La ley de memoria augura un nuevo desencuentro en el Poder Judicial: conservadores y progresistas chocan sobre su constitucionalidad

Exhumación de Genara Fernández García, maestra republicana fusilada en 1941, en el cementerio de León.

La nueva ley de memoria histórica amenaza con provocar un nuevo desencuentro en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los dos vocales designados para elaborar el informe sobre esta norma —un trámite preceptivo, aunque el dictamen no es vinculante para el Gobierno— mantienen, por el momento, posturas diferenciadas sobre la norma que por primera vez hace responsable al Estado de la exhumación de fosas y anula sentencias franquistas, confirman a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La nueva Ley de Memoria garantizará el derecho a la investigación en España de los crímenes franquistas por primera vez en 40 años

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Mientras el conservador José Antonio Ballestero tiene una visión muy crítica del borrador presentado el pasado septiembre por el Ejecutivo y cuestiona incluso su constitucionalidad; el progresista Álvaro Cuesta se muestra favorable a la ley sin perjuicio de que se puedan realizar algunas correcciones técnicas. 

Estas diferencias de criterio han provocado que, hasta la fecha, no se hayan puesto de acuerdo en un documento común que llevar al pleno de la institución, encargado en última instancia de ratificar o no un dictamen que ya ha requerido dos prórrogas. Ambos vocales trabajan sobre la base de un informe elaborado por el gabinete técnico del CGPJ que hace algunos matices jurídicos al texto pero no cuestiona sus aspectos principales, según las fuentes consultadas. Tras un primer encuentro este lunes, al que fueron convocados por el presidente, Carlos Lesmes, según adelantó InfoLibre, los tres se han citado de nuevo el próximo 5 de mayo para intentar buscar un acuerdo con el objetivo de evitar  llevar dos informes antagónicos al pleno, que tendrá la última palabra. 

El borrador de informe de los letrados del CGPJ satisface en términos generales a Cuesta, aunque es partidario de introducir enmiendas parciales, por ejemplo, en relación a las actuaciones sobre fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación al odio o la violencia contra las víctimas para evitar cualquier colisión con el derecho a la libertad de expresión. Ballestero, sin embargo, ve indicios claros de inconstitucionalidad en la ley porque sostiene que podrían perjudicarse determinados derechos fundamentales y se podría atentar contra a la libertad de cátedra por las medidas que recoge en materia educativa y de formación del profesorado. Este vocal cuestiona preceptos de la ley y, por tanto, no está de acuerdo con el informe del gabinete técnico que la avala en términos generales. 

Mediados de marzo

La voluntad de Lesmes es que el informe sobre la Ley de Memoria Democrática esté aprobado el próximo 12 de mayo, cuando acaba la segunda de las prórrogas aprobadas. En el Gobierno insisten en su interés en impulsar “cuanto antes” esta reforma y reconocen que el trámite de informe del órgano de gobierno de los jueces sobre este proyecto, aunque todavía está en plazo, se está “dilatando” algo más que otros anteproyectos, informa Irene Castro. Para iniciar su tramitación parlamentaria —un procedimiento que suele llevar varios meses— se tiene que recabar primero los informes de órganos consultivos como el CGPJ o el Consejo Fiscal, cuyo dictamen esperan en el Gobierno para próximas fechas. 

Se trata sin duda de uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición, que 13 años después de la ley de memoria histórica de 2007 intenta con este nueva norma incorporar algunas de las medidas exigidas reiteradamente por asociaciones de víctimas y paliar los vacíos que vienen señalando desde hace años organismos como Naciones Unidas. El texto prevé, entre otras cosas, la activación de un plan estatal de exhumaciones de fosas, la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura "que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario" o la "resignificación" del Valle de los Caídos que se estudiará, pero que "de momento" se convertirá en un "cementerio civil".

Según las fuentes consultadas, en la reunión del pasado lunes para estudiar sus posiciones, ambos ponentes expresaron su voluntad de llegar a un consenso a pesar de que quedaron muy claras las discrepancias entre ambos. De hecho, la idea inicial del presidente era que el asunto se tratara en el pleno extraordinario que previsiblemente se iba a celebrar el viernes 30 sobre la reforma que limita las atribuciones del CGPJ cuando está en funciones, como ocurre desde hace más de dos años. Pero al haberse convocado finalmente para este miércoles se vio que el tema no estaba demasiado maduro. 

Si las diferencias entre ambos vocales se mantienen, el pleno debatirá ambas propuestas —y las que hipotéticamente puedan presentar otros vocales— y se remitirá al Gobierno la que obtenga la mayoría absoluta de los miembros presentes. Además, quienes discrepen, podrán formular votos particulares, que se adjuntarán al dictamen oficial. Tras más de dos años en funciones, el CGPJ mantiene la mayoría conservadora de cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: hay once vocales conservadores y nueve progresistas. No obstante, no siempre hay cierre de filas en ambos sectores en las votaciones. 

No sería la primera vez que los vocales designados para el informe sobre un anteproyecto de ley no se ponen de acuerdo. Ocurrió en 2014, con la frustrada ley del aborto del PP. La progresista Pilar Sepúlveda y la conservadora Carmen Llombart no lograron aunar sus posturas y acabaron presentando dos textos antagónicos. Finalmente, el texto aprobado fue el Llombart, que pedía al Gobierno que despenalizara el aborto si la malformación del feto era incompatible con la vida; y el de Sepúlveda, que pedía la retirada de la reforma fue rechazado con los votos del bloque conservador. 

Aquel informe salió adelante con diez votos gracias a la reforma que había promovido el ministro Alberto Ruiz Gallardón en 2013 y que permitía que los acuerdos del pleno fueran aprobados por mayoría simple. Ese precepto se cambió en diciembre de 2018, con el actual Gobierno, para volver a la mayoría absoluta. Ahora, por tanto, hacen falta once votos. 

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27 de abril de 2021 - 23:07 h

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