Martínez-Pujalte cobró de una Cámara de Comercio antes de impulsar la ley que las regula
El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte cobró de una Cámara de Comercio pocos años antes de ser ponente en la tramitación de la ley que regula estas corporaciones. El parlamentario conservador utilizó la sociedad Sirga XXI Consultores para realizar informes que le encargó la Cámara de Comercio de Badajoz. Por esta tarea de consultoría, el dirigente del PP se embolsó 4.500 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. El diputado, además, es funcionario de la Cámara de Comercio de Valencia, aunque está en excedencia desde 1994.
La legislación prevé la dedicación absoluta de los diputados a la actividad parlamentaria. En teoría, el mandato es incompatible “con el desempeño, puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos”, según se recoge en la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Sin embargo, incluye unas excepciones que hacen que, en la práctica, más de la mitad del Parlamento desempeñe funciones extra. Uno de ellos es Martínez-Pujalte, que ha usado esta puerta de atrás a través de su compañía para actuar como asesor o consultor de sociedades que contratan con el sector público o que se encuentran en el 'limbo' de lo público y lo privado.
Uno de los encargos de Sirga XXI fue la realización de informes de consultoría por parte de la Cámara de Comercio de Badajoz. El reglamento enfatiza que los parlamentarios no pueden desempeñar labores que estén vinculadas con la Administración Pública. En el caso de las Cámaras de Comercio es una situación especial porque se trata de corporaciones de derecho público a las que se “les encomienda el ejercicio de competencias de carácter público-administrativo”. Según su propia definición, “no forman parte en sentido estricto de las Administraciones Públicas, aunque participan de su naturaleza”.
Es el poder legislativo el que les dio esa “personalidad jurídica” que queda difusa entre lo público y lo privado. Además de sus funciones público-administrativas, las cámaras administran recursos públicos y están sometidas al control público.
En el año 2010, Sirga XXI cobró 4.500 euros de la Cámara de Comercio de Badajoz por informes de consultoría que elaboró el entonces diputado de la oposición Martínez-Pujalte. Cuatro años más tarde fue uno de los ponentes de la ley que regula estas entidades, es decir, que participó en la redacción final del texto.
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular aseguran que Martínez-Pujalte no vulneró las incompatibilidades que fijan las cámaras porque se trata de un trabajo desempeñado para una corporación privada varios años antes de que participara en la regulación que afecta a estas organizaciones. El parlamentario conservador especifica en su declaración de actividades que Sirga XXI no tiene “relación laboral alguna con administraciones públicas, empresas públicas o contratistas de administraciones”.
Técnicamente es así, pero fuentes de la oposición reprochan que se utilice una sociedad para hacer informes para una institución de “carácter semipúblico”. “No hay un régimen de abstención de los diputados similar al de los altos cargos porque podrían alterarse las mayorías”, explican otras fuentes, que apuntan a la falta de ética de esta conducta, así como la aproximación al “conflicto de intereses”.
El Gobierno contrató a la empresa de Montoro
El asesoramiento verbal que Martínez-Pujalte y Federico Trillo dieron por más de 300.000 euros a una de las empresas adjudicatarias de los parques eólicos en Castilla y León –unas concesiones que están siendo investigadas tras un informe de Hacienda que apunta al reparto de comisiones– ha reavivado el debate sobre las incompatibilidades de los parlamentarios. El PSOE y la Izquierda Plural han solicitado a la Comisión del Estatuto del Diputado que revise la autorización que tiene Martínez-Pujalte para desempeñar su labor como economista a través de Sirga XXI Consultores.
También la empresa fundada por Cristóbal Montoro en 2006, Equipo Económico, ha sido objeto de polémica por la relación con la aprobación de la Ley de Cámaras de Comercio. La Fiscalía Anticorrupción investiga al despacho que fundó el ministro por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado por un contrato que el Consejo Superior de la Cámara de Comercio le adjudicó a dedo en 2012 por unos 90.000 euros para analizar precisamente el impacto de la nueva normativa que estudiaba el Gobierno.
El PSOE, que acusó a Montoro de hacer “un intercambio de lo público y lo privado un tanto obsceno”, pidió al Gobierno que hiciera públicos todos los informes consultivos empleados para la Ley de Cámaras de Comercio. “No vaya a ser que nos encontremos con que el informe elaborado por el despacho de Montoro y lo que al final salió (como ley) sea muy parecido”, afirmó en marzo el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando.
