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El líder de Vox en Andalucía, un juez prevaricador que bromeó con una violación en grupo

Francisco Serrano reclama una "relación detallada de nombres y apellidos" de los empleados públicos que hacen informes sobre malos tratos a mujeres

"La Reconquista empezaba en el sur", dijo al entrar en el Parlamento de Andalucía como cabeza de la formación de extrema derecha

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Los diputados electos de Vox

Imagen del juez sevillano en excedencia, Francisco Serrano, presidente de Vox en Andalucía. EFE

Se mofó de una violación en grupo, dijo al llegar a su escaño que "la Reconquista empezaba en el sur" y ahora ha pedido al Parlamento andaluz los nombres de funcionarios que evalúan la violencia de género para "depurar casos ideológicos". El presidente de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, considera que "los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños" .

Serrano fue titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla hasta su inhabilitación, en octubre de 2011. Fue readmitido por el Tribunal Constitucional, pero su reingreso en carrera judicial se rechazó finalmente hace algo más de un año. Se autodefine como letrado "en lucha por la igualdad total y la defensa de los más débiles". Entre algunas de sus perlas más destacadas está la de que "los inmigrantes tienen que saber que te integras en nuestra cultura o te largas".

Hace un tiempo, el juez se burló en su perfil en Twitter de la posibilidad de una violación en grupo de una mujer a raíz del mensaje machista que tuvo que soportar recientemente Inés Arrimadas, líder de C's en Cataluña, cuando una ciudadana le deseó por otra red social, Facebook, que le ocurriera esto.

Lejos de condenar lo ocurrido, el exjuez le mostró "todo" su "apoyo" a Inés Arrimadas, pero a la vez frivolizó con hechos tan graves como la violación, cuando escribe lo siguiente: 

Durante la campaña electoral de las andaluzas, Serrano expresó multitud de deseos para su tierra. Como por ejemplo, "transformar el estado autonómico en un estado de derecho unitario" o el "cierre de mezquitas fundamentalistas y expulsión de imanes que propaguen la yihad". En ese sentido, escribió en Twitter que "la catedral de Córdoba es católica", desoyendo un informe técnico de expertos presentado recientemente que expone lo contrario. También dice "¡¡¡Gibraltar Español!!!" cuando su partido lleva la performance de la bandera hasta el mismo peñón. "Nosotros ya nos mojamos a nado entrando en Gibraltar", ha presumido.

El portavoz de Vox también quiere la derogación de la ley de memoria histórica, el cambio de la ley de violencia de género, el control de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos y "la supresión de los tres impuestos que sangran a las familias andaluzas: el impuesto sobre el patrimonio, el de sucesiones y donaciones y las plusvalías municipales", obviando que los dos primeros afectan esencialmente a las rentas más altas. Sirva como ejemplo el mínimo exento de pagar el impuesto de sucesiones es de un millón de euros.

Gran defensor de la caza y de los toros, Serrano aseguró en la campaña andaluza que su intención de proteger la caza como actividad económica necesaria y tradicional del mundo rural y promover una licencia única nacional.

Serrano carga siempre que puede contra lo que él llama "hembrismo, feminismo radical" o incluso "yihadismo de género". Considera que el efecto de la ley de violencia de género no respeta la presunción de inocencia de los hombres y defiende con vehemencia que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe a pesar de que la OMS y los psicólogos lo niegan. Para él, su partido representa a "la España de la decencia" y uno de los problemas del país es la memoria "histérica".

Cabe recordar que este abogado, que se presenta como "juez represaliado por defender derechos y libertades", fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por cambiar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir en una procesión de la Semana Santa junto a su padre. Dicha inhabilitación, de dos años, fue elevada a diez por el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, este último fallo fue posteriormente anulado por el TC y finalmente la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en septiembre de 2017 el reingreso al servicio activo del magistrado.

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