El juicio por el caso Bankia se retoma mañana con el careo entre peritos

La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que después de siete meses afrontará su fase más técnica con una compleja prueba pericial en la que trece expertos propuestos por acusaciones y defensas tratarán de refrendar a la vez sus conclusiones ante el tribunal.

Tal como acordó la sección cuarta de la sala de lo Penal que preside la juez Ángela Murillo, el desarrollo de la prueba se dividirá en tres bloques temáticos, a fin de facilitar el intercambio de opiniones entre las partes.

Según consta en el guión, participarán en este careo los peritos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Busquets y Víctor Sánchez -cedidos por el Banco de España-, y el autor del informe elaborado en noviembre de 2012 por la Intervención General del Estado sobre la auditoría y los estados financieros de Caja Madrid y de BFA de 2010.

Frente a ellos se sentarán los catedráticos de la Universidad Carlos III de Madrid Juan Manuel García Lara, Miguel Ángel Tapia y Juan Zornoza, a petición del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; también el académico Leandro Cañibano, el exinspector del Banco de España Rubén Manso, y los catedráticos de Economía Santiago Carbó y Francisco Rodríguez, por parte del grupo BFA-Bankia.

Completan la lista los catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad Manuel García-Ayuso, José Antonio Laínez y Juan Monterrey, a propuesta del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma.

Todos deberán ratificar y pormenorizar el contenido de sus trabajos ante la sala, en doble sesión de mañana y tarde los lunes y martes, y sólo de mañana los miércoles.

El peritaje de los expertos judiciales se convertirá en el objeto a refutar por los otros diez profesionales, que descartan anomalías en las cuentas utilizadas por Bankia para salir a Bolsa en julio de 2011.

En su último escrito, de marzo de 2016, Sánchez y Busquets insistieron en que la operación fue “fraudulenta” ya que las cuentas del grupo desde su constitución y hasta la reformulación, tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri, no expresaban su imagen fiel.

Una vez valorada la documentación remitida por los ahora acusados y ampliado el anterior informe de 2014, tacharon de “falsas” las provisiones para insolvencias por importe de 6.913 millones que presentaba la entidad.

En su opinión, esta información fue utilizada por Bankia, sus administradores y directivos “como argumento comercial, para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una falsa idea de la seguridad de su inversión”.

Argumentos que, sin embargo, no influyeron en la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó la falsedad contable de su escrito de conclusiones provisionales, en el que pide entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel para los antiguos administradores del banco (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por presunta estafa a inversores.

Con todo, la acusación final podría variar si finalmente la fiscal Carmen Launa aprecia indicios de que la excúpula de Bankia distorsionó o maquilló las cuentas.

Por su parte, Cañibano y Manso sostienen que los estados de las siete cajas que integraron la entidad mostraban la realidad financiera de BFA-Bankia, que fueron elaborados con la mejor información disponible en cada momento, cumpliendo con la normativa contable del Banco de España.

Asimismo, defienden que la reformulación de las cuentas de 2011, que arrojó un agujero de 3.000 millones, no implicó un reconocimiento de posibles errores sino que obedeció a criterios prudenciales con los que el nuevo equipo de Goirigolzarri quiso capitalizar la entidad.

Extremos en los que profundizan Carbó y Rodríguez, autores del informe “Evolución y previsiones macroeconómicas antes y después de la salida a Bolsa de Bankia”, en el que vinculan las pérdidas estimadas de la entidad a la segunda recesión, en 2011.

En líneas similares se expresan los peritos de Rato, que avalan las cuentas formuladas por el grupo tanto en el momento de su creación como del posterior salto al parqué y cuestionan el “sesgo retrospectivo” de los expertos judiciales, aunque ponen en entredicho la reformulación.

Por lo profuso de los informes, está previsto que la pericial dure varias semanas; una vez concluida, comparecerán el resto de profesionales, que intervendrán individualmente, tal como anunció el tribunal, que ha comunicado a las partes su intención de concluir esta prueba y la documental antes del verano.