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CRÓNICA

Nadie quiere romper el Gobierno

Irene Montero y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.

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Los profesionales de la medicina suelen referirse a una complicación cuando en el paciente se produce el agravamiento de una enfermedad como consecuencia de una patología que sobreviene durante el curso de otra y la modifica en un grado más o menos alto. Si un facultativo tuviera que dar esta semana el parte médico sobre el estado del Gobierno de coalición diría que en su maltrecha salud se ha cruzado un nuevo contratiempo: la reforma de la ley del sólo sí es sí. 

¿El peor momento de la Legislatura? ¿Riesgo de ruptura? En más de tres años ya de mandato, ha habido muchos momentos de tensión. “Demasiados”, dicen algunos. “Los normales entre dos partidos diferentes”, apostillan otros. Y, aunque en más de una ocasión, ambos socios hayan tenido tentaciones de hacer saltar por los aires el primer gobierno de coalición en democracia, quienes lo viven desde dentro aseguran que sólo en dos ocasiones estuvo realmente a punto de suceder. Y que este no es uno de ellos, a tenor de las señales que emiten los dos socios.

El primero se produjo en septiembre de 2020 como consecuencia de la salida de España del emérito, después de que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias relatase en una entrevista radiofónica que había tenido una fuerte discusión con Pedro Sánchez por no haberle informado de los detalles. La segunda fue el pasado julio a propósito de la aprobación del protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN y después de que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz interviniese en el Consejo de Ministros para oponerse en nombre de los ministros de Unidas Podemos. 

Cuentan varios de los presentes que es la única vez que han sido testigos de una voluntad real del presidente del Gobierno de prescindir de sus socios. “Si mantenéis el pulso, tendréis que dejar el Gobierno”, les vino a decir a los morados. Aquella cuestión se recondujo como otras tantas, pero acabó con la fotografía pública de un gabinete dividido ante la votación en el Congreso que debía aprobar el mencionado protocolo. Los socialistas votaron a favor y los ministros de UP, que habían amenazado con hacerlo en contra, finalmente se abstuvieron, incluido Alberto Garzón, líder de IU, cuyos diputados se sumaron al “no”. Garzón, como el resto de ministros morados, había sido previamente advertido por Sánchez, de que un voto en contra supondría la salida inmediata de sus respectivos ministerios. 

Alguien llegó incluso a invocar que en los acuerdos previos que precedieron a la investidura de Pedro Sánchez los socios buscaron limitar las fricciones en áreas que ya entonces se preveían especialmente sensibles, y los morados asumieron que mientras los suyos tendrían responsabilidad e influencia sobre algunas carteras socioeconómicas, las llamadas políticas o ministerios de Estado recaerían única y exclusivamente sobre los socialistas, lo que obligaría a los socios minoritarios a asumir decisiones no siempre compartidas y que levantarían recelos entre sus votantes. De hecho, no ha habido ninguna partida de Defensa de los Presupuestos ni crédito extraordinario al que se hayan opuesto, más allá de las escenificación y la pirotecnia declarativa.

Dos meses antes de aquel episodio de la OTAN, que marcó un antes y un después en la relación del presidente Sánchez y su vicepresidenta segunda, los dos partidos de la coalición ya habían votado por primera vez de forma distinta en el Congreso de los Diputados ante el dictamen de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que salió aprobada gracias a la abstención del PP.

Y esto, pese a que en el compromiso de lealtad mutua suscrito en enero de 2020 para la formación de gobierno, PSOE y UP suscribieron un documento en el que se comprometían a votar juntos la acción de Gobierno y a concederse libertad de voto en los asuntos que no afectase a la agenda del Ejecutivo. Intentaban así evitar de partida que se impusiera en la opinión pública la imagen de división, algo que ha resultado no sólo inevitable sino que ha acabado siendo un motivo de preocupación y de desgaste constante, como advierten los cualitativos que manejan los socialistas.

Cabalgar contradicciones

Durante estos tres años ha habido no pocos pulsos de los morados al PSOE a cuenta de los desahucios, de la inmigración, de los precios de los alquileres, del giro histórico sobre la posición del Sáhara, de la subida del SMI, del IMV, del escudo social o de los Presupuestos Generales del Estado. Nada que no fuera consecuencia de la necesidad de cabalgar las contradicciones propias de lo que se dice cuando se es oposición y lo que se hace cuando se llega al Gobierno. El problema en el caso de los morados es que, en muchas ocasiones, han querido ejercer al mismo tiempo de una cosa y de la otra para marcar perfil propio y no ser engullidos electoralmente por el socio mayoritario. “Algo que es bastante comprensible de cara a su galería”, justifica un ministro socialista.

