986. 

Sí, pero con un matiz [apuntó el riesgo de traspasar al Poder Judicial la lucha partidista]. Si el Constitucional tuviera que dictar hoy esa sentencia, diría que la ley es inconstitucional. Europa está diciendo que es necesario establecer un sistema en el que no haya apariencia de vínculo entre el Poder Legislativo y Ejecutivo y el Judicial. En una sentencia reciente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que se viola el derecho al juicio equitativo por el hecho de que una Sala del Supremo de Polonia haya dictado una sentencia con jueces nombrados por un Consejo elegido como el nuestro. 

¿Cree que hay que cambiar la ley antes de renovar el CGPJ?

No. Yo renovaría el Consejo y cambiaría la ley. Entiendo que eso no supone violar el derecho de la Unión siempre y cuando quede claro que vamos en esa dirección. Todo tiene un tránsito. Que el próximo Consejo sea de transición me parece incluso más razonable. Pero tiene que haber un mínimo de seriedad en el planteamiento del tránsito. 

El PP incluyó esta medida en su programa de 2011 y llegó a incluirla en 2013 en un anteproyecto de ley que luego acabó en un cajón. 

Fue un grave error, un inmenso error de poca visión de Estado. Es beneficio para todos que de una vez por todas el Poder Judicial quede al margen. Si no, siempre se va a tener la tentación de meter las manos en él. Ahora estamos pagando las consecuencias. Que alguien que ha cometido un gran error haga propósito de enmienda y diga que lo quiere remediar, bienvenido sea siempre que lo cumpla. Si no, la decepción va a ser inmensa. 

¿La polarización política también se percibe en el CGPJ?

En algunos momentos, sí. Las cosas son lo que parecen. El TEDH dice que hay que guardar las apariencias porque la opinión pública forma su percepción de las cosas con las apariencias. Si usted parece que está politizado es que está politizado. Y todo lo que usted haga, incluido nombrar jueces, va a parecer politizado. 

¿Le preocupa?

Hasta cierto punto o para según qué. No me preocupa en mi quehacer personal porque sé que no respondo a ningún planteamiento político. A mí me propuso el PP, pero cuando llegué al Consejo el PP no sabía que me había propuesto. 

¿Por qué?

Mi situación era peculiar. Yo llegué cuando ya llevaba un año de recorrido. Mercè Pigem dimitió en octubre del año anterior. Yo era un segundo suplente, mi vinculación no tenía nada que ver con el PP. No había hablado en la vida, que yo sepa, con alguien que perteneciera al PP. Mi vinculación era con una asociación de jueces a pesar de que era abogado en activo. Fui director general en un Gobierno de la Generalitat, no soy catalanista ni nacionalista. Mi desvinculación con la política es tan rotunda como para ser inexistente. 

El CGPJ debería haber designado a dos magistrados del Tribunal Constitucional el pasado 13 de septiembre. Ese plazo legal se cumplió hace dos semanas y sigue sin haber nombramientos. ¿Qué les impide hacerlo? 

No es que le quiera corregir. Es la palabra incumplir la que me produce… 

La ley establece un plazo de tres meses que venció ese día. 

Sí, sí. Establece un plazo de tres meses a contar desde un mes y medio antes, lo que da idea de la brillantez técnica del que hizo. Yo creo que el nivel del Parlamento cada día es peor. 

Es una ley aprobada por una mayoría parlamentaria. 

Es una ley aprobada por una mayoría parlamentaria que encaja dentro de otra ley que establece más obligaciones que para mí son las principales, como cuidar de la independencia de los tribunales y su buen funcionamiento. Y tengo que estar a todo, absolutamente a todo. Esto de destacar un artículo de la ley y olvidarme del resto es un lujo que se puede permitir quien no tiene responsabilidad en el tema. Si la ley 4/2021 no nos hubiera impedido funcionar, los magistrados estarían nombrados desde el 12 de junio. Por cierto, la misma fecha que está incumpliendo el Gobierno que no tiene ningún problema para designar a los suyos y no hay manera de entender por qué no lo hace.

No es una situación de bloqueo por nuestra parte. El interés en nombrar es genuino, pero yo también quiero solucionar la situación del Tribunal Supremo, que es de donde van a salir estos magistrados y donde la sucesión de bajas que se están produciendo por jubilación impide un funcionamiento con normalidad. Yo quiero poder hacerlo todo porque mi obligación es hacerlo todo: nombrar los magistrados del Constitucional y solucionar la situación del Supremo. Y si de alguna manera puedo ayudar a que me echen ya de una vez en condiciones y me releve otro Consejo, pues bienvenido sea. Estamos en esas discusiones, no estamos bloqueando nada. Lo que pasa es que meter un plazo ahí provoca distorsiones. Es una ley y la vamos a cumplir, pero los problemas que causa esa ley también los tenemos que solucionar. Yo confío mucho en lo que haga Reynders [el comisario europeo de Justicia, que visita España esta semana]. Creo que hace falta alguien ajeno a la contaminación que vivimos para que lo solucione.

