El ministro que se animó a contar algo más y el senador que gritó “¡coño!”

Es curioso cómo los políticos van racionando los hechos cuando deben dar una explicación hasta que al final terminan contando más o menos lo que debían haber explicado desde el primer momento, y lo hacen cuando ya están tan quemados que hay que llamar a los bomberos. En el caso de Fernando Grande-Marlaska, se está cumpliendo. El primer perjudicado es él mismo en una época en la que el Gobierno tiene demasiados frentes abiertos. Pero ya se sabe que cuando los jueces se meten en política raramente acaban bien.

El ministro de Interior inició el martes con la noticia de que ya se conocía el muy breve documento con el que la directora de la Guardia Civil propuso a su superior el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Era cuestión de tiempo que saliera a la luz y que se supiera que tenía que ver con la filtración del fantástico informe de la Guardia Civil (fantástico por su relación con la fantasía) enviado al juzgado que investiga a velocidad de vértigo una denuncia contra el Gobierno por no prohibir las manifestaciones del 8M.

El primer día, Marlaska se quitó de encima la polémica con referencias genéricas a una pérdida de confianza dentro de los cambios normales entre los altos cargos de un Ministerio. El ministro no pareció pensar en la rueda de prensa del 26 de mayo que los ciudadanos tenían derecho a conocer las razones de esa pérdida de confianza. Al día siguiente, en el pleno del Congreso insistió en la misma idea sin alterar el rumbo, lo que suponía reincidir en el error.

“Ustedes quieren tapar lo que pasó el 8M”, dijo Teodoro García Egea, en una demostración de que el PP se acerca poco a poco al universo mental de la conspiración de los agujeros negros del 11M. El informe del 8M es la nueva furgoneta Kangoo y el PP ha decidido adoptarlo como si fuera 'the smoking gun' (la prueba defintiva) que sirve para entenderlo todo. Eloy Suárez, diputado del PP, lo enarboló y dijo que “quizá en este informe esté la respuesta” a la pregunta de por qué España es uno de los países con más muertes por COVID-19. Había que echarle mucha imaginación para sostener eso, pero por otro lado la furgoneta Kangoo también era una evidencia muy exigente en términos de suspensión de la incredulidad.

Marlaska siguió a lo suyo, siempre perplejo al ver que el PP le ataca con ferocidad a pesar de haber sido juez. Como si eso fuera un problema.

La ofensiva general del PP contra Marlaska quedó un tanto diluida a causa de la decisión de Cayetana Álvarez de Toledo de presentar en el pleno su nuevo disco 'Tu padre es un terrorista', que ha continuado promocionando después en varias entrevistas. Pero la historia no había acabado y el martes en el Senado había otro asalto pendiente (y habrá uno más este miércoles en el Congreso).

Y fue allí donde Marlaska dio otra pizca de información, esta de más calado. “Ese informe llegó a la autoridad judicial. Ese informe se filtró nada más entrar a ese juzgado”, dijo (en realidad, sólo una parte pequeña de él). Eso sí que era una novedad en relación a las explicaciones públicas del ministro, que había decidido ahora señalar a las dos fuentes más probables de la filtración, el Juzgado número 51 y la Guardia Civil. Marlaska también apuntó que eso podría suponer un delito de revelación de secretos.

A eso hay que sumar que dos superiores de Pérez de los Cobos le llamaron dos días después de la filtración del informe para preguntarle si sabía si se había entregado ya al juzgado. El coronel dijo que no sabía nada. En ese momento, ya no le creían mucho en el Ministerio.

Fernando Martínez-Maillo, senador del PP, se lo había tomado antes a la tremenda en el pleno. Un poco de espectáculo nunca está de más en el Parlamento: “¡Coño, que me mintió! ¡Que me mintió a mí! ¡Que mintió a todos los españoles!”. Es indudable que el ministro no contó toda la verdad sobre el cese, ocultó sus dudas sobre los procedimientos del coronel e hizo pasar la destitución por uno de esos relevos habituales en la Administración. No iba a colar y no ha colado.

Pensar que el cese de un mando policial tan conocido como Pérez de los Cobos iba a pasar desapercibido o que se podía solventar con una rueda de prensa supone un notable nivel de ignorancia política, de desconocer lo que es el mundo real para un ministro. Y el mundo real tiene la tendencia de golpear duro a los políticos que lo ignoran.

En ese mundo, se encuentran también los jueces. Un día después de la destitución de Pérez de los Cobos, la magistrada del Juzgado 51 llamó a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid. Está claro que ya tenía el informe íntegro de la Guardia Civil en su poder. Le debió de parecer bárbaro y pasó a la acción. Luego tuvo que retrasar esa comparecencia cinco días más. La Abogacía del Estado le recordó que había una cosa llamada estado de alarma que suspende por un tiempo todos los procedimientos judiciales no esenciales. Además, la Abogacía sugiere que la jueza ha incluido en la investigación, de momento sin base, el presunto delito de lesiones imprudentes para que entren en la pelea acusaciones particulares. Si eso fuera así, el espectáculo iba a estar garantizado durante mucho tiempo.

La magistrada que tenía mucha prisa. El coronel que decía que no sabía nada. El ministro que empezó dando explicaciones muy poco creíbles. El senador que gritó “¡coño!”. Ya tienen tema para las terrazas de la fase 2.