Las manifestaciones en Indonesia contra la persecución de los rohinyá en Birmania

Centenares de indonesios reclamaron hoy al Gobierno de Birmania el cese de la persecución de la etnia musulmana rohinyá en respuesta a la campaña del Ejército para contrarrestar los ataques de insurgentes de esa minoría en el oeste del país.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, acudieron a las puertas de la embajada de Birmania en Yakarta con carteles donde se censura la respuesta de las tropas.

Los soldados iniciaron a finales de agosto una “operación de limpieza” tras el asalto armado contra decenas de puestos oficiales de centenares de insurgentes bajo el mando del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), ocurrido el 25 de agosto.

Centenares de personas, en su mayoría rohinyás, murieron durante los asaltos y la posterior campaña gubernamental, de acuerdo con testigos.

La protesta de este lunes frente a la legación diplomática se produce un día después del ataque con coctel molotov contra la embajada, en el que no hubo heridos, durante una manifestación similar.

La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, viajó hoy a Birmania para reunirse con su homóloga, Aung San Suu Kyi, para tratar el rebrote de la violencia sectaria.

Retno señaló en un comunicado que la visita de un día busca “ayudar a superar la crisis humanitaria” que ha obligado a unos 30.000 rohinyás a desplazarse hasta la vecina Bangladesh en las últimas semanas.

Al ARSA también se le atribuye un ataque similar el pasado octubre que causó la muerte de nueve policías y desencadenó una operación de represalia del Ejército.

La ONU y varias organizaciones condenaron esa campaña militar en la que denunciaron todo tipo de abusos contra la población civil, incluidos asesinatos, saqueos y violaciones, y que llevó por entonces a unos 74.000 rohinyá a huir a territorio bangladeshí.

Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine (oeste de Birmania), donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, y les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.