La financiación electoral de los partidos escapa al control real: la Administración valida las cuentas pero no las investiga
Un particular o una empresa privada decide sufragar los gastos del acto de un partido político en plena campaña electoral. El partido no declara ese acto en el informe que entrega al Tribunal de Cuentas después de las elecciones. El Tribunal de Cuentas analiza ese informe. Como el acto no aparece, es como si no hubiese existido. Todo cuadra, pese a que el partido habría incumplido la Ley Orgánica de Régimen Electoral Central (LOREG). En España no existen mecanismos de control que investiguen o que permitan detectar, de oficio, si una formación financia sus campañas electorales de forma irregular.
La LOREG establece que la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales por parte de las candidaturas es de la Junta Electoral Central (JEC) y de las provinciales. Desde la junta indican que no tienen capacidad para investigar, sino que se tiene que producir una denuncia. “Alguien tiene que iniciar ese proceso y presentar todos aquellos datos y documentos que puedan dar pie a esa investigación. Una vez que alguien denuncia un hecho concreto, se inicia un procedimiento, se convoca a las partes para que hagan sus alegaciones y, una vez presentadas, se decide”, explican. Entonces, ¿se investiga? ¿quién lo hace? Los expertos consultados son claros en su respuesta: “No”, “nadie”, “no hay investigación” o “la única manera sería que el Tribunal de Cuentas tuviera detectives”.
“La JEC funciona siempre a base a denuncias y nada más”, confirma el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid Óscar Sánchez Muñoz, que señala la dificultad que supone denunciar. Primero porque la declaración de gastos se presenta entre 100 y 125 días después de las elecciones pero, sobre todo, porque “la única posibilidad sería que lo hiciese alguien que tuviera la información”. Esto reduce bastante el círculo: un miembro del propio partido, de la empresa contratada o de quien ha sufragado el gasto, principalmente. También porque la ley exige a los partidos que presenten sus gastos e ingresos al Tribunal de Cuentas, pero sin un desglose muy detallado de esos gastos. “¿Qué posibilidad tengo yo de denunciar si no sé si algo ha sido pagado o no, ni quién lo ha pagado?”, se pregunta Sánchez.
“El problema está en lo que no se declara”
El Tribunal de Cuentas es el encargado de analizar los datos contables que le presentan los partidos, relativos a gastos e ingresos electorales, para lo que puede solicitar información a bancos y empresas y cruzar los datos. Si en ese análisis detecta irregularidades, puede iniciar un procedimiento sancionador, proponer la no adjudicación de subvenciones o, si considera que esas irregularidades pueden ser constitutivas de delito, comunicárselo al Ministerio Fiscal. Pero la realidad es que analizan “solo lo que le mandan, por lo que los datos que se presentan siempre cuadran”, explica el catedrático de Ciencia Política y miembro de la directiva de Transparencia Internacional Manuel Villoria. “El problema está en lo que se no se declara, lo que se declara está perfecto”, coincide Sánchez. Desde el propio tribunal señalan a esta redacción su carácter fiscalizador, pero sin capacidad para investigar.
“Lo único que detecta son errores de tipo formal: si has puesto una partida en un capítulo que no corresponde o si has cometido la torpeza de sobrepasar los límites de gasto que tienes. No hay capacidad para detectar grandes anomalías”, añade el doctor en Ciencia Política Fernando Jiménez Sánchez. “Es como si la Agencia Tributaria se fiara de las declaraciones que hacemos y no las contrastara”, ejemplifica Jiménez, que es también evaluador del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y ha participado en la elaboración de informes sobre financiación y campañas de Irlanda, Italia, Turquía, Montenegro y San Marino.
El ejemplo de financiación ilegal que ponen todos los expertos consultados es la trama Gürtel. “Yo no tengo ni idea de cuántos casos puede haber, no puedo saberlo. Viendo lo que se ha descubierto en Gürtel y otros, me hace pensar que esto ha podido ocurrir en otros sitios”, verbaliza Sánchez. De ese caso salieron 10 piezas separadas de las que se desprendía, entre otras cosas, la financiación irregular de campañas. En concreto, la Audiencia Nacional dictó en mayo de 2018 una sentencia, que propició la moción de censura a Rajoy, en la que certificaba la existencia de una caja 'b' en el PP, al que consideraba partícipe a título lucrativo, y una contabilidad paralela con donaciones de empresarios que se utilizaban para hacer frente a gastos electorales del partido. El caso se destapó a raíz de una denuncia del, por aquel entonces, concejal popular de Majadahonda José Luis Peñas.