¿Siguen sin encontrar candidatos? Los vocales progresistas han propuesto nueve nombres entre los que hay dos conservadores. Y Lesmes dijo que “sobraban” magistrados que quieren ir al Constitucional, que eso no es un problema. 

Aquí hay que entrar con mucho cuidado porque hay que evitar hacer daño a las personas. Y el juicio que se tiene que hacer es muy complejo, no se limita al mérito y la capacidad. El propio Constitucional ha aludido a la “perspectiva política” que se ha de tener en cuenta a la hora de hacer los nombramientos. Así que entenderá que me interesa mucho saber quiénes son los candidatos del Gobierno.

¿Quiere decir eso que van a poner como condición saber antes a quién va a proponer el Gobierno?

No, no. Yo no pongo condiciones de ningún tipo. Lo que digo es que el nombramiento es complejo y no consiste en poner dos nombres cualquiera sobre la mesa. Y que dentro de la complejidad que esto conlleva tiene que cubrir muchos factores. Seguimos sin encontrar candidatos. Hemos hablado con juristas de reconocido prestigio y muchos como Pablo Llarena, Ignacio Sancho, Antonio del Moral o Manuel Marchena han dicho que no quieren. ¿Puede haber nombres que sí quieren? Sí, pero ahora entramos en la valoración. 

¿Considera que Lesmes está “maniobrando” para que se lleven a cabo estos nombramientos antes de su dimisión, como han dicho algunos vocales? 

Los contactos son habituales, yo no hablaría de maniobra. Pero es verdad que el presidente no se había implicado nunca en las conversaciones entre vocales de uno y otro grupo sobre nombramientos. 

¿Y ahora sí lo ha hecho?

Conmigo no lo ha hecho. Pero es posible que haya hablado con personas para sondear cómo van las cosas y que se haya implicado en esas negociaciones. Pero, insisto, yo a eso no lo llamaría maniobrar. Este tipo de contactos no son en absoluto anómalos. Y la palabra maniobrar da idea de algo oscuro o negativo. 

¿Puede permitirse la institución más importante del Poder Judicial ignorar el cumplimiento de una ley que le afecta? 

Es que parte de una premisa que yo no comparto, que es que es un incumplimiento. No es un incumplimiento. 

¿No les concierne ese plazo?

El plazo está ahí y nos concierne. Antes del día 13 nos reunimos, el día 8 empezamos a negociar. Estamos en curso de unas negociaciones no fructíferas hasta el momento. Yo no descarto que puedan serlo la semana próxima, pero hasta el momento no han sido fructíferas. 

En su último comunicado dijeron que la “urgencia” no era un criterio a tener en cuenta. 

Es que no lo es. 

Pero cuando ya se ha pasado un plazo legal, quizá sí debe haber algo de urgencia. 

Sí. Pero que esto me lo diga un Gobierno que no ha sido capaz en cuatro años de sacarme del sitio donde estoy por vía de una negociación... 

Un Gobierno y un partido de la oposición que se niega a pactar. 

Ese partido de la oposición no es el que hace leyes raras poniendo plazos que después son absolutamente distorsionantes. Nosotros no estamos incumpliendo en absoluto. Otra cosa es que no hayamos podido fructificar, de la misma manera que en sus negociaciones —y teniendo un plazo constitucional— el PSOE y el PP no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Y yo de ellos no diría que estén incumpliendo. No sería la palabra que emplearía.

¿Qué palabra usaría? 

Yo hablaría de incapacidad política para trabajar acuerdos, falta de visión de Estado, pero no hablaría de incumplimiento, que es una acción voluntaria en la que la Constitución queda al margen. Yo eso no se lo atribuyo ni al PSOE ni al PP. Sí los llamaré incapaces, pero no incumplidores. Lamento que dentro de su planteamiento de cómo meter presión a los vocales hayan optado por establecer un plazo jurídicamente absurdo y sin consecuencias jurídicas para poder decir que estamos incumpliendo y ofendernos diciendo que no nos tendrían que pagar y ese tipo de zarandajas que llevamos dos semanas escuchando. 

¿La respuesta a esa “presión” es dilatar los nombramientos?

No, ni mucho menos. No hay ninguna intención de dilatar, hay intención de hacer las cosas bien. Yo no soy el culpable de lo que le pase al Supremo, es el que ha hecho lo que ha hecho con la ley [impidiendo los nombramientos en funciones]. Pero eso sí, soy responsable de que funcione bien, entonces quiero conseguirlo todo. Ese es mi planteamiento.

Pero a la vez están contribuyendo a que otro tribunal muy relevante, el Constitucional, siga con el mandato caducado. 

