¿Es posible sacar adelante una reforma del Estado?
La que estaba llamada a ser la legislatura del pacto y del acuerdo, bien por la ausencia de una mayoría clara en el Congreso o bien por la crisis abierta en Catalunya, se ha convertido en la de la confrontación y el desacuerdo. Buena muestra de ello ha sido la evolución de la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico propuesta por el PSOE para abordar en el Parlamento una posible reforma constitucional para solucionar la crisis territorial. Nació desdibujada, ya que se desmarcaron de la misma Unidos Podemos y todas las fuerzas nacionalistas. Y la pasada semana, Ciudadanos le daba la puntilla al abandonarla porque no se aceptaron varias de las comparecencias que había propuesto.
Pero la crisis territorial se mantiene más viva que nunca con un foco claro en Catalunya, que sigue viviendo las consecuencias del 1-O y donde la mitad de la población quiere la independencia, pero también por los movimientos a favor del llamado derecho a decidir sobre la secesión en Euskadi o las permanentes críticas al sistema de financiación por parte del resto de comunidades autónomas. Así, los analistas y expertos constitucionalistas consideran urgente una reforma del Estado que vuelva a conectar a la mayoría de la ciudadanía con sus instituciones. No obstante, la ven prácticamente inviable con la configuración actual de fuerzas políticas.
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, explica que es “altamente improbable” que se produzca un acuerdo para una reforma constitucional que propicie esa reconfiguración del Estado en esta legislatura, “porque la reforma que se quiere hacer no podría realizarse a través del procedimiento ordinario”, es decir, sin la necesidad de referéndum, y ella no ve posible un pacto entre partidos que promulgue una “reforma agravada” que requeriría de esa consulta. “Además, el actual es el peor momento para hacer cualquier tipo de reforma porque el tema catalán está demasiado caliente. Habría que solucionar ese asunto por las vías políticas y luego plantearse una modificación del Estado a medio plazo”, apunta.
“Soy muy escéptico sobre una posible reforma del Estado y la comisión planteada por el PSOE es un termómetro de la situación: el PP la aceptó a regañadientes y los propios socialistas no están muy volcados en ella, por lo que era un fracaso anunciado”, indica, por su parte, Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. “No hay voluntad porque tenemos una clase política que, en general, solo funciona con el corto plazo y con una perspectiva de oportunismo electoral que no había visto nunca. Del que hablamos es un asunto de Estado para el que no hay que tener una visión partidista. Pero no están por la labor de cambiar su actitud, lo cual es una enorme irresponsabilidad”, remacha.
También Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y experto en procesos soberanistas, advierte de que lo que pone de manifiesto el fracaso de la comisión es que “la mayoría de las fuerzas políticas españolas considera que no se debe abordar ninguna reforma a pesar de la crisis del sistema autonómico”. “Me quedo perplejo porque, por una parte, es evidente desde hace mucho tiempo que la pretensión del independentismo es un callejón sin salida y, por otro, también se juega a que el sistema autonómico sea un callejón sin salida por parte del resto de los partidos. Así que prácticamente todos, unos por falta de voluntad y otros por incapacidad, hacen que el sistema político español esté jugando a la ruleta rusa”, concluye.
Ante este escenario político, ¿qué se puede hacer? ¿Existe margen para afrontar la crisis territorial? Los analistas son pesimistas ante la falta de acuerdo de los partidos. Lo primero, apunta López Basaguren, sería constatar que la crisis del sistema autonómico “no empieza con la crisis catalana” porque “la regulación constitucional” sobre la materia ha tocado techo desde hace tiempo. Por tanto, sería necesaria una reforma constitucional “buscando consensos” y, sobre todo, “transmitiendo a la parte de la población que se siente desvinculada de las instituciones españolas una señal de que los políticos se toman en serio esta crisis, que el diagnóstico que hacen de la misma es acertado y que buscan soluciones con relajo”.