Otro ejemplo es el caso Filesa, que se destapó en 1991 y en el que el Supremo acreditó la financiación irregular del PSOE a través de una red de empresas, con las que financió las campañas electorales de 1989. Sin embargo, el delito de financiación irregular de partidos políticos no fue tipificado hasta 2015. En 2017, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señalaba que el PP de Rita Barberá habría financiado de forma irregular las campañas de 2007, 2011 y 2015. Ese informe surge en el marco de la investigación del caso Taula, destapado también tras la denuncia de una particular. En este caso, de la diputada provincial y coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. En 2018, la jueza que investigó la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de 2007 del PSOE valenciano y el Bloc concluyó que había prescrito, pero se inhibió para que fueran los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía quienes investigaran posibles irregularidades en varios contratos al grupo Crespo Gomar, tras una denuncia del PP. Todo se ha archivado, salvo el caso de Benidorm.
Para Villoria, “el problema no está tanto en la financiación en sí de la campaña, sino en todo el modelo de financiación de los partidos. En España son organizaciones en principio privadas, pero el 80% de lo que ingresan es público y no tenemos muy claro en qué se utiliza, para qué se utiliza y cómo se utiliza. Suena un poco raro y en campaña ocurre lo mismo”. Los partidos tienen la obligación de contar con una cuenta bancaria específica para las campañas electorales. En esa cuenta deben ingresar los créditos bancarios, las donaciones de personas físicas o jurídicas y los fondos propios del partido. Aquí aparece otra contradicción: el límite de donaciones para las campañas es de 10.000 euros, pero las donaciones ordinarias de particulares (no empresas) pueden llegar a los 50.000, fuera de periodo electoral. “Como no hay ningún impedimento en que los partidos políticos realicen aportaciones de sus propias cuentas a las electorales, para ellos es más fácil recibir eso como si fuera financiación ordinaria y no electoral”, explica Sánchez.
Las aportaciones de dinero por parte de empresas privadas también preocupa al GRECO. Porque, si bien es cierto que con la reforma de la ley de financiación de partidos de 2015 se prohibía que estas dieran dinero a los partidos, sí permitía que continuaran financiando a sus fundaciones que, a su vez, podían financiar campañas. El escándalo más conocido es el del 3%, a través del cual Convergència obtuvo presuntamente financiación a través de donaciones privadas a sus fundaciones.
Un sistema “tramposo”
Controlar las finanzas de los partidos es un asunto problemático en todas las democracias, según los expertos consultados. “En algunos sistemas, los actores políticos han desarrollado un nivel de conciencia de lo que está en juego un poco mayor y evitan caer en este tipo de comportamientos que desprestigian mucho el sistema democrático”, señala Jiménez. “Algunos países prefieren dar más libertad y evitan poner topes legales que luego son difíciles de controlar, como el sistema americano, que llaman sistema de la chequera. Lo malo es que, evidentemente, el poder del dinero es muy visible; lo bueno es su transparencia, porque como apenas hay límites, la gente va a votar sabiendo qué empresas están detrás de los partidos. El sistema español es mucho más tramposo, más hipócrita, porque te están diciendo que tenemos topes, pero cuando se saltan esos topes nadie lo detecta, por lo que la influencia del dinero es mucho más opaca”, desarrolla.
En ese sentido el evaluador de GRECO pone como ejemplo el sistema británico. “Allí la comisión electoral (como nuestra JEC) vigila las finanzas de los partidos todo el tiempo. Tiene una capacidad de investigación real mucho mayor y, a veces, cruzan datos”, explica. Villoria apunta la misma idea: “La idea de fondo es que sería mejor que todo fuera a la Junta Electoral, porque tiene un elemento clave que es la independencia de sus miembros (está formada por jueces del Supremo y catedráticos nombrados por partidos), pero dándole los medios adecuados para la investigación de fondo, no solo a instancia de parte, sino también de oficio”. Pero, ¿es posible comprobar todos y cada uno de los gastos de mítines, transportes, alojamientos, publicidad, etc... en cada pueblo, ciudad y provincia de un partido en campaña? “Hacerlo al detalle es una labor inmensa, pero puedes hacer un muestreo. Pides a los partidos que detallen más sus cuentas, incluso por circunscripción y luego haces un muestreo: me han dicho que han puesto 30.000 carteles en una zona, pues voy a esa zona y no me cuadra, o pregunto cuánto cuesta imprimir 30.000 carteles en esa zona”, indica Jiménez.
“Esto es difícil en cualquier sistema político”, reconoce este experto, “por eso la clave no está tanto en tener un gran hermano de las cuentas de los partidos, sino en desincentivar que los empresarios compren a los partidos. Es la tendencia de los países nórdicos: apenas ha habido control y tienen una normativa laxa de las finanzas electorales. Eso nunca ha generado corrupción porque sus administraciones públicas son muy profesionales. El partido fija las grandes prioridades de la administración pública, pero no está en el día a día. Una empresa no puede comprarle a un partido una contratación pública, porque la decisión de a quién contratar no la toma el partido, aunque haya puesto en marcha la construcción de la infraestructura. El día a día está puesto en manos de la Administración, que está muy incentivada a hacer bien su trabajo”.
