Una “cesión ilegal” de datos privados

El abogado de Javier López Madrid ha expuesto otro argumento para que los cargos de las tarjetas black no sean tenidos en cuenta. Lo han mencionado otros abogados, pero este letrado es el que más se ha extendido. Según ha explicado, los datos de en qué se gastó el dinero López Madrid pertenecían a Caja Madrid, no a Bankia, y que él nunca autorizó esa cesión.

Esta cuestión es importante porque Bankia trasladó esos datos al FROB y el este a las Fiscalía. Según el abogado de López Madrid, los cargos concretos de la tarjeta no son “actividad bancaria”, sino “elementos que pertenecen a la esfera del individuo, aspectos que afectan de manera decisiva a la intimidad de las personas”.

Así, ha defendido que estos datos estaban en poder de Caja Madrid, que se los cedió “sin autorización” a Bankia, y que por lo tanto han sido “utilizados ilegalmente”. El abogado de Juan Iranzo ha continuado por esta vía, recordando que el derecho a la protección de datos está recogido en la Constitución.