La oposición lleva a la Fiscalía documentos sobre la compra “premeditada” de Emissao
Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han entregado a la Fiscalía nueva documentación sobre los negocios del Canal de Isabel II en América Latina. Representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos han ampliado la denuncia que ya presentaron con la información remitida por un despacho de abogados de Uruguay sobre la compra de Emissao.
Esa adquisición fue uno de los principales pelotazos de los implicados en el caso Lezo. En Canal compró la empresa brasileña Emissao a través de su filial Inassa, controlada por Edmundo Rodríguez, por un 75% más de lo que costaba en realidad. Se realizó a través de una sociedad panameña y otra uruguaya, y el dinero acabó en bancos suizos.
Un bufete de abogados de Uruguay que intervino en la operación ha enviado documentación sobre esa compra a la Asamblea de Madrid. Más de una veintena de documentos, que incluyen emails y contratos, recogidos en el documentos firmado por Mercedes Gallizo (PSOE), Eduardo Gutiérrez (Podemos) y Juan Rubio (Ciudadanos).
“La operación parece haberse programado con mucha antelación a la fecha en que se ejecutan las operaciones”, sostiene es escrito entregado en Anticorrupción. Los primeros correos son de 2007, mientras que la compra se materializó en 2013.
Ignasi Maestre Casanovas, experto en ayudar a grandes fortunas a evadir impuestos, habría sido, según la denuncia, quien comenzó las gestiones para la compra. Se encargó de constituir una sociedad interpuesta -Soluciones Andinas de Agua- “como parte de una operación premeditada y urdida con anterioridad para dar apariencia (al menos nominal) de que tuviese que ver con el agua”.
Similitudes con la compra de Inassa
La oposición también pide que se investigue la constitución de Canal Extensia en 2001, la sociedad que luego compró Inassa. Anticorrupción investiga al gobierno regional de la época, encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, por una operación que costó 83 millones de euros a las arcas públicas cuando el valor real de Inassa era de 8.
Los diputados que firman la denuncian creen que Arturo Canalda, entonces al frente de Canal Extensia, incurrió en contradicción durante su comparecencia en la Asamblea. “Sus explicaciones están llenas de datos inciertos e inexactitudes sobre la adquisición de Inassa, su precio, lo que la operación le iba a costar a Canal y sobre el proceso mismo de compra”, sostiene el escrito.
La denuncia pone el foco en las similitudes entre la compra de Inassa y la de Emissao, y por ello creen de interés “aportar los datos de que disponemos de esta operación, así como las comunicaciones que el Gobierno de entonces y el actual han venido realizando sobre esta adquisición y sobre los socios de Canal en la misma”. Recuerdan que en una de las conversaciones del caso Lezo Ignacio González confiesa que la compra de Inassa fue un pelotazo.
En la compra de Emissao, según el auto del juez Eloy Velasco, se obvió un informe de la auditora KPMG que alertaba sobre los riesgos de la empresa brasileña, indicando “los aspectos negativos” de la operación“. Edmundo Rodríguez recibió ese documento pero nunca lo trasladó a los gestores del Canal.
Los grupos de la oposición hacen constar en su denuncia que una representante de la auditora declaró en la Asamblea que KPMG no intervino en la operación. “Nosotros no hemos participado en ninguna valoración realizada sobre esta compañía (Emissao) y, por lo tanto, no nos compete a nosotros determinar si la compra es adecuada o no o si está bien valorada o no”, aseguró. Su trabajo solo consistió en registrar que la empresa brasileña había caído en valoración.
En declaraciones a eldiario.es, KPMG aclara que solo realizó una Due Diligence sobre Emissao, y no un informe de valoración. Fue “un análisis descriptivo de posibles deficiencias de carácter financiero, fiscal y laboral en la compañía”, afirma la compañía.