Con la mirada puesta en Catalunya, el catedrático recalca que “un sistema democrático no se puede sostener con el sometimiento de un gran porcentaje de la población que no se siente parte de ese sistema”. Y advierte de que “el gran problema del sistema político español es la fractura entre la clase política y una gran parte de la población”. También apunta que “la regulación del sistema autonómico es profundamente deficitaria” y esa es la “base del problema en Catalunya”.
Asegura que, en el ámbito académico, tienen “muy claras” las reformas que se deben llevar a cabo. En primer lugar, clarificar el papel del Estatuto de autonomía que “tiene que ser la constitución del territorio pero no la norma atributiva de competencias”. Además, “hay que hacer una reforma profunda de la lista de competencias del Estado concretándolas mucho más”. Y se deben incorporar a la Constitución “unos principios claros y efectivos de cómo debe configurarse el sistema de financiación de las autonomías”. También se debería reformar el Senado.
Todo ello, insiste, “solo se desbroza debatiendo y discutiendo largamente. No se puede pretender que todo esté consensuado anticipadamente. En España se considera que entrar a reformar la Constitución es degradarla y ningunearla. Pero cuando una Constitución no se reforma a tiempo la crisis acaba arrasando el sistema constitucional. No hay ningún país a nuestro alrededor que no haya hecho reformas constitucionales”, recuerda. Para llevar a cabo esa reforma “diferentes metodologías pueden ser adecuadas si la voluntad de los partidos es adecuada”. “El problema en España es que las cosas no se debaten suficientemente. En otros países las reformas les llevan años. La comisión planteada por el PSOE era idónea, y crear comisiones fuera del parlamento también podía serlo. Lo que no me pareció adecuado era que comparecieran doscientas y pico personas de pelaje variopinto: allí se contribuyó a confundir las cosas.”
En cuanto al modelo que podría llegar a contar con un respaldo mayoritario de la ciudadanía, los analistas coinciden en mencionar el federal. “Habría que clarificar qué modelo federal y nos encontraríamos con varios problemas, porque puede ser que Catalunya y el País Vasco pidieran una asimetría del modelo en su beneficio y habría que ver si, en ese caso, el resto de comunidades autónomas aceptan esas diferencias”, apunta Yolanda Gómez.
En todo caso, insiste en que lo tendría que hacer ese modelo sería poner fin a las desigualdades “en la aplicación de derechos fundamentales”. Se refiere al hecho de que “la situación del acceso a la sanidad o la educación” sea hoy tan diferente en función de la comunidad autónoma. “Si la reforma constitucional que se pretende realizar obvia estos asuntos la ciudadanía se descolgará de la misma. Y la reforma debe hacerse con una ciudadanía implicada que vea que le aporta mejoras en su vida, porque si no fracasará”.
Aunque tampoco le suena mal, Juan María Bilbao ve “difícil de aceptar” ese modelo federal “tal y como están las cosas” en el escenario político. “Tenemos a un PP que sabemos dónde está, y a un Ciudadanos con una posición más bien recentralizadora. Su espíritu no es reforzar la autonomía. Por otro lado, los nacionalismos empujan hacia otro lado. Hace unos años había más posibilidades de que un modelo federal fuera a ser aceptado por todos. Pero hoy no veo un modelo que pudiera satisfacer a todo el espectro político. Por tanto, estamos condenados a seguir como estamos, a funcionar con una Constitución obsoleta y forzando al constitucional a hacer interpretaciones”, concluye.
El último barómetro del CIS mostró que la mayoría de los españoles –un 36,4%– defiende el modelo de Estado actual basado en las comunidades autónomas, frente al 20,3% que aboga por un único Gobierno sin autonomías, un 12,6% que quiere una mayor autonomía de las comunidades, un 9,7% que aceptaría que el Estado permitiese la independencia de sus territorios y un 9% que quiere que las comunidades tengan menos competencias.