Hay que optar por el mal menor. Si yo saco los magistrados del Tribunal Supremo no tengo manera de cubrir ese hueco. En el Constitucional van a seguir los mismos magistrados. Padece institucionalmente, pero no padece su funcionamiento. Son dos situaciones muy diferentes.

¿Cree que el CGPJ está colaborando con el deterioro institucional al saltarse las leyes que aprueba el Parlamento? 

Yo insisto en que no estoy incumpliendo una ley. Tenemos el objetivo de realizar el nombramiento y cuando fructifique lo haremos. Es cierto que, en un momento determinado, eso puede producir una percepción de deterioro institucional… Pero también produce esa misma percepción que a mí no me renueven o la situación del Supremo. Visto el desastre y estropicio que se ha organizado opto por el mal menor. 

Usted votó en contra del nombramiento del actual fiscal general del Estado porque participó en un acto de una fundación del PSOE. ¿Por qué no puso reparos a los nombramientos de fiscales generales que hizo el gobierno de Rajoy que habían participado en cursos de la FAES?

Lo tuvimos en cuenta. Pero en el momento de valorarlo vimos que los actos tenían un contenido muy diferente. FAES es una fundación que nutre de ideas a un partido político, pero esos actos se habían desenvuelto en un plano estrictamente interno. No eran intervenciones públicas en las que los ciudadanos pudieran llegar a percibir una vinculación. 

¿No eran seminarios con público?

Hasta donde yo sé eran seminarios con participación de los que están en el seminario. No abiertos al público. Lo que no teníamos era una foto al lado de un candidato en el contexto de una precampaña, como en el caso del actual fiscal. Eso era lo que añadía el matiz. Los magistrados y fiscales pueden participar en actos en los que se debata jurídicamente, pero aquello era otra cosa.

Pero participó en una mesa redonda en la que se abordaron cuestiones técnicas y en la que había otros catedráticos de universidad y economistas. 

Sí. Y tiene todo el derecho a la libertad de expresión y a asumir las consecuencias de lo que implica ejercerla en unas determinadas condiciones. Ciertamente, él iba como experto en un acto que se enmarcaba en el contexto de precampaña, sentado al lado del candidato. Era un contexto no adecuado. 

El fiscal general tachó de “frívolos” los argumentos de los vocales conservadores del CGPJ —entre los que se encuentra— que rechazaron su nombramiento. ¿Qué le parece? 

Yo insisto en la libertad de expresión. El comentario fue intensamente meditado, formulado con toda responsabilidad. Frívolo quizá sea ir a según qué actos sin valorar las consecuencias. Desde luego, nosotros nos lo tomamos tan en serio como para no solo votar en contra, sino expresar nuestra opinión por escrito para que fuera conocida. Quizá tendría que buscar mejor en el diccionario el significado de la palabra frívolo, que desde luego no tiene nada que ver con eso.

¿Sigue pensando que el Gobierno quiere “desactivar” al Poder Judicial para “cambiar el régimen” como dijo en un acto en mayo de 2021?

Planteada en esos términos, esa expresión puede resultar un tanto apocalíptica y desde luego no lo es. El día que tomaron posesión los miembros del Gobierno de coalición me encontré con el [entonces] vicepresidente [Pablo Iglesias] literalmente insultando al Poder Judicial. El ataque continuo que se ha ido produciendo desde entonces no es casual y obedece a un programa. Lamentablemente, el tipo de democracias que promueven los movimientos ultras —ya sean de ultraderecha o de movimientos radicales de izquierda— no beneficia a nadie. Y hay que estar atentos. Hay a quien nuestra democracia liberal no le gusta.

José María Macías (Barcelona, 1964) es el hombre fuerte de la derecha en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Magistrado en excedencia y socio del bufete Cuatrecasas, se muestra muy crítico con la decisión del presidente, Carlos Lesmes, de dejar su cargo si no hay un acuerdo inminente para la renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. Asegura que la renuncia de Lesmes “va a provocar más daño que solución al Poder Judicial” y descarta su propia dimisión. “No es momento de flaquear. Y menos cuando la situación se va a agravar más como consecuencia de la salida del presidente”, afirma. 

El sector conservador rechaza que haya "urgencia" para renovar el Constitucional pese a incumplir el plazo legal y no propone candidatos

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Macías es uno de los ocho miembros del núcleo duro del bloque conservador que sigue bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional que debería haberse hecho antes del 13 de septiembre. Sin embargo, niega estar incumpliendo la ley.  Se muestra duro con el Gobierno, al que acusa de “meter presión” a los vocales para hacer estas designaciones y al que culpa de la “parálisis” del Supremo, donde se acumulan las vacantes sin cubrir por la situación de interinidad del CGPJ. De hecho, califica de “aberración jurídica” la reforma que impide al órgano hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado.