El juez pide al Ayuntamiento el supuesto correo de Luis Medina a la dirección donde llegaban todas las ofertas

El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que entregue los correos electrónicos que habrían enviado Luis Medina y/o Alberto Luceño a la dirección de correo electrónico que el Consistorio mantuvo abierta para recibir todas las ofertas de material sanitario durante la pandemia, según recoge un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. Pese a que Luis Medina y la responsable de compras, Elena Collado, declararon en un primer momento que el primo del alcalde les había puesto en contacto telefónico, el comisionista imputado se desdijo después ante el juez asegurando que lo único que se le facilitó fue una dirección de 'e-mail'.

Carretero atiende así una diligencia solicitada por la acusación popular de Podemos exigiendo al Ayuntamiento que “informe sobre si existía en el año 2020 un correo electrónico general destinado a recibir las proposiciones de aportación de material sanitario, y caso afirmativo, se especifique la dirección concreta, el modo en que se publicitó, así como se aporten al procedimiento los correos remitidos a dicha dirección desde los correos electrónicos de los investigados (...) con los archivos adjuntos que se hubieran adjuntado a dichos correos, todo ello en formato papel y electrónico”, según reza el auto.

Tal y como explicó elDiario.es, Elena Collado entregó a la Fiscalía Anticorrupción en 2021 una serie de mensajes y correos electrónicos que ella había cruzado con los comisionistas Medina y Luceño a lo largo de las negociaciones para traer material sanitario. Esos mensajes de WhatsApp fueron extraídos de su teléfono móvil por un allegado y todo el proceso hasta que fueron entregados al Ministerio Público fue controlado por Pablo Enrique Rodríguez, el director de la Policía Municipal nombrado por José Luis Martínez-Almeida, según informaron a elDiario.es fuentes del Consistorio. 

Esta nueva diligencia está destinada a esclarecer si los comisionistas se beneficiaron de un trato de favor por parte del Ayuntamiento previo a la presunta estafa por la que se les investiga. La versión del correo electrónico facilitado por el primo del alcalde a Medina fue introducida ante los medios por el propio regidor, José Luis Martínez Almeida, pese a que su coordinadora de presupuestos en el momento de los hechos, Elena Collado, había dicho al fiscal en marzo de 2021 que no recordaba si le había puesto en contacto telefónico con Medina “otro coordinador” del Ayuntamiento o “un concejal”.

Precisamente mañana declara ante el juez, en calidad de testigo, Carlos Martínez-Almeida. La directora de universidad privada María Díaz de la Cebosa puso en contacto a Medina y al primo del alcalde por ser amiga de ambos. Díaz de la Cebosa declaró el pasado lunes al juez que Carlos Martínez-Almeida prefirió hablar directamente con Medina para entregarle la supuesta dirección de correo a hacersela llegar a ella y que Díaz de la Cebosa se la rebotara al comisionista investigado.

Requerimiento de la Policía a los bancos

En el mismo auto, dictado con fecha de hoy, 11 de mayo, el juez requiere a la Policía para que obtenga de las sucursales bancarias de Luis Medina y Alberto Luceño los mensajes y la documentación que remitieron para justificar el ingreso de las millonarias comisiones. En este sentido, el juez ordena que sea una unidad policial especializada la que garantice la cadena de custodia de la citada documentación, de la que parte la acusación por falsificación de documentos contra los dos comisionistas.

Entre la documentación solicitada figuran los documentos en los que Luceño se presentaba como agente exclusivo de Leno, la empresa de San Chin Choon que habría fabricado las mascarillas. Los policías deberán elaborar un informe en el que especifiquen “la fecha y autoría de creación” de los documentos, así como “sobre cualquier circunstancia de interés y que pueda aportar datos relevantes acerca de su confección y, en su caso, posterior modificación”, dice el juez Carretero en su auto. Esta segunda diligencia es acordada a petición de Podemos y la Fiscalía Anticorrupción.