La Ley de Transparencia que vota hoy el Congreso de los Diputados servirá para que los grupos debatan sobre la publicidad institucional y la forma en que las administraciones públicas reparten entre los medios el suculento presupuesto destinado a tal fin.
Entre las enmiendas presentadas por el PSOE se incluye una que recoge la iniciativa de los editores, quienes denuncian el reiterado incumplimiento de la ley que regula esta práctica, aprobada en 2005.
Esta norma establece que “las campañas han de servir a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quienes las promueven”. Para ello establece que la elección de los medios en los que se inserta y el precio que se paga por ello ha de hacerse conforme a criterios objetivos de tiradas, audiencias, población a la que se quiere llegar, etcétera.
El último escándalo relacionado con la habitual mala praxis habitual en este ámbito por las instituciones está relacionado con una campaña contra la violencia de género. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad preponderó a medios de comunicación de derechas frente a aquellos que cosechan mejores resultados de audiencia.
Así, La Razón y ABC fueron los periódicos que más dinero recibieron de la campaña, pese a que sus audiencias están muy por debajo de la de otros periódicos nacionales, tal y como se puede ver en el gráfico que acompaña esta información y que publica hoy el diario 20 minutos. Mientras, la Cadena Ser, con más audiencia que Onda Cero y la Cope, recibió cuatro veces menos dinero que estas.
El PSOE denunció en su día que este reparto no tuvo en cuenta criterios de “efectividad y difusión” sino “otros fines”. “Se ha basado en criterios que nada tienen que ver con hacer llegar esa voz contra la violencia de género a quienes son sus destinatarias”, afirmó la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié.