El PP lleva al Tribunal Constitucional la comisión de investigación de su financiación en el Congreso
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Comisión de Investigación del Congreso relativa a la presunta financiación ilegal del PP. Los populares se han quejado en numerosas ocasiones que la comisión que investiga sus cuentas “no tiene límite temporal, ni ámbito temático ni ámbito territorial determinados”.
Aunque el escrito mandado al Alto Tribunal no pide la suspensión cautelar de la comisión, según admiten fuentes de la formación conservadora, el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, señaló que esperaban “que el Tribunal Constitucional entre al fondo del asunto. Y que sea el alto tribunal el que decida los limites constitucionales de las comisiones de investigación para evitar esperpentos como se están produciendo en esta comisión o esperpentos como en la comisión sobre Jorge Fernández Díaz”.
El PP pide al Tribunal Constitucional que declare nulos los acuerdos parlamentarios de la Mesa del Congreso y de la Comisión de Investigación que investiga sus cuentas para que se concrete su objeto, previo informe del Letrado de la Cámara.
La petición de la formación que lidera Mariano Rajoy es compleja ya que los populares votaron en el Parlamento a favor de la comisión de investigación impulsada por Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Entonces el diputado popular, Eloy Suárez Lamata, justificó el cambio de parecer en que “quieren cumplir con el pacto firmado con Ciudadanos”, aunque acusó al resto de las formaciones de “no querer investigar la corrupción de todos los partidos”. La comisión fue aprobada por unanimidad por los 316 diputados presentes en el hemiciclo.
“Lo lógico es que se investigue la legislatura como marca el reglamento de la Cámara pero cuando se define la financiación ilegal como delito es 2015, que es cuando debería empezar a investigar esta comisión”. Con estas palabras Martínez Maillo trató sin éxito que se pusiera coto a la investigación de manera que quedaría fuera el grueso de las actuaciones y los contratos correspondientes a los principales casos de corrupción que tienen a los populares contra las cuerdas en los juzgados: Gürtel y Púnica.
El Partido Popular alega en su recurso que la comisión “soslaya el núcleo de la función representativa parlamentaria por la falta de concreción del objeto de la Comisión de Investigación, que permita presentar cabalmente una propuesta de plan de trabajo, y por la denegación del previo informe de Letrado de la Cámara”.
Estos elementos, siempre según el PP, hacen que “se vulnere el derecho al ejercicio de las funciones representativas sin restricciones ilegítimas fijadas en el artículo 23.1 de la Constitución en relación al artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el ejercicio de las funciones públicas sin perturbaciones ilegítimas”.
Los populares añaden que pretenden que la Comisión concretara su propio objeto, previo informe de los Letrados de la Cámara, como presupuesto para poder ejercer cabalmente sus funciones y presentar una propuesta de plan de trabajo.
Como antecedente, el PP de Madrid consiguió que los tribunales anularan la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, propuesta por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, por “no tener objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente”.
