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El Poder Judicial jubila al juez que investigó al empresario Cursach por "incapacidad permanente"

El juez Manuel Penalva, con gorro, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, a su llegada a la Audiencia de Palma para declarar sobre el caso Cursach

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado jubilar por "incapacidad permanente para el servicio", en el grado de absoluta, a Manuel Penalva, el juez que durante cerca de tres años investigó el presunto entramado policial dirigido a proteger los intereses del considerado rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach. Hace un año, al fiscal que trabajó codo con codo con él al frente de estas investigaciones, Miguel Ángel Subirán, también le fue declarada la jubilación anticipada. 

Así lo ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge que la decisión fue adoptada el pasado 21 de julio por la Comisión Permanente del máximo órgano de los jueces. La resolución se acoge, en concreto, a los artículos 385.2, 387 y 388 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fijan la incapacidad permanente como uno de los requisitos, junto con la edad, para que un magistrado pueda acogerse a la jubilación.

Se da la circunstancia de que, en la actualidad, Penalva y cuatro miembros del grupo de blanqueo de la Policía Nacional se encuentran a las puertas del banquillo en el marco de la causa que, desde hace más de dos años, investiga las supuestas irregularidades llevadas a cabo cuando todos ellos se encontraban al frente del caso Cursach. Más en concreto, a raíz de las filtraciones que supuestamente efectuaron a la prensa mientras las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario así como por no haber llevado a cabo conducta alguna para impedirlo.

Subirán se encontraba también encausado en estas pesquisas, si bien el pasado mes de abril el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) e instructor del caso archivó provisionalmente la causa contra él después de que un informe forense determinase que no se encuentra en condiciones de defenderse con garantías debido a una incapacidad médica.

La decisión de mantener imputados a Penalva y los cuatro policías únicamente por revelación de secretos generó una cascada de recursos –pendientes de resolver– por parte de la Fiscalía y de una treintena de acusaciones particulares, que reclaman que también sean juzgados por coaccionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y prolongar deliberadamente el ingreso en prisión de varios investigados. El presidente del TSJIB rechaza, por su parte, que Penalva auspiciara tales hechos.

Penalva cogió las riendas del caso Cursach el 15 de junio de 2015 en sustitución de la anterior jueza instructora de la causa, Carmen González, quien acababa de ser destinada a la Audiencia Provincial de Palma. Junto a Subirán y los cuatro miembros de blanqueo, se internó en los entresijos de la supuesta trama que, de acuerdo a sus tesis, habría desplegado el magnate Cursach, durante varias décadas y bajo la protección de instancias policiales y políticas, con el objetivo de mantener a flote su imperio.

Entre otras decisiones adoptadas en el marco de la causa, Penalva acordó la detención y el ingreso en prisión provisional sin fianza, el 3 de marzo de 2017, del millonario empresario mallorquín. Sin embargo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar fue lo que motivó las primeras sospechas en torno a la instrucción y se convertiría en uno de los pilares sobre los que se han sostenido las investigaciones contra Penalva y Subirán.

Las supuestas presiones a las que habrían sido sometidos investigados y testigos al tiempo que salían a la luz conversaciones de Whatsapp mantenidas por Penalva y una de las testigos clave del caso Cursach con indicaciones sobre qué y contra quiénes debía declarar desataron todo tipo de reacciones que comenzaban a plantear dudas sobre cómo se había instruido la causa. La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018.

Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las investigaciones en octubre de ese año. Tanto Penalva como Subirán se aferran a su inocencia y defienden la labor que llevaron a cabo al frente del caso Cursach.

Antes de recalar en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, desde donde instruyó el caso Cursach, Manuel Penalva, Manolo para los amigos y allegados, había ejercido como juez de vigilancia penitenciaria y, entre otros órganos judiciales, transitó por juzgados de Alicante e Inca (Mallorca).

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Publicado el
28 de julio de 2021 - 15:11 h

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