El juicio del 'caso mascarillas' llega a su ecuador en el Supremo sin abordar las comisiones investigadas

Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya han visto cómo más de cincuenta testigos del 'caso mascarillas' se han sentado frente a ellos en el juicio que se celebra desde el pasado 7 de abril. Pero cantidad no es calidad. Y lo cierto es que de lo mollar del asunto que se juzga, el cobro de comisiones ilegales millonarias por parte de José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, se ha hablado poco o más bien nada de momento. Y eso a pesar de que en las tres últimas sesiones se ha podido escuchar a responsables tanto de Puertos del Estado como de Adif declarar sobre esos contratos para el suministro de mascarillas que fueron otorgados a la empresa epicentro de la trama: Soluciones de Gestión. 

Más allá de declaraciones como la de la expareja del ministro José Luis Ábalos o la de la militante socialista de Asturias que podrían servir a las acusaciones para apuntalar determinados delitos relacionados con 'enchufes' en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail, hasta el momento el cobro de esas presuntas mordidas sólo aparece sustentado por el testimonio del empresario 'arrepentido' Víctor de Aldama y por esas anotaciones que hallaron los agentes de la UCO en las que se reflejaban los gastos y beneficios que le iba a suponer al empresario todo el negocio.

En sede judicial Aldama afirmó que, “como consecuencia del negocio de las mascarillas”, le entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. Pero el rastro de todo ese dinero sigue sin aparecer. La investigación sí ha detectado un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Respecto a Ábalos, se ha acreditado que manejó en cinco años 95.000 euros sin rastro bancario. 

Para que el presunto cobro de esas comisiones haya pasado inadvertido, quizá ha podido ayudar el silencio de determinados testigos. Al menos una decena de los que han pasado por el Alto Tribunal siguen constando en la Audiencia Nacional como investigados por estos mismos hechos. Y claro está, en general y salvo excepciones, se han acogido a su derecho a no declarar con el argumento de que puede perjudicar a su defensa. 

No obstante, fuentes de las acusaciones, consultadas por elDiario.es, quitan relevancia al hecho de que por el momento no se haya hablado nada de comisiones en el juicio porque consideran que “lo más importante” es apuntalar el indicio del pago de 10.000 euros mensuales por parte del comisionista a Ábalos y Koldo García. A su juicio, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. 

Así, ese presunto cohecho mensual permitió al comisionista —que no estaba en el sector sanitario ni se le esperaba— orquestar una serie de alianzas empresariales incluso antes de que viera la luz la orden ministerial para la adquisición de mascarillas del 21 de marzo de 2020. De hecho, las fuentes consultadas recuerdan que, según la investigación de la UCO, cinco días antes Aldama ya había firmado con el Grupo Cueto un contrato para lograr ese suministro en un momento en el que el mercado mundial estaba roto por la pandemia. 

Dado que esos 10.000 euros mensuales son vitales para la Fiscalía y para la acusación popular, se han esmerado en acreditar esos pagos más allá del testimonio que pueda ofrecer Aldama. En ese sentido, las fuentes destacan la testifical del pasado 9 de abril de Aránzazu Granell, trabajadora de una de las empresas vinculadas a Aldama. Ella indicó a preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que estando en República Dominicana en 2021 y por orden de sus jefes entregó dinero en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo García. 

Explicó que entregó dos sobres, cada uno con 10.000 dólares a “Joseba el Legionario”, que era como lo tenía guardado en su agenda. Ante el tribunal, la testigo indicó que los encuentros fueron fugaces, que se produjeron en lugares públicos y que desconocía si el hermano del entonces asesor sabía el contenido de esos sobres.

Por su parte, Joseba García negó en el juicio que fuese a Punta Cana para recoger presuntas comisiones y defendió que solo hizo un “favor” que le pidió su hermano a través de Aldama. Admitió que se había visto con la empleada, pero que se había limitado a “coger unos documentos” y que nunca abrió los sobres. “Jamás abro un sobre que no es mío, no soy chismoso, no me interesa”, aseveró a preguntas de la defensa de su hermano. 

