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— MINUTO POLÍTICO | Los líderes suman actos y promesas a una semana del inicio de la campaña

Podemos propone una jornada laboral de 34 horas, permisos de 24 semanas y una asignatura de feminismos

5 abril 2019 - 15:16 h

El programa electoral de Podemos reserva uno de sus apartados para las propuestas en materia de igualdad y LGTBI. El denominado como 'Horizonte Morado y Economía de los Cuidados' incluye una batería de medidas, entre ellas, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles hasta las 24 semanas. Para ello, la formación pretende la equiparación “inmediata” hasta las 16 semanas y, posteriormente, un aumento de dos semanas cada año hasta alcanzar las 24. También propone implantar la jornada labora de 34 horas: siete de lunes a jueves y seis los viernes con el objetivo de “reorganizar los tiempos de trabajo, ocio y cuidado”. En este sentido, apuesta por una reforma de la Constitución para hacerla “decididamente feminista” y que incluya los cuidados como derecho fundamental. Escribe Marta Borraz.

Por otro lado, Podemos recupera su Ley de Igualdad Retributiva, en la que, con el objetivo de paliar la brecha salarial, considerará a priori discriminación una diferencia que supere el 20%, de forma que en esos casos serán las empresas las que tendrán que justificarse ante los tribunales. Además, incluye la cobertura gratuita y universal de la educación de 0 a 3 años.

Como ya había anunciado, la formación morada también plantea una asignatura de feminismos, la obligación de establecer protocolos contra la violencia machista y la LGTBIfobia para empresas de más de 50 trabajadores e instaurar paridad en las Administraciones públicas y organismos que reciban dinero público a riesgo de perder las subvenciones.

Además, promete aprobar la ley integral contra la violencia sexual que el Congreso ya apoyó tramitar poco antes de que se disolvieran las Cortes, implementar un Plan de Lucha contra las Violencias Machistas y otro de compensación y reparación de las víctimas que incluya una prestación equivalente al salario mínimo interprofesional durante seis meses prorrogables. El objetivo es “evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia”.

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