La juez del caso Nicolás imputa a policías de comisión judicial ya disuelta

La juez que investiga a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, ha citado como investigados a siete policías que integraban la comisión judicial que puso en marcha el anterior magistrado, en el marco de una nueva pieza abierta recientemente y que ha declarado secreta.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han informado a Efe de que la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, María del Pilar Martínez, ha abierto la citada pieza separada dentro del conocido como caso Nicolás, y ha declarado el secreto de estas actuaciones.

En el seno de esta pieza la magistrada ha llamado a declarar como investigados a siete agentes que conformaban la comisión judicial, disuelta en julio, que ayudó durante meses al anterior titular del Juzgado, Arturo Zamarriego, a investigar la grabación de una reunión entre agentes de Policía y del CNI sobre el joven.

Al ser declarada secreta no han trascendido más datos sobre el delito que se imputa a los agentes ni el momento de su declaración.

Esta decisión la toma la jueza después de que a principios de octubre los funcionarios que integraban la comisión entregasen en el juzgado la documentación que se les había requerido y numeroso material -como equipos informáticos y vehículos-, según una providencia a la que ha tenido acceso Efe.

La magistrada solicitó estas entregas con urgencia tras conocer que los policías se iban a incorporar a sus puestos de trabajo tras las disolución de la comisión en julio, con el riesgo de que toda la documentación que manejaba quedase sin custodia “con el consiguiente riesgo de desaparición o destrucción de documentos o evidencias de la investigación”, según un documento de la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Policía incluida en el sumario.

La comisión judicial fue disuelta en julio por la magistrada argumentando que ya se había practicado “una compleja y exhaustiva investigación las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho”, y tras rechazar las nueve diligencias que la comisión le había presentado apenas dos días antes.

Con esta decisión y otras más acordadas en julio la juez ha dio un vuelco al criterio de la investigación, completamente diferente al del juez Zamarriego (trasladado a la Audiencia Provincial), al apartar a los policías que habían llevado el peso de la investigación.

Desde su creación, varias partes del procedimiento pusieron en entredicho el papel de la comisión judicial a la que acusaron de convertir el caso en una “guerra policial” al pedir, entre otros, imputar, al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino.

Hace un año el fiscal Alfonso San Román llegó a solicitar al anterior juez que la disolviera, ya que no había podido aclarar cómo se produjo la grabación y “no parece que deban seguir investigando los funcionarios que asistieron a esa reunión” y que son testigos presenciales de hechos relevantes en la causa.

Uno de los asistentes a la reunión investigada fue Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos y jefe de la comisión judicial.