Los jueces abrieron juicio o procesaron por corrupción a 205 personas en 2018

Los jueces concluyeron en 2018 un total de 48 procedimientos por corrupción en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 205 personas, informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo muestra el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ tras la incorporación de los datos correspondientes al último trimestre del año pasado.

De las 205 personas implicadas en este tipo de procedimientos, 12 de ellas han sido procesadas en el Tribunal Supremo (los acusados del “procés”, a los que se juzga también por malversación), y otras 7 en dos procedimientos en la Audiencia Nacional.

En cuanto a las comunidades autónomas, por número destaca Andalucía con 72 personas acusadas en once procedimientos, seguida por la Comunidad Valenciana con 57 procesados en doce y Extremadura con 14 juzgados en tres procedimientos.

Por el contrario, en las comunidades autónomas de Aragón, Canarias, Cantabria, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja no se contabilizó ningún acusado en procedimientos por corrupción.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron en total 63 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción, de ellas, 40 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 63,4 por ciento del total. Las 23 restantes terminaron en absolución.

Además, la información ofrecida detalla que de las 40 sentencias condenatorias, 18 fueron con conformidad mientras que 17 de ellas se dictaron sin conformidad, asimismo, apunta que 5 de las sentencias fueron parcialmente condenatorias

El repositorio, de acceso público en la web www.poderjudicial.es, permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores, entre los que se encuentran acusados o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, que se actualizan trimestralmente.

La información ofrecida corresponde a la denominada corrupción pública al ser la que más altos indices de preocupación inspiran en la sociedad.

En ese sentido, los procedimientos judiciales reflejados en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.