El ombudsman salvadoreño pide al Supremo no bloquear la justicia en la matanza de jesuitas

El ombudsman salvadoreño, David Morales, pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que deje de “obstaculizar” el proceso seguido en la Audiencia Nacional de España contra los militares acusados de participar en la matanza de 6 padres jesuitas en 1989 en El Salvador.

La matanza se produjo en el marco de la ofensiva guerrillera “Hasta el tope” el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) en la que también fueron asesinadas dos colaboradoras de los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).

“No es posible que la Corte Suprema obstaculice la justicia y colabore con la impunidad de actos de terrorismo y crímenes internacionales, los cuales son graves violaciones a los derechos humanos”, manifestó Morales en una rueda de prensa.

Sostuvo que “la masacre de los sacerdotes jesuitas es una grave violación al derecho internacional humanitario (...) que involucra a una cúpula militar que debe de seguir siendo procesada”.

Morales, que es titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pidió a la CSJ actual que “revise” la decisión que evitó en 2012 la extradición a España de 11 de los 20 militares acusados del crimen.

Añadió que debe “dejar sin efecto” esta decisión y “reanudar a la brevedad” la colaboración con la justicia española.

La petición está plasmada en un resolución de la PDHH emitida por el procurador en la que se “establece la violación del derecho a la justicia” por la CSJ al “negar colaboración” con España.

El titular de la PDDH también recordó que, en agosto pasado, la Sala de lo Constitucional de la CSJ dictó una sentencia que desestimó el alegato de la Corte Plena que frenó la captura de los referidos militares que tenían orden de captura con marca roja de la Policía Internacional (Interpol).

Destacó que la actuación de la CSJ en esa ocasión “desnaturalizó las funciones de la misma”.

Los 20 altos mandos militares salvadoreños involucrados en los hechos no han sido juzgados en El Salvador por la vigencia de una ley de amnistía que no permite perseguir los crímenes de guerra cometidos en el periodo del conflicto bélico.

Los religiosos asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el salvadoreño Joaquín López.

En el ataque también murieron la colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

Recientemente, el exrector de la UCA José María Tojeira dijo a Efe que “dentro de esta historia queda como deuda el reconocimiento de la verdad y el aceptar el terrible error” por parte del Ejército y de quienes participaron.

“Es evidente que el Ejército no ha querido reconocer la culpa que tuvieron a nivel institucional, puesto que la decisión fue tomada por personas del Estado Mayor y fue cubierta sistemáticamente por esta institución”, señaló.

En noviembre de 2009, el entonces presidente Mauricio Funes pidió perdón “en nombre del Estado” por el asesinato de los sacerdotes perpetrado por una unida elite del Ejército salvadoreño.