El PP ultima una estrategia nacional contra las noticias falsas tras alentar conspiraciones en Gürtel y el 11-M
La estrategia de seguridad nacional incluirá a partir de ahora un apartado para hacer frente a las fake news y el Gobierno pretende citar a editores de prensa en la comisión de Defensa del Congreso para que la desinformación no contamine procesos electorales, especialmente en Catalunya.
Todo, a propósito de unas supuestas injerencias rusas en forma de tuits o noticias sin contrastar que según algunos diarios tendrían detrás al Kremlin. Nadie del Gobierno ha explicado aún en qué consistieron exactamente esos presuntos ataques ni su influencia real sobre el apoyo al independentismo en Catalunya pero el asunto ha llegado ya al Consejo de Ministros.
El portavoz Íñigo Méndez de Vigo aseguró este viernes tras la reunión del gabinete que el Gobierno ha puesto “énfasis en el espacio de la ciberseguridad” y el esfuerzo a realizar “para que estas elecciones se hagan con arreglo a la legislación y no como aquella farsa del 1 de octubre [...] y que en ellas no haya interferencias del tipo informático. Unas elecciones en las que el pueblo catalán se exprese con libertad”.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue más explícita la noche del jueves durante un acto en el diario La Razón en el que aludió a la preocupación del Gobierno por que “la guerra de la información” pueda repetirse en Catalunya durante las próximas semanas. Y se explicó: “Nos encontramos con una estrategia que afecta de lleno a nuestros intereses nacionales, y sobre la que tenemos que estar muy vigilantes para que no se repita durante la campaña electoral que comienza la semana que viene. O al menos, para que no nos coja desprevenidos”.
El plan de Cospedal pasa por sentar a editores de prensa en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para intentar prevenir sobre la propaganda independentista y que el Gobierno y los medios “estudien a fondo la amenaza de la desinformación contra la democracia y buscar soluciones a la altura de este gran desafío”.
Los mismos dirigentes que airearon teorías conspiranoicas en el 11-M y financiaron a los medios que las amplificaron, los cuadros que culparon a policías, jueces y fiscales de orquestar campañas contra el PP en el caso Gürtel, el Gobierno que fabricó informes desde las cloacas del Estado contra sus rivales políticos, colocan ahora el asunto de la postverdad como una de sus prioridades.
Y la iniciativa la lleva desde Defensa María Dolores de Cospedal, la secretaria general que cuando empezaron a sucederse las primeras detenciones vinculadas con la trama de Francisco Correa en 2009, acusó al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de “querer crear un estado policial” y aludía constantemente a “la policía de Rubalcaba”.
La entonces número dos del PP dijo algo más: acusó al Gobierno de Zapatero de espiar a dirigentes del PP. Lo hizo con estas palabras: “se están produciendo a veces de manera ilegal. Y se hacen de manera ilegal, nos consta”. Ni Cospedal ni el Partido Popular pudieron probar nunca esas afirmaciones y ocho años después, el caso Gürtel se ha ramificado en un sinfín de sumarios y en la fase de instrucción tanto jueces como fiscales han dado por probada “indiciariamente la financiación ilegal del PP”.
La lista de campañas cimentadas sobre informaciones dudosas a las que se ha apuntado el PP con sus principales dirigentes a la cabeza es interminable. Algunas se han alentado desde los bajos fondos del Estado.
El método lo reveló -sin saber que esa charla iba a trascender- el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, una persona muy próxima al presidente del Gobierno Marino Rajoy, durante una conversación con el responsable de la agencia Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, que desveló el diario Público. Fernández Díaz y De Alfonso no solo planeaban juntos la fabricación de informes sobre adversarios políticos del entorno independentista utilizando a la Fiscalía, sino que llegaron a repasan nombres de periodistas a los que filtrarles esa mercancía.
El escándalo se solventó sin que ni el Partido Popular ni el Gobierno, del que formó parte Fernández Díaz hasta el último día de la pasada legislatura, se retractasen sobre aquella persecución a dirigentes de Esquerra y Convergència Democràtica de Catalunya.
Lejos de considerarlos fake news, el PP ha actuado todos estos años de amplificador de esos atestados apócrifos. Hace solo unas semanas, citó en el Senado en una comisión que ha impulsado en solitario para investigar la financiación del resto de los partidos al director de Ok Diario, Eduardo Inda, para que se explayase sobre el informe PISA, otra investigación sin firma sobre Podemos que ha sido desechada en todos los tribunales donde se presentó.
Como el calendario judicial es caprichoso, el anuncio de ese paquete de medidas contra las noticias falsas ha coincidido con el auto de una juez que procesa al PP por “daños informáticos” en el caso de los ordenadores de Bárcenas, y acusa a su tesorera, Carmen Navarro, de encubrimiento en el caso de la caja B que se juzgará en la Audiencia Nacional. Y solo unos días después de que el Consejo de Informativos de Televisión Española denunciase otros 55 casos de manipulación, muchos de ellos vinculados precisamente al asunto catalán.
Ninguna conspiración, sin embargo, como la que amparó el Partido Popular durante años y ya con Mariano Rajoy como presidente para desacreditar la investigación judicial sobre los atentados del 11-M y poner en duda la autoría del yihadismo islámico. El PP no solo se alineó con los medios que defendieron la tesis de ETA y respaldaron la versión de delincuentes condenados a miles de años de cárcel, sino que contribuyó a financiar alguno de ellos, Libertad Digital, con dinero de la caja de su partido, tal y como quedó apuntado en Los Papeles de Bárcenas.
Aunque los populares han abandonado ese discurso, nadie en nombre del partido ha rectificado sobre los policías, fiscales y jueces que resolvieron el mayor atentado de la historia reciente de Europa ni tampoco hubo gestos de arrepentimiento ante las víctimas.
El vídeo de Casado que no era de Venezuela
Las nuevas caras del PP también se han apuntado a diferentes bulos en sus declaraciones públicas o a través de sus cuentas en redes sociales, como los que el Gobierno se plantea combatir en Catalunya. El viceportavoz de Comunicación del partido, Pablo Casado, tuiteó hace unos meses un vídeo que le había “enviado un amigo” para denunciar la brutalidad policial venezolana. La grabación no era de Venezuela ni de 2016, sino de disturbios en el Congo en enero de 2015.
Tras quedar demostrado por varios tuiteros que el vídeo no tenía nada que ver con Venezuela, Casado reaccionó publicando otro que sí mostraba enfrentamientos allí. También borró el tuit inicial “para evitar más confusión” tras las críticas contra él. Pero no se disculpó. Solo dijo que él y el periodista que había difundido dicho vídeo ya habían rectificado.
Casado, igual que Cospedal y la plana mayor de su partido, también ha salido a denunciar en las últimas semanas las supuestas injerencias externas en Catalunya y los perjuicios de las llamadas fake news. El líder del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha ido más lejos y ha pedido incluso una comisión de investigación.
