La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado una serie de medidas paliativas a las comunidades autónomas por el efecto de haber dejado de cobrar la parte que les correspondía del IVA de diciembre de 2017, 2.500 millones de euros que han puesto en pie de guerra incluso a las CCAA del PSOE, algunas de las cuales, como Castilla-La Mancha, se han unido a las amenazas de acudir a los tribunales.
Según fuentes presentes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero ha reiterado que el problema de la liquidación del IVA de 2017 fue generado por su antecesor, Cristóbal Montoro, y que PP y C's impidieron solucionar al rechazar la propuesta del Gobierno en los presupuestos de 2019.
Pero igualmente ha defendido que no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas por el efecto de la liquidación del IVA de 2017, sino que han gastado ese dinero. Por lo tanto, el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.
Escribe Marina Estévez Torreblanca.