Para explicar su presencia en el país, Joseba afirmó que él ya tenía organizados los viajes cuando le pidieron el favor. Detalló que la primera vez viajó a Santo Domingo para conocer a la que ahora es su pareja y la segunda a explorar una oportunidad de negocio relacionada con plantaciones de pitaya, tabaco y puros. “Yo además iba a Santo Domingo y no al otro extremo del país. Me piden que me acerque a Punta Cana y le hago el favor”, insistió. 

Las entregas de Aldama

Las fuentes consultadas recuerdan, asimismo, que otro de los indicios de que existieron esos pagos mensuales son los encuentros periódicos entre el entorno de Koldo García y el propio Aldama. Sostienen que esas reuniones podrían haberse producido en el propio Ministerio de Transportes habida cuenta que el empresario entraba y salía del despacho de Ábalos y de la 'planta noble' a placer, según relató el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez en su comparecencia del pasado 15 de abril. Otros testigos, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, han reconocido la ascendencia de Aldama en el Ministerio. 

Las acusaciones entienden, además, que parte de esos pagos se canalizaron también a través de Joseba García, más allá de los dos viajes a Dominicana, bajo “excusas tan tontas” como la compra a Aldama de un coche de segunda mano que, en palabras de él mismo, “fue la peor compra” de su vida.

De hecho, el interrogatorio de Joseba García dejó un momento de tensión entre el fiscal y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que intentó desmontar la tesis de las acusaciones de que el exasesor utilizó a su hermano como testaferro para ocultar la titularidad real de sus bienes y dificultar su rastreo. La Guardia Civil afirma que “no se ha encontrado una justificación u origen conocido de al menos 224.000 euros” ingresados en las cuentas de Joseba García entre 2017 y 2022. Así que la abogada trató de que su cliente diera una explicación pormenorizada de sus ingresos. 

“La única forma de desvirtuar eso es preguntándole cómo obtuvo el incremento patrimonial que la UCO dice que es procedente de las comisiones por mascarillas”, defendió cuando el presidente del tribunal le dijo que podía preguntar sobre ingresos concretos de su hermano, pero no sobre todo su patrimonio. La respuesta indignó al fiscal Luzón, que defendió que “la UCO no afirma que el dinero que ingresa Joseba procede de las mascarillas”. En realidad, el instituto armado afirma en varios informes que el “significativo aumento de los ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de Joseba se produce a partir del mes de marzo de 2020 (fecha de adjudicación de los contratos investigados)”. Los contratos que centran esta causa son, precisamente, los de las mascarillas. 

En cualquier caso, y para lograr introducir en el juicio que además de esos honorarios mensuales también tuvo lugar un pago extra por los contratos de mascarillas, las acusaciones se agarran a esa nota en la que el comisionista hacía cálculos sobre cuánto podría sacarle a esa operación. Según indicó la UCO, el desglose de gastos además de tener los propios de la operación, como el de fletar los vuelos o el pago en aduanas, incluía otros apuntes detallados que estaban relacionados con beneficios económicos de personas. Y ponía el foco sobre dos pseudónimos que no tenía identificados: 'Gran' y 'Goblins'. 

Para la UCO, el mote de Gran que aparece junto a la cantidad de 2.000.000 “pudiera corresponderse con Grandullón” que era una forma de referirse a Koldo García. Y considera que Goblins pudiera ser Ábalos porque junto a ese mote aparece la anotación “500.000” y “casa”. Esa casa sería el chalé de la costa de Cádiz que Claudio Rivas, un empresario del sector de hidrocarburos con el que Aldama hacía negocios, habría puesto a disposición del exministro ante la expectativa de que le ayudara a conseguir una licencia que no se materializó hasta un año después de que Ábalos saliera del Gobierno. Claudio Rivas, citado esta semana ante el tribunal, optó por guardar silencio y no ratificar las incriminaciones del que fuera su socio.