El Estado asumirá la defensa de los jueces acusados de prevaricar
El Consejo del Poder Judicial ha dado luz verde al convenio que firmará con el Ministerio de Justicia para que los magistrados investigados “como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos” sean defendidos por la Abogacía del Estado si así lo solicitan. No será algo automático y el CGPJ tendrá que analizar cada caso para ver si se cumple ese requisito.
Las investigaciones penales que abordan posibles delitos cometidos por magistrados desde su puesto suelen encauzarse por un delito de prevaricación, como ha sucedido en los casos de Fernando Presencia, de Baltasar Garzón o Elpidio Silva. En otros casos más graves las acusaciones van acompañadas de delitos de detención ilegal y revelación de secretos, como es el supuesto del juez que investigó durante años el caso Cursach.
Informa Alberto Pozas.