Hoy la reforma de la ley del sólo sí es sí, como consecuencia de las rebajas en las penas de 350 abusadores sexuales y violadores y la excarcelación de más de una treintena, ha abierto el enésimo capítulo del culebrón en el que se han convertido las divergencias entre socios. No es un capítulo cualquiera porque se trata de un asunto con un gran impacto social y que, en caso de reincidencia de alguno de los excarcelados, puede acabar con la expectativa de voto de cualquier Gobierno. 

En la Moncloa manejan datos sobre el daño que la aplicación de la ley ha provocado ya en el Gobierno y también de que una aplastante mayoría de los españoles clama por una corrección de urgencia, también entre los votantes de Unidas Podemos. De ahí que, pese a las reticencias iniciales de la ministra de Igualdad a corregir la norma, el presidente se plantara el lunes pasado y diera instrucciones para que Irene Montero y la ministra de Justicia llegasen a acuerdo para modificar la ley. De lo contrario, la reforma la impulsará en solitario el PSOE en el Congreso, donde registrará una proposición de ley con carácter de urgencia. 

Ambos ministerios siguen cruzando propuestas -hasta seis han sido ya redactadas- y siguen sin encontrar un punto de acuerdo para aumentar las penas mínimas. Los socialistas reconocen que Igualdad se ha movido durante la negociación, ya que ha pasado de no querer tocar una coma de la ley a aceptar la reforma y a que se aumenten las penas. Sin embargo, Justicia defiende que el único modo de corregir el error es volver a incluir la violencia para justificar las penas más altas mientras que Montero cree que de ese modo se volverían a generar dos tipos penales (abuso y agresión) que son los que unificó la ley. 

Diferencias entre Sumar y Podemos

Unidas Podemos sostiene que a la parte socialista del Gobierno “le han temblado las piernas” ante las presiones de la derecha judicial y mediática y el PSOE, que se trata de una norma que nació con deficiencias técnicas que, sí o sí, “tienen que ser enmendadas. Hablamos de la norma estrella, junto a la ley Trans, del Ministerio de Irene Montero. Sobre las consecuencias de la primera, poco más hay que contar. La segunda ha partido en dos al movimiento feminista. 

Este domingo, en plena tensión negociadora, Unidas Podemos ha convocado en Madrid un acto para reivindicar que el consentimiento se mantenga como eje central en la ley -algo que no está en cuestión según los negociadores de Justicia- y, de paso, arropar a la ministra. En el PSOE ironizan con que la concentración acabe convirtiéndose “en una especie de pira en la que nos quemen a todos los socialistas”, aunque también hay quien confía en que puede ser “un baño de realidad que haga entrar en razón a las responsables de Igualdad”, ya que en la Moncloa detectan que, pese a la calculada ambigüedad de Yolanda Díaz, entre Sumar y Podemos “hay una brecha considerable” también en este asunto.

La fractura entre PSOE y UP esta vez es mucho más que una nota a pie de página o un asunto para las tertulias matinales, pero ni en Unidas Podemos ni en el PSOE se plantean una ruptura, aunque haya quien desde el entorno morado esté buscando precisamente eso. En la izquierda en general son conscientes de que quien rompa el Gobierno, asumiría electoralmente las consecuencias de un divorcio por muy cercanas que estén las elecciones. “Fuera del Gobierno hace mucho frío y se cobra mucho menos”, esgrimen fuentes socialistas para descartar que sus socios barajen dar la estampida. No es un escenario que contemplen ni siquiera en el caso de que el PSOE saque adelante la reforma con otras fuerzas políticas. En ese caso, apuntan, “habrá que gestionar una discrepancia profunda”. Cuestión distinta será la situación de debilidad en la que puede quedar la ministra Montero porque, a diferencia de otras ocasiones, esta vez “la posición política del PSOE está ganada y no hay nadie en el planeta tierra que entienda el enrocamiento de las responsables de Igualdad”, añade otro ministro

“Pedro Sánchez sabe que o gobierna con nosotros o no gobierna”, responden desde el lado morado. De hecho, a la izquierda del PSOE creen que el presidente hará todo lo posible por evitar la ruptura porque ya está pensando en las posibles alianzas para después de las próximas generales. A saber. La única certeza es que Pedro Sánchez está determinado a cambiar la ley, que quiere hacerlo con el acuerdo de sus socios, que este fin de semana seguirá la negociación y que, si antes del lunes no hay un punto de encuentro, el PSOE llevará al Congreso en solitario la modificación. 

Lo que venga después, se verá.